Página/12 en Italia
Por Laura Términe Desde Roma “Pediré la cadena
perpetua para los generales Suárez Mason y Riveros porque la gracia concedida por el
presidente Carlos Menem en Argentina es inadmisible en el orden jurídico italiano; tanto
el indulto como la ley de obediencia debida contrastan con los principios fundamentales de
nuestro sistema penal”, adelantó durante una entrevista con Página/12 el fiscal
Francisco Caporale, quien a partir del próximo 21 de octubre presentará en el juicio
oral y público que comenzará en Roma las pruebas contra siete militares argentinos
acusados del asesinato de siete ciudadanos ítalo-argentinos y la desaparición de un
bebé durante los años setenta.
A menos de un mes del inicio del proceso que ocupará la sala bunker de Rebibbia, la misma
que en el pasado reciente albergó varios procesos contra “capos” mafiosos,
Caporale, que ya terminó de armar la lista de los 50 testigos que presentará ante el
tribunal, destacó el valor simbólico del juicio y señaló que a pesar del “cambio
político, creo que Argentina mantendrá fuertes resistencias a la concesión de
extradiciones”.
–La defensa de Guillermo Suárez Mason y Santiago Riveros se refugia en el indulto
otorgado por el presidente Carlos Menem y alega que no debe abrirse un juicio en Italia
porque el caso ya fue cerrado en Argentina. ¿Cree que se superará ese primer obstáculo?
–Yo espero que sí. El caso no está cerrado porque nosotros respetamos que a pesar
de que tenían una sentencia a cadena perpetua, les fue concedida la gracia a Videla,
Massera, Agosti y los otros. Pero Suárez Mason no tuvo un juicio, le fue otorgado el
indulto cuando todavía no tenía sentencia. Funcionó como una causa extintora del
delito, una figura que aplicada al tipo de delito que se juzga sería inadmisible en el
orden jurídico italiano. Italia concede la amnistía por delitos políticos mínimos,
cuyas penas no superan los cuatro años, ninguno se atrevería a darla por homicidios
múltiples agravados.
–El resto de los imputados, el ex jefe de la Prefectura Carlos Gerardi, y sus
subordinados Luis Porchetto, Alejandro Puertas, Osvaldo Maldonado y Roberto Rossin fueron
beneficiados con la ley de obediencia debida. ¿Podría servirles como paraguas según el
Código Penal italiano?
–La ley de obediencia debida ya es forzada en la jurisprudencia argentina, que tuvo
que modificar las normas contenidas en el Código Penal militar, que excluía la
posibilidad de invocar esta figura en casos de delitos atroces y aberrantes. En nuestro
Código Penal existe el cumplimiento de un deber por el cual no puede ser acusado de
delito quien se limitó a acatar una orden, pero agrega, que siempre que no se trate de
órdenes evidentemente ilegítimas, como puede ser torturar o matar. Tanto el indulto como
la obediencia debida contrastan con los principios fundamentales de nuestro sistema penal.
–¿Cuántos serán los testigos que convocará al juicio?
–Alrededor de cincuenta, entre sobrevivientes, familiares de desaparecidos e
intelectuales, representantes de la Iglesia, militares que salieron de la institución en
aquellos años, sindicalistas y jueces. Espero representar a todo el arco social para dar
un claro panorama de lo que sucedía en los setenta en Argentina.
–¿Qué condenas pedirá para los imputados?
–Pediré la cadena perpetua para Suárez Mason y Riveros. El caso de Gerardi es un
poco más difícil de decidir con las pruebas que tenemos a la mano y sobre sus
subordinados todavía no pensé en las condenas.
–¿Lo deja tranquilo saber que el proceso tendrá un valor simbólico?
–No sé si obtener sólo una condena signifique hacer justicia, pero creo que es
importante que estas cosas , que por lo menos en Italia no se conocen a fondo, salgan a la
luz. Si este proceso llena estas lagunas seráuna gran escuela de democracia. Espero que
haga reflexionar a los jóvenes de hoy para que recuperen un empeño político, ideales de
justicia y de igualdad en una Italia volcada solamente al egoísmo personal.
–¿Fue suficiente la colaboración del gobierno argentino hasta ahora?
–En las actas judiciales figura que en 1994 fue aceptada una rogatoria para tomar
testimonios a varias personas, y cuando mis colegas viajaron a Buenos Aires,
imprevistamente fue negada por la intervención de altas autoridades.
–¿Espera que aumente la colaboración cuando cambie el actual gobierno?
–Creo que en Argentina habrá un cambio político y seguramente mayor disponibilidad
a conceder rogatorias internacionales, pero creo que mantendrá fuertes resistencias a la
concesión de extradiciones.
–El Gobierno consideró hasta ahora este juicio como una intromisión de Italia en
territorio jurídico argentino, refugiándose en el principio de extraterritorialidad.
¿Cuál es su respuesta como fiscal del proceso?
–Hasta que no exista un Tribunal Penal Internacional, y espero que pueda funcionar
pronto, cada país debe observar sus propios códigos e Italia puede intervenir en un caso
como el que se presenta aquí, porque se trata de delitos políticos cometidos contra
ciudadanos italianos en el exterior. Nosotros sólo aplicamos el artículo 8 de nuestro
Código Penal.
–Usted también es fiscal en la investigación abierta sobre las desapariciones de
ciudadanos italianos en la Escuela de Mecánica de la Armada. ¿Cómo será la acusación
de los marinos involucrados?
–Tuve contactos con varios testigos y descubrí que son muchísimos los que pueden
testimoniar sobre lo que sucedía dentro de la ESMA. Me interesan aquellos que puedan
contar que vieron allí a los ciudadanos italianos Susana Pegoraro, su padre Juan y la
madre de Dante Gullo, Angela Aietta, y que después no los hayan visto más porque
evidentemente fueron transportados en los vuelos de la muerte. Estos hechos sucedieron
entre 1976 y 1977. La otra parte importante es decir quiénes eran los responsables de la
ESMA y sobre esto sabemos que hasta finales de 1978 Eduardo Massera era el comandante de
la Marina y la ESMA dependía de él, mientras que el grupo de tareas 3-3-2 estaba
compuesto por Jorge Acosta, Jorge Vildoza, el contraalmirante Antonio Vañek, Héctor
Antonio Febré, que tenía la responsabilidad sobre los recién nacidos dentro del campo,
y Alfredo Astiz.
–¿Qué espera del juicio que inicia el próximo 21 de octubre?
–Que nos toque un juez sensible.
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