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Por Lourdes Ortiz, Los cuatro demandantes, expulsados por su homosexualidad de los ejércitos de tierra y aire y de la Armada entre 1989 y 1994, agotaron todas las instancias judiciales del Reino Unido antes de presentar su demanda ante el Tribunal de Estrasburgo. En su acción conjunta, la primera que estudia un panel de juristas europeo, demandaron al gobierno británico en dos instancias centrales: las investigaciones a las que fueron sometidos para descubrir su sexualidad y su inmediata expulsión de los respectivos ejércitos, una vez reconocida su homosexualidad. Respaldados por Liberty y Stonewall, organizaciones en defensa de las libertades civiles, la victoria de los ex soldados británicos sienta precedentes en países como Turquía y Luxemburgo, que prohíben la entrada de homosexuales en las fuerzas armadas, y en estados como Austria y Alemania, que practican la discriminación. El Tribunal estableció en su sentencia que las investigaciones para determinar la sexualidad de los demandantes, así como su expulsión posterior de las fuerzas armadas, representan una violación del Artículo 8 de la Convención Europea en Derechos Humanos. Durante el juicio, el gobierno británico tuvo que reconocer que los soldados no están menos capacitados ni son menos valientes que sus colegas heterosexuales. Pero defendió que el veto “era necesario” dado el impacto “sustancial y negativo” en la moral del resto de los miembros de las FFAA. Los juristas del Tribunal respondieron unánimemente que este argumento “no es convincente ni tiene peso suficiente” para justificar una política discriminatoria. Y, en un párrafo con repercusiones internacionales, señalan: “Las autoridades nacionales no pueden confiar en normativas para frustrar el ejercicio del derecho a respetar las vidas privadas de miembros individuales de las fuerzas armadas”. El anterior ministro de Defensa británico, el conservador Michael Portillo, que recientemente reconoció haber tenido relaciones homosexuales en sus años universitarios, había refirmado en 1996 la política discriminatoria fundándose en un estudio de las altas jerarquías militares que señala que los homosexuales son vulnerables porque pueden ser chantajeados por los servicios secretos de otros países. Desde 1989, un promedio de sesenta soldados eran expulsados por año de las fuerzas armadas británicas por razones exclusivamente sexuales. El caso más reciente, y presumiblemente el último, se produjo el pasado viernes, cuando Richard Young, de la marina, recibió su orden de baja definitiva. Una llamada acusatoria anónima le costó el puesto de trabajo y la vivienda al reservista Young. Representantes militares describieron la sentencia de ayer como “ridícula” y la oposición conservadora pidió la exclusión del Reino Unido de esta sección de la Convención europea estrechamente relacionada con la composición de las fuerzas armadas. Frente a la práctica reaccionaria de los militares, la sociedad británica se muestra más tolerante: los sondeos de opinión registran que 68 por ciento de la población defiende el fin de la prohibición.
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Cuatro
ex soldados británicos ganaron ayer una histórica victoria en el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, encaminada a transformar la composición de las fuerzas armadas de todos
los países miembros del Consejo de Europa. En una sentencia unánime contra el gobierno
británico, dictada a primera hora de ayer, los jueces del Tribunal de Estrasburgo
declararon el veto al reclutamiento de homosexuales y lesbianas como una
“violación” del derecho inalienable de toda persona a la “protección de
su vida privada”. El ministro laborista de Defensa, George Robertson, aceptó
inmediatamente el dictamen y ordenó una revisión de la situación para rectificar este
abuso de los derechos humanos.