Por Raúl Kollmann
 ”En la
investigación no están colaborando nada; no aportan ni un dato sobre los dos integrantes
de la banda que estaban afuera del banco y que son personajes sospechosos, uno vestido
todo de negro y con guantes, el otro en una moto de alta cilindrada; hay síntomas
evidentes de que hubo contactos policiales previos con los delincuentes, al punto que
policías y ladrones se comunicaban con un handy que desapareció; y para colmo, en La
Plata y acá en Ramallo están haciendo una investigación paralela de la que no me
envían nada.” Con estas palabras, el juez Carlos Villafuerte Ruzo se quejó ante sus
colaboradores porque el Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense y las fuerzas
policiales de la provincia no prestan colaboración alguna para esclarecer lo que ocurrió
en Ramallo. Página/12 revela nuevos detalles del robo al Banco Nación, que sugieren otra
vez una complicidad entre un sector policial y la banda de ladrones, y una más que
llamativa ineficiencia de los uniformados en la pesquisa.Los testigos del robo
aportaron en los últimos días elementos que hacen pensar que la banda era mucho más
grande de lo que se piensa. Por de pronto, hay dos individuos que ahora aparecen
nítidamente en el expediente:
 Un hombre vestido
todo de negro, con un pantalón, una camisa y hasta guantes de ese color. El desconocido
entró dos veces al banco con un bolso, después que irrumpió la banda y antes de que
llegara la policía.
El segundo hombre
vigilaba de afuera en una moto de alta cilindrada. El rodado fue secuestrado por el juez y
se comprobó que es robado. En el juzgado están empacando la moto para enviarla al
peritaje que se va a hacer en la Gendarmería.
Villafuerte Ruzo
tiene probado que los delincuentes usaron también un Renault 18 rojo. Se habló de este
vehículo, después se descartó, pero ahora los testigos confirman que ese auto formó
parte de la operación del robo.
El magistrado no
tiene dudas de que hubo un entregador, ya sea policía, cliente o empleado del banco.
Lo que más llama la atención del juez es que la Bonaerense, que conoce perfectamente
las bandas de la zona, no haya aportado ni un dato que permita identificar a los
individuos. Es más, según parece, el sábado hubo un tiroteo entre dos bandas de San
Nicolás aparentemente por una interna relacionada con el caso Ramallo. Sin embargo, al
juzgado no llegó información alguna.
Es cierto que la instrucción está ahora en manos de la Prefectura, pero esto no quita
que la Bonaerense, que tiene vasta experiencia y dominio de lo que pasa en su territorio,
aporte los datos que conozca. Sin embargo, en el juzgado sostienen que se está haciendo
lo contrario: hay una investigación paralela realizada por el estado provincial y la
Bonaerense, al margen del expediente.
A Villafuerte Ruzo también le llaman la atención nuevos detalles que se conocen sobre
el suicidio de Saldaña. Cuando lo descuelgan ya muerto de su celda, en uno de sus
bolsillos tenía un anillo, relojes y otros elementos que había robado a los rehenes.
Además, en otro bolsillo, se le encontró una lista con diez teléfonos. O sea que nadie
revisó a Saldaña antes de meterlo en la celda. Este dato, junto al hecho de que el
delincuente apareció muerto, también sugieren la cuestión de que se lo ahorcó o bien
que se lo indujo al suicidio. A pesar de que ya transcurrió más de una semana, todavía
no está listo el informe en el que se establece a quién corresponden los números de
teléfono.
La cuestión del handy también llama la atención. El magistrado tiene totalmente
confirmado que el aparato fue utilizado en frecuencia policial y que a través de él se
estableció un contacto permanente con losdelincuentes. Este sería otro elemento que
habla de un vínculo previo entre ladrones y policías. Es más, el juez piensa que es muy
probable que a través de ese handy se establecieron diálogos y negociaciones paralelas.
Más allá de esta hipótesis, lo increíble es que el aparato desapareció, lo que
nuevamente apunta a los efectivos policiales.
