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Esta semana cumplen su primer año las audiencias de la Cámara Federal de La Plata que todos los miércoles “muestran al mundo una radiografía del horror” buscando reconstruir casi 2000 desapariciones y secuestros durante el Proceso.
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Por Victoria Ginzberg
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Inspecciones a comisarías,
citaciones de policías, secuestro de archivos, la obtención del fichero de monseñor
Emilio Teodoro Graselli, familiares y ex detenidos que declaran por primera vez en un
tribunal, un sargento denunciado por mentir y negarse a cooperar con la Justicia, un
médico policial acusado de encubrimiento y destrucción de documentos de prueba. Estos
son algunos de los elementos reunidos y de las tareas realizadas por la Cámara Federal de
La Plata. Este tribunal recibe todos los miércoles testimonios de sobrevivientes de los
campos, de padres, hermanos y esposos de desaparecidos y de policías para intentar
“mostrar al mundo la radiografía del horror”. Esta semana se cumplirá un año
del inicio de las audiencias orales y públicas en el juicio en que el que se investiga
cuándo y dónde desaparecieron más de dos mil personas, qué pasó con ellas y quiénes
fueron los responsables. El tribunal comenzó a tomar testimonios el 30 de setiembre del
año pasado, después de cinco meses de investigaciones preliminares. En abril, los nueve
miembros de la Cámara habían resuelto la apertura de la causa destinada a averiguar lo
sucedido con los desaparecidos de La Plata y sus alrededores. El juicio, en principio,
está limitado por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, pero esto no impide que
se denuncien los delitos que van apareciendo durante las audiencias y no están amparados
en esas leyes. Así, a principio de este mes, los miembros de la Cámara que llevan
adelante la causa, Julio Reboredo, Antonio Pacilio, Carlos Nogueira y Leopoldo Schiffrin
acusaron al médico policial Néstor De Tomas por “incumplimiento de los deberes de
funcionario público, sustracción de objetos de prueba y encubrimiento”. La denuncia
radicada por el fiscal Julio Amancio Piaggio se debió a que el tribunal consideró que De
Tomas -ex director del Departamento de Medicina Legal de la policía de la provincia de
Buenos Aires– era responsable de la desaparición de 23 libros de reconocimiento
médico-legal que ayudarían a identificar a algunos de los 400 NN que fueron enterrados
en el cementerio de La Plata. La Cámara comenzó la investigación sobre los entierros
clandestinos en diciembre del año pasado, cuando la madre de Plaza de Mayo Adelina de
Alaye entregó cerca de 400 certificados de defunción de personas que fueron inhumadas
como NN en el cementerio local. “Este juicio es muy útil porque satisface el derecho
a la verdad de la sociedad y permite el acceso a la Justicia a gente que nunca fue
escuchada. Pero además, nos da la posibilidad de acceder a una cantidad enorme de
información con vistas a futuros procesos penales que vamos a iniciar. Porque las leyes
de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos son nulos y esto lo vamos a plantear
pero no mañana”, aseguró Marta Vedio, abogada de la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos de La Plata. La APDH hizo el planteo inicial para abrir la causa, a la
que se sumaron como querellantes las asociaciones de Ex Detenidos Desaparecidos, de Madres
y de Abuelas de Plaza de Mayo. Mónica González, representante de los Ex Detenidos,
coincide con Vedio en la demanda de justicia: “Pensamos que en algunos casos es
posible plantear la inconstitucionalidad de la Obediencia Debida y del Punto Final. Un
juez o una Cámara pueden hacerlo. Y aunque el juicio nos parece una tremenda fuente de
información y un puesto más de lucha, la verdad que nos parece insuficiente”. En el
tribunal ya existe un planteo para anular las leyes de impunidad. Pero los jueces y
abogados coinciden en que todavía es tiempo de recolectar información y no entrar en
discusiones que podrían hacer peligrar todo el proceso.Durante las audiencias del juicio
platense también se denunciaron apropiaciones de menores. La mayoría de estos casos ya
tiene un proceso abierto en juzgados de primera instancia, pero la Cámara podría
investigar y condenar a los responsables si aparecen hechos nuevos. “Un
testigodenunció que una detenida de apellido Aued estaba embarazada. Aún falta confirmar
esta información, pero si se corrobora, se trataría de un caso inédito”,
explicaron Claudio Abalos y Jaime Glüzmann, abogados de la APDH de La Plata. El trabajo
de la Cámara Federal platense parece inabarcable. Los desaparecidos denunciados en su
jurisdicción suman más de 1800 y se calcula que superan ampliamente los dos mil. En un
año se trataron menos de cien casos. En las 39 jornadas del juicio ya declararon 224
personas. Alrededor de 30 de ellas fueron miembros de fuerzas de seguridad, dos fueron
sacerdotes (Graselli y el obispo José María Montes). Se calcula que el proceso se
extenderá, por lo menos, dos o tres años más. Cuando a fines de setiembre del año
pasado comenzaron las audiencias, el tribunal citaba a testigos extraídos al azar de la
pila de hábeas corpus que se habían presentado durante la dictadura. Esto permitió que
se acercaran personas que nunca habían sido escuchadas por la Justicia y aportaran datos
de importancia. Pero luego de un tiempo, el método se reveló inconducente y se decidió
ordenar la investigación por lugares: los centros clandestinos y el cementerio. Siguiendo
esta línea, los jueces tomaron medidas que fueron más allá de escuchar testimonios:
realizaron inspecciones oculares en las comisarías quinta, octava, novena y tercera de La
Plata, el Archivo General de la Policía Bonaerense, la Dirección de Policía Científica
(donde funciona actualmente Medicina Legal), en el Ministerio de Justicia bonaerense (ex
morgue policial), en el Cementerio de La Plata y en un descampado de la localidad de
Arana, donde pudo haber funcionado un centro de detención ilegal. Además, el tribunal
prohibió la destrucción de toda documentación referida a los años 76-83, secuestró
libros de comisarías y puso bajo su custodia todo el archivo de la ex Dirección de
Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. En los libros de las
comisarías se pudo constatar que fue registrada la entrada de personas desaparecidas.
Jueces y abogados coinciden en hacer un balance positivo de este juicio, cuyas audiencias
son escuchadas todas las semanas por un grupo de cuarenta personas. El reclamo de este
“público”, que asiste cada miércoles a un capítulo del horror, sigue siendo
que se haga justicia.