Por Victoria Ginzberg  Víctor Hermes Brusa, el juez
federal de Santa Fe señalado por haber tomado declaraciones en centros clandestinos y
haber obligado a detenidos a firmar testimonios obtenidos en la tortura, fue acusado por
unanimidad por el Consejo de la Magistratura. Los miembros de la Comisión de Acusación
basaron su imputación en que se sospecha que Brusa fue el conductor de la lancha que
atropelló e hirió gravemente a un nadador y en el desprestigio con el que carga el juez,
que está procesado en el juicio por genocidio que se sigue en España. El caso será
elevado al plenario del cuerpo. Si allí logra ser aprobado por los dos tercios de los
consejeros, Brusa será suspendido y el Jurado de Enjuiciamiento deberá iniciar el
proceso que podría terminar con la destitución del magistrado.
La participación de Brusa en interrogatorios ilegales durante la última dictadura no fue
usada directamente como posible causa de destitución. Tal como se había adelantado, se
interpretó que de esa manera se estaría revisando una decisión del Senado. Esto se debe
a que los legisladores que nombraron al juez conocían sus antecedentes, que quedaron
plasmados en las páginas del Nunca Más. Las violaciones a los derechos humanos fueron
evaluadas de forma elíptica. Se las consideró como definitorias “de un perfil
cuestionable del magistrado, que sumado a su presunta mala conducta, determinarían para
el juez un desprestigio tal que le impediría continuar en la administración
pública”.
Ocho ex detenidos habían relatado ante los consejeros cómo el magistrado –cuando
era empleado del mismo juzgado del que sería nombrado titular en 1992– los obligaba
a que firmaran declaraciones obtenidas durante la tortura. Los centros clandestinos de
detención que funcionaron en la Guardia de Infantería Reforzada y en la Comisaría
Cuarta de Santa Fe fueron los escenarios donde ocurrieron estos hechos. Anatilde Bugna,
que fue secuestrada el 23 de marzo de 1977, narró que cuando le dijo a Brusa cómo
habían obtenido su testimonio, él le contestó: “agradecé que lo podés
contar”. Y que durante el resto del interrogatorio el juez la hostigó con patadas de
karate que terminaban a centímetros de su cara.
Al realizar su descargo ante el Consejo, Brusa negó haber estado en los centros
clandestinos y rechazó ser el conductor de la lancha que atropelló al nadador Miguel
Pedernera. El juez que tiene actualmente el expediente, Raúl Candioti, pidió el
desafuero de Brusa para indagarlo por “lesiones graves culposas”. El 8 de
noviembre de 1997 en la laguna de Setúbal, un hombre canoso en una lancha blanca
atropelló a Pedernera y huyó. El nadador fue rescatado a dos metros bajo el agua con una
fractura de cráneo. Varios testigos identificaron al conductor como el juez federal de
Santa Fe. Si se concreta su suspensión, que podría ser ordenada por el plenario que se
realizará el 14 de octubre, Brusa deberá comparecer ante Candiotti. La causa prescribe
en noviembre.
Los consejeros resaltaron que si el juez fuera culpable de las lesiones contra el nadador,
su conducta “antiética” no podría ser tolerada ya que no sólo no le habría
prestado auxilio a la víctima sino que habría intentado eludir su responsabilidad y
obstaculizar la investigación. “Resulta injustificable el desprecio y el desinterés
por la vida humana demostrado por el autor de las lesiones a Pedernera”, se afirma en
el pronunciamiento.
Por último, seis consejeros –Melchor Cruchaga, Juan Mario Gersenobitz, Oscar Massei,
Miguel Angel Pichetto, Augusto Alasino y María Chaya– desestimaron el tercer hecho
mencionado en la denuncia presentada contra Brusa por los diputados Alfredo Bravo y Elsa
Combes: la regulación desproporcionada de honorarios a favor de un abogado en varias
oportunidades. En este punto el consejero Fermín Angel Garrote se pronunció en
disidencia y consideró que este hecho debía ser agregado a la acusación. Garrote
también presentó una ampliación de fundamentos relacionados con la actuación del
magistrado durante la dictadura. Allí mencionó un expediente judicial en el que Brusa
reconoció haber “visitado”la Guardia de Infantería Reforzada durante la
dictadura, cosa que negó ante el Consejo.