Hay otra incógnita que, según parece, parte de los primeros análisis de los videos.
En una de las imágenes de la huida se aprecia que tiran algo desde el auto. La impresión
es que se trató de un arma larga, posiblemente un fusil FAL. Esa arma tampoco aparece
secuestrada, lo que también lleva a ahondar las sospechas.Para redondear los elementos
extraños en el caso Ramallo, varios de los halcones y geos bonaerenses que ametrallaron
el auto demoraron la entrega de sus armas dos y hasta cuatro horas. Hay un acta firmada
por el magistrado en presencia del fiscal, pocos minutos después del desenlace, en la que
se ordena el secuestro de las armas. Hubo algunos efectivos que de inmediato entregaron
sus fusiles o ametralladoras, pero otros desaparecieron de la escena y volvieron mucho
más tarde. El dato es importante, ya que esas armas son las que van a ser periciadas por
la Gendarmería y en las horas de demora pudo haber una sustitución. Cuando se termine el
trabajo de los balísticos y una vez determinado quién disparó y quién provocó la
muerte de delincuentes y rehenes, el magistrado va a hacer las imputaciones. La idea es
reunir las pruebas y después acusar.En resumen, a diez días de la masacre, el juez
muestra su molestia por la soledad en la que debe investigar. Cuando la instrucción
estuvo en manos de la Bonaerense, por aproximadamente 48 horas, apenas fueron destinados a
esa tarea ocho efectivos y no los que requiere un caso de esa envergadura, al menos unos
50. Ahora que trabaja la Prefectura, desde la Bonaerense no llega dato alguno, se suman
las sospechas y, además, parece haber una investigación paralela y a escondidas.
LA JUSTICIA PROVINCIAL TAMBIEN INVESTIGA LA
MASACRE
No es paralela pero parece
Por Carlos Rodríguez
Desde San Nicolás
”Esta no es una
investigación paralela, nada que ver”, aseguró el fiscal de la justicia provincial
Vicente Botteri, que además de intervenir en la causa por el presunto suicidio de Martín
Saldaña, uno de los miembros de la banda que intervino en el asalto al Banco Nación de
Villa Ramallo, está actuando de oficio en otro expediente referido a posibles hechos
vinculados con la masacre ocurrida en esa ciudad. “Lo que nosotros hacemos es evaluar
la conducta de los funcionarios de la policía provincial” en la balacera, pero en lo
que hace “a la posible comisión de otros delitos” al margen del triple
homicidio. Fuentes vinculadas con la actividad en los tribunales locales dijeron que esta
doble investigación “debe ser inédita, por lo menos en el fuero local, donde es
difícil que alguien se mueva de oficio, sin que nadie lo pida”. La causa Saldaña,
como es lógico, se abrió tras la aparición del cadáver del único asaltante que había
salido ileso del tiroteo. En cuanto a la investigación a la que se refirió Botteri, en
diálogo con Página/12, comenzó por iniciativa del fiscal general de la justicia
provincial Héctor Juan Tanús, que por su función tiene conexión directa con el Poder
Judicial de La Plata. El caso recayó en la Unidad Funcional de turno a cargo de Botteri.
“Nosotros actuamos de oficio, sin injerencia alguna en la causa que lleva el doctor
(Carlos) Villafuerte Ruzo”, puntualizó Botteri. Lo cierto es que los testigos que
declararon ante el juez federal, luego fueron llevados a la fiscalía provincial para
someterse a un interrogatorio similar. Abogados del fuero local señalaron a este diario
que se sorprendieron cuando se enteraron de las dos causas. Uno de ellos se cruzó hace
unos días, en la fiscalía de Botteri, con Eduardo Ocariz, el ex defensor del actual
intendente Luis Patti en un caso de torturas. El letrado de la policía iba acompañado
por dos oficiales que previamente habían prestado declaración ante Villafuerte Ruzo.
