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SI LO SABE, CANTE
Por Horacio Verbitsky

 

t.gif (862 bytes) Luego de un mes y medio de dilaciones el fiscal federal Eduardo Freiler se decidió a formular el requerimiento de instrucción que permitirá al juez federal Gabriel Cavallo avanzar con el proceso por encubrimiento de los autores del atentado a la AMIA, delito por el que está imputado el vicepresidente Carlos Ruckauf.

El segundo informe de la Comisión Bicameral que investiga el atentado señaló las gravesna24fo01.jpg (8900 bytes) responsabilidades de la Policía Federal, que en aquel momento dependía de Ruckauf como ministro del Interior. Interrogado por los periodistas a la salida de un almuerzo con empresarios petroleros en el Hotel Marriot Plaza, el 10 de agosto, Ruckauf creyó cerrar el tema con pocas efectivas palabras: “Estoy seguro de quiénes fueron los autores del atentado contra la AMIA. Detrás del crimen hay una potencia extranjera involucrada”. Añadió que se lo había dicho a las organizaciones judías, “cada vez que me tocó hablar sobre el tema”. De inmediato fue desmentido por las autoridades de la DAIA, actuales y pasadas, y denunciado por los familiares de las víctimas, patrocinados por los abogados Alberto Zuppi y Pablo Jacoby. El Código Penal castiga con prisión de seis meses a tres años el encubrimiento.

De acuerdo con el Código Procesal reformado en 1991, el juez no puede avanzar en la causa sin un requerimiento del fiscal. Cuando Cavallo le dio vista, el fiscal Freiler solicitó una medida previa: que se consultara al juez Juan José Galeano si en la causa en la que se investiga el atentado adoptó alguna medida en relación con las declaraciones de Ruckauf. Galeano respondió que había reclamado al vicepresidente que brindara “toda la información que posea sobre el atentado” y también “sobre sus autores, cómplices, instigadores y encubridores, explicando la razón de sus dichos”. Ruckauf respondió que el atentado fue “consecuencia de la guerra que el Estado de Israel mantiene con sus vecinos”, que hubo una no especificada “responsabilidad de sectores del entonces gobierno de la República de Irán”, razón por la cual la Argentina “redujo al mínimo su relación diplomática con ese país”. Concluyó que “no creo tener ninguna información que Usted ignore”.

Cuando ya había transcurrido un mes de las declaraciones de Ruckauf, el fiscal pidió una nueva medida previa, “a fin de contar con los elementos de juicio imprescindibles para dictaminar de manera más eficaz y delimitar el marco fáctico y circunstancial así como el alcance y contexto” del bla bla bla. Esta vez solicitó la versión taquigráfica de las declaraciones de Ruckauf a la comisión bicameral en 1994. Sin disimular su fastidio por tanta parsimonia el juezCavallo intimó al fiscal a dictaminar. Recordó que el Código Procesal no prevee la realización de tales medidas previas o preliminares, que de todos modos la práctica de tribunales las acepta pero siempre en forma excepcional y cuando la denuncia es insuficiente para formarse una opinión provisoria como la que exige el artículo 180 del CPP. En este caso, en cambio, “la denuncia formulada posee una descripción precisa de los hechos”, y la medida previa solicitada “constituye un verdadero acto de investigación”, que no puede ser anterior al requerimiento fiscal. Por eso, “más allá de que finalmente los hechos denunciados sean probados o no y que en caso de probarse constituyan o no un delito” los elementos del expediente bastan y sobran para que el fiscal decida si impulsar o no la acción penal.

La semana pasada, finalmente, el fiscal Freiler efectuó el requerimiento de instrucción. También insistió en solicitar la versión taquigráfica al Congreso, pero ahora dentro de la investigación. Como vicepresidente Ruckauf tuvo el privilegio de responder por oficio al cuestionamiento de Galeano. Pero la contradicción entre sus afirmaciones y las de la dirigencia comunitaria judía debería resolverse con un careo, que sólo tiene sentido en persona. Cuando ya haya terminado la campaña electoral, Ruckauf deberá rendir cuenta de sus afirmaciones. Será una buenaadvertencia para que nadie más vuelva a permitirse el frívolo aprovechamiento político de una tragedia.

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