EL CONSEJO PIDIO LA DESTITUCION DEL JUEZ
BUSTOS FIERRO
Un proceso contra el juez de la re-re
Por Irina Hauser
Apretó
el puño y endureció la cara. Se apoyó, firme, sobre la mesa ovalada de la sala de
audiencias del Consejo de la Magistratura y exclamó: “¡Estamos ante un juez que no
conoce el derecho!”. Los otros seis consejeros, anonadados, clavaron la mirada sobre
Melchor Cruchaga, pero él continuó levantando aún más su tono de voz: “Con
Ricardo Bustos Fierro estamos ante la posibilidad de que la Constitución argentina sea
papel picado”. El debate fue intenso, el resultado clarísimo: la Comisión de
Acusación decidió promover ante el plenario del Consejo la destitución del juez
cordobés que habilitó al presidente Carlos Menem para candidatearse en la interna
justicialista que podía llevarlo a la re-reelección.
La comisión acusó ayer a Bustos Fierro en base a los dictámenes de Melchor Cruchaga y
de Juan Gersenobitz, que sumaron mayoría con los votos de Fermín Garrote y Oscar Massei.
En esencia, ambos pronunciamientos, que serán unificados, señalan que el juez incurrió
en “mal desempeño” y que demostró falta de independencia en sus actos.
Gersenobitz agregó el delito de prevaricato (dictar una resolución contraria a derecho).
El magistrado cordobés dictó en marzo último una medida cautelar que permitía a Menem
disputar la interna del PJ con miras a un tercer mandato. “Una de las infracciones
–explicó Cruchaga– es que Bustos Fierro desconoció la constitución al dejar
en suspenso la cláusula transitoria novena. Dejó al país sin ley suprema. Es absurdo
que diga `que no había certeza’ sobre la validez de esa disposición. Es visible
para cualquiera que la reforma del ‘94 estableció que Menem podía ser reelegido una
sola vez.” No sólo eso. Los consejeros acusadores sostuvieron que el juez empantanó
su camino cuando fue a declarar ante el Consejo. “Desde el vamos –señaló
Gersenobitz– había dictado una medida contraria a lo que indica el Código Procesal
al permitirle al Presidente postularse en una elección interna, posibilidad que le estaba
vedada. Pero empeoró sus argumentos cuando dijo que había tomado esa decisión en forma
discrecional y porque, ante los plazos electorales, no tenía tiempo de analizar el
caso.”
“Las explicaciones de Bustos Fierro fueron más graves que el fallo en sí y revelan
su parcialidad”, añadió Gersenobitz. “Cuando hizo su descargo a comienzos de
agosto –refrescó– reconoció que había resuelto varios recursos de amparo
previos en forma contraria a Menem porque los peticionantes carecían de legitimidad.
Pero, dijo, como el Presidente expresó ante los medios su voluntad de ser candidato,
entonces le dio vía libre.”
En medio de la reunión de ayer, uno de los consejeros llegó a utilizar por lo bajo el
adjetivo de “inepto” al recordar que Bustos Fierro había dicho con total
naturalidad que tenía pensado citar a declarar a varios constitucionalistas para que
opinaran sobre el tema. Y que en uno de sus escritos había consignado mal el nombre del
constitucionalista Jorge Vanossi, a quien bautizó Bagnosi.
Contra la posición de la mayoría, Miguel Angel Pichetto presentó un dictamen de rechazo
a la acusación. La ultramenemista Lelia Chaya adhirió. Y Augusto Alasino se fue sin
opinar alegando que debía correr al Congreso, donde estaba Guillermo Coppola. El plenario
deberá resolver en las próximas semanas si manda a Bustos Fierro a juicio. En principio,
parece que los votos no alcanzan para eso “porque –dijo un funcionario del
cuerpo– los jueces del consejo ejercen su fuerza corporativa”.
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