Cuando le preguntó a Ocariz por qué se estaba haciendo una actuación tan poco
frecuente, la respuesta fue: “No me hagas preguntas que no puedo responder”.
Para las fuentes, es una causa abierta porque hay interés en las autoridades políticas
de seguir de cerca lo que está haciendo Villafuerte Ruzo. En lo que respecta a la
masacre, los fiscales Tanús y Botteri tratan de establecer si hubo policías que no hayan
cumplido con su deber de custodia del banco en horas de la mañana, cuando ocurrió la
ocupación y la toma de rehenes. En los hechos, los fiscales tendrán posibilidad de tener
un panorama total sobre lo que está ocurriendo en la causa que lleva Villafuerte Ruzo y
que se mantiene bajo secreto de sumario. Hoy, en la causa por la muerte de Saldaña,
continuarán las declaraciones testimoniales de los policías de la comisaría segunda de
Villa Ramallo que estuvieron de servicio, el viernes 17, cuando el preso apareció colgado
de una soga hecha con cotín del colchón que había en la celda.Había tanta gente en la
seccional al momento de producirse el hecho que un vocero judicial aseguró: “Si
hubiera estado el presidente Carlos Menem sentado en el hall de acceso, nadie se hubiera
dado cuenta de su presencia”. Además del personal propio de la comisaría, estaban
cientos de policías bonaerenses que habían intervenido en el cerco al Banco Nación de
Villa Ramallo para entregar las armas que tenían asignadas y que podrían haber efectuado
los disparos mortales.
“El objetivo es salvar
la vidade los rehenes”
Cinco juristas comparan los hechos de Ramallo con
el caso de la jueza que dejóescapar a tres menores delincuentes.
¿Qué debe hacer un juez ante un asalto con toma de rehenes?
1999 fue testigo de dos casos polémicos, donde los jueces tomaron decisiones opuestas y
llegaron también a diferentes resultados. En marzo, una jueza de San Isidro ordenó la
liberación de tres menores que habían tomado a una familia como rehén. El caso no sólo
generó polémica: un camarista de su mismo distrito presentó una denuncia penal en su
contra y ahora se investiga si la magistrada actuó correctamente. Pero la actuación del
juez Villafuerte Ruzo en Villa Ramallo recibió aún más críticas. ¿Cómo resolver con
éxito una situación de este tipo? ¿Hasta qué punto se puede alargar la negociación?
¿Quién debe dialogar con los delincuentes? Para responder a estas y otras cuestiones,
Página/12 consultó a prestigiosos juristas.El 9 de marzo, tres adolescentes –dos de
15 años y uno de 16– entraron en la casa de la familia Luzsatzger, en Victoria, San
Fernando. Tomaron a la familia de rehén y luego negociaron su liberación: exigieron que
los suelten dentro de la villa La Cava. Sin presentarse en el lugar, la jueza de menores
de San Isidro, María Cristina Piva de Argüelles, le indicó a su secretario que
“permita que los ladrones salgan sin inconvenientes”. Resultado: no hubo muertos
ni heridos, y los tres menores fueron detenidos un mes después. En Villa Ramallo, en
cambio, después del frustrado asalto al Banco Nación y 20 horas de tensión, dos rehenes
murieron acribillados por la policía cuando los delincuentes intentaban escapar.En el
caso de Victoria, la magistrada recibió el apoyo de sus colegas pero fue muy cuestionada
por el comisario que actuó en el caso y la opinión pública. Andrés D’Alessio,
decano de la Facultad de Derecho de la UBA fue uno de los que apoyó a Piva de Argüelles.
