Por D.C. Los encargados en el FMI de monitorear la
economía argentina, Tomás Raichmann y Teresa Ter Minassian, convocaron ayer a reunión a
Arnaldo Bocco, economista que seguramente Graciela Fernández Meijide designará como
ministro de Economía de Buenos Aires si gana las elecciones. “Están preocupados
porque el déficit fiscal de la provincia, de luz amarilla pasó a roja”, aseguró el
actual director del Banco Ciudad. La imagen de Eduardo Duhalde ante el organismo
internacional se encuentra muy deteriorada, tanto por sus propuestas en favor de
renegociar la deuda y bajar impuestos como por el desborde del gasto público en Buenos
Aires. Los funcionarios repitieron ante Bocco la exigencia que el último sábado le
plantearon a José Luis Machinea: en su gestión debe practicar un severo ajuste para
controlar el déficit.
El otro aspecto saliente de la reunión fue la discusión sobre la deuda pública de las
provincias. Bocco reveló que la Alianza planea impulsar una suerte de plan Brady para
refinanciar los compromisos de los estados del interior. “La deuda provincial es de
18 mil millones de dólares. Estamos explorando la idea de emitir bonos a más largo plazo
y menores tasas de interés para reacomodar la estructura actual de la deuda”,
indicó el economista. El gobierno nacional se encargaría simplemente de diseñar los
instrumentos financieros y pediría apoyo al Banco Mundial y al Banco Interamericano de
Desarrollo para que adquieran parte de aquellos títulos.
Sin embargo, el FMI prefiere que cada provincia encarrile su situación por sí sola,
porque de ese modo quedarían en evidencia los distritos que no mantienen acotado su
déficit fiscal. A la vez, el organismo pretende que el nuevo programa con Argentina
establezca una meta consolidada –Nación y provincias como un todo– de déficit.
El objetivo es que el gobierno central se vea obligado a presionar a las provincias a
ajustar sus cuentas, porque de lo contrario será él quien incumpla el compromiso ante el
FMI y será penalizado con mayores tasas de interés cuando recurra a los mercados de
capitales en busca de financiamiento. Sin embargo, Bocco les dijo a Raichmann y Ter
Minassian que esa demanda es “imposible” de satisfacer, entre otros motivos,
porque la mayoría de las provincias están gobernadas por el justicialismo.
En rigor, la inquietud del FMI por el tema provincial tiene como motivo casi excluyente la
performance económica de Buenos Aires. El déficit fiscal de este año de los estados del
interior será de 2300 millones, de los cuales 1800 millones corresponden a la provincia
conducida por Duhalde. “En 1991 el rojo era de 600 millones y el gasto público de
4000 millones. Este año se pasará a 1800 y 11.200 millones, respectivamente. Es decir
que se triplicó el déficit, a pesar de la privatización de la empresa de agua, y el
gasto”, puntualizó Bocco. “Ese es el estado en que deja la provincia”,
atacó.
Ante la presión del FMI por un fuerte ajuste, el economista sostuvo que “Duhalde
gasta mucho y mal”. “Hicimos un estudio partida por partida y descubrimos que se
podría lograr el mismo nivel de servicios con un 10 por ciento menos de costo”,
sentenció. “Eso nos permitiría –concluyó– disminuir de manera
significativa el déficit sin necesidad de hacer un ajuste”. De todos modos, aclaró
que volver a un desequilibrio del orden de los 600 millones “no se podrá lograr en
un año”.
EXPLOTACION Y VEJAMENES AL PERSONAL DOMESTICO
El FMI no abusa sólo de los países
La
etíope Yeshehareg Teffera llegó a Washington en 1991 con grandes esperanzas de tener un
empleo de 