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Por Marcelo Justo Cuando el fiscal de la Corona Alun Jones, que representa al gobierno de España, enumeró los casos ante una Corte abarrotada de periodistas y público, la realidad de las víctimas desplazó los debates abstractos sobre principios del derecho internacional (inmunidad o no del ex jefe de Estado) que dominaron hasta el momento las deliberaciones de la Justicia británica. Un silencio sepulcral acompañó la detallada descripción de picanas, submarinos y violaciones que se inició con Juan Fuentes Sepúlveda, muerto en la mesa de tortura el 16 de diciembre de 1988 y terminó después de una larga agonía de tormentos con Marcelo Samuel Gutiérrez Hernández, arrestado el 21 de diciembre de 1989. Las fechas juegan un papel clave. El pasado 24 de marzo el dictamen de la máxima instancia de la Justicia británica, la Cámara de los Lores, limitó el proceso de extradición a los casos ocurridos después del 8 de diciembre de 1988, cuando la Convención contra la Tortura fue incorporada a la legislación británica. Antes de esa fecha, el general se beneficia con el principio de la irretroactividad, que lo exime de responder sobre el grueso de los casos de violaciones de los derechos humanos que ocurrieron en Chile entre el golpe del 11 de setiembre de 1973 y 1985. En su presentación inicial por la mañana, la defensa adujo que sólo uno de los 35 casos de tortura presentado por la fiscalía es válido porque el resto fue añadido por el juez Baltasar Garzón después del dictamen de los lores. Según la defensa se trata de un caso aislado que de ninguna manera puede ser atribuido al general Pinochet y que no constituye “un uso sistemático y extendido de la tortura”. La respuesta de la fiscalía fue doble. Por un lado, la ley de extradición no coloca límites legales a la presentación de nuevos casos. Por el otro, “un solo caso es suficiente para extraditar a una persona”. Una de las armas más poderosas de la fiscalía para perforar el muro de la irretroactividad es el segundo cargo, el de conspiración para torturar. “En los casos de extradición, el cargo de conspiración es siempre el más peligroso para la defensa porque no hay manera de limitar el material probatorio que se presenta”, comentó a Página/12 una fuente judicial. El argumento de la fiscalía es que para probar la conspiración es necesario analizar la trayectoria de todo el gobierno de Pinochet, demostrando que tanto la policía secreta chilena a cargo de los campos de concentración, la DINA, como el organismo que la sustituyó para la época de diciembre del ‘88, la CNI, dependían directamente del ex dictador. A cargo de esta primera instancia se encuentra el magistrado Ronald Bartle. Miembro del Partido Conservador y de la Royal Society of Saint George –cuya directora es Margaret Thatcher, una de las más firmes aliadas del general–, las credenciales políticas del magistrado fueron duramente cuestionadas por la prensa británica este fin de semana. Sinembargo, el juez Bartle fue quien firmó el pasado 22 de octubre la segunda orden de arresto del general Pinochet y, según especialistas en temas de extradición, su margen de acción está acotada por la naturaleza de este proceso. “En esta instancia lo único que tiene que hacer el magistrado es certificar que los documentos estén en orden y que los delitos sean extraditables, es decir que sean un delito en Gran Bretaña y en el país que solicita la extradición”, señaló a Página/12 el abogado Michael Birnbaum. Entre los trámites de certificación se encuentra el de identificación del acusado. Ayer el inspector Andrew Hewit, de la división de extradición de la Scotland Yard, fue el encargado de certificar ante la Corte que el general Pinochet era el general Pinochet. El pasado 16 de abril, Hewit le comunicó que el ministro del Interior británico Jack Straw había autorizado el inicio del proceso de extradición. Dijo Hewit: “Vi a un hombre bien vestido, con un bastón, a quien le di mi nombre, le comuniqué su arresto y le indiqué los cargos. El me dijo: ‘no estoy de acuerdo con esto. Soy un general con 64 años de servicio. Me están humillando’”.
Por M. J –¿Cómo es la trayectoria del caso Letelier en la justicia estadounidense? –El caso se resolvió en un dictamen de la justicia civil por el que la Junta fue declarada responsable de la muerte de Orlando Letelier y Ronnie Moffin. Al mismo tiempo, la corte criminal procesó a los que llevaron a cabo el asesinato, junto a instigadores como el jefe de la DINA, el general Manuel Contreras. Sólo los que estaban en Estados Unidos fueron llevados a la justicia en nuestro país. Ahora, a la luz de las revelaciones de la Comisión Rettig y de las declaraciones de Contreras en Chile, la procuradora general de Estados Unidos autorizó una investigación sobre si hay que procesar a Pinochet. El mismo canciller chileno Juan Gabriel Valdés dijo que, si Estados Unidos lo hace, tiene una base legal para un juicio, porque esos hechos ocurrieron allí. –En términos de tiempo, ¿cuánto puede llevar esta investigación? –Uno nunca sabe. Nosotros representamos a la familia. Nos encontramos con los abogados del Departamento de Justicia con frecuencia. Es muy alentador que hayan enviado solicitudes a Chile de todos los archivos que hay sobre el tema, de las conversaciones en las que Pinochet participó y todas las pruebas que hay sobre su responsabilidad en el funcionamiento de la DINA. –¿Cuál es la próxima instancia entonces? –La investigación debe continuar, y si hay suficientes pruebas, Pinochet será acusado de asesinato y se iniciará el proceso de extradición. –¿Qué pasa si Pinochet es extraditado a España? –Eso no modifica en lo más mínimo la investigación que está realizando los Estados Unidos. El sigue siendo responsable del asesinato de Letelier- Moffin. Es el peor caso de terrorismo patrocinado por un Estado extranjero en nuestro país. La política estadounidense es clara. Los actos terroristas de este tipo tienen que ser castigados. –¿Cómo evalúa el proceso judicial aquí en Inglaterra? –Se ha hablado mucho de acuerdos políticos para solucionar el caso. Pero ya hubo dos dictámenes de la Cámara de los Lores en contra de Pinochet, dos autorizaciones del ministro del interior Jack Straw para proceder con el proceso de extradición. De modo que la justicia británica ha estado a la altura de las circunstancias. También en 1976, cuando buscamos justicia para las familias de Orlando Letelier y Ronnie Moffit, se dijo que para un crimen de esa magnitud era imposible. Se habla, asimismo, de la cuestión de la edad y de la salud de Pinochet. Pero tenemos muchos casos contemporáneos en los que la edad no ha sido un obstáculo para que se haga justicia. El nazi Klaus Barbie era viejo cuando fue juzgado. El estado de salud de otro nazi, Maurice Papon, era frágil cuando lo juzgaron y lo hallaron culpable en Francia.
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A casi un
año de su arresto, dio comienzo ayer, finalmente, el proceso de extradición del general
Augusto Pinochet a España, acusado de torturar y conspirar para torturar. En medio de
rumores sobre su estado de salud y de presuntos acuerdos secretos para devolverlo a Chile,
el ex dictador se permitió estar ausente con aviso de la audiencia en el magistrado de
Bow Street, en el centro de Londres. Pero por primera vez en el lento y hasta ahora
inexorable proceso de la Justicia inglesa aparecieron sus víctimas, en los nombres de 35
casos concretos y de los familiares de los 1189 desaparecidos ocurridos durante el
período en que era dueño y señor de la vida de los chilenos.