“En ese momento era fácil decir ‘no tendría que haber cedido’. Pero, si
hubiera hecho eso, seguramente, hubiéramos tenido la muerte de una familia, como pasó en
Ramallo”, opina.Fernando Maroto, juez de la Cámara Penal de San Isidro, fue muy
crítico con la jueza: “Lo que hizo es insólito y de una ineptitud total. Jamás
debería haber permitido que los asaltantes huyeran”, dijo el 23 de marzo a los
medios. Y presentó una denuncia penal para que se investigue la actitud de su colega. A
la luz del episodio de Villa Ramallo, sin embargo, Maroto terminó reconociendo a este
diario que en el robo al Banco Nación hubiera sido mejor actuar como Piva de Argüelles:
“La situación era otra pero, sin ninguna duda, en este caso hubiera sido preferible
que se los hubiera dejado ir en libertad”. “Los dos casos son ejemplos claros de
lo que no debe hacerse. Lo de Victoria fue menos grave porque por suerte no pasó nada,
pero si alguien llegaba a disparar no quedaba nadie”, dice Maroto, en un intento de
justificar su posición. El juez cuestiona el hecho de que la magistrada haya tomado una
decisión sin estar presente en el lugar y que dejara en libertad a los menores tan
rápidamente. “Además –aclara–, hay una cuestión técnica. La jueza dice
que actuó por estado de necesidad, pero habrá que evaluar si esto es así o no”. En
términos generales, Maroto opina que un juez “debe hacer un examen de conciencia
rápido y evaluar si está preparado o no para enfrentar un caso de toma de rehenes”.
“Yo creo que los jueces, inclusive, tenemos que ofrecer nuestra vida, nuestra
presencia, en lugar de la de los rehenes y negociar nosotros, no los policías, porque no
están preparados”, agrega.Para Irma Lima, jueza de menores del Tribunal Nº 3 de La
Plata, en cambio, “las normas generales no aconsejan ni que el mediador sea el juez
ni el fiscal, debería ser un mediador, como Pablo, en Ramallo”. De todas maneras,
considera que cuando se trata de menores la situación puede variar porque generalmente el
juez los conoce y sabe cómo manejarlos. Para Hugo Van Schilt, juez en lo Criminal de
Lomas de Zamora, depende del caso. “En Lomas –ejemplifica– hubo varios
movimientos donde jueces estuvieron a punto de ser rehenes, manejaron la situación
personalmente y las cosas salieron bien”. Los juristas coinciden, sin embargo, en lo
crítico que es tomar una decisión cuando hay vidas humanas en juego. “Es una
situación muy difícil porque, por un lado, hay que privilegiar la vida de la gente, y
por el otro, es muy peligroso entrar en ‘toma y daca’ con los delincuentes,
porque se está transmitiendo un mal mensaje”, opina Lima. “Si me veo en esa
situación y veo que la salida es imposible, creo que privilegio la vida de la gente. Pero
hay muchos métodos ensayados para lograr un feliz término sin transar con los
delincuentes, como por ejemplo, el tema de demorar la negociación, producir un desgaste
en los captores; creo que primero hay que intentar de todo”. En ese sentido,
D’Alessio es muy directo: “Un juez debe salvar el bien más importante. Si se
escapan dos ladrones, yo lo siento mucho. Pero para evitar eso, sacrificar la vida de los
rehenes me parece exactamente lo contrario de lo que se debe hacer”. “Es lo
mismo que si a un señor lo encañonan y le piden la billetera: tiene que optar por perder
la billetera o que le peguen un tiro”, ejemplifica. En la misma línea, Van Schilt
asegura que la jueza de San Isidro actuó correctamente, “porque la rápida
resolución de estos temas es fundamental, después queda en la conciencia de cada uno
actuar según las circunstancias, pero la experiencia indica eso”. Por su parte,
Lucila Larrandart, jueza del Tribunal Oral Federal de San Martín, dice que “las
tácticas son variadas, la situación concreta va a determinar si hay que alargar la
negociación o definir rápido”. “Creo que lo único que se puede decir de esto
–asegura– es que el objetivo de cualquier juez es a toda costa resguardar el
valor de la vida y no resolver las cosas a través de la muerte. No reincidir en nuestro
triste pasado, de eliminar al presunto enemigo aun a costa de eliminar inocentes”. Producción:
Sonia Santoro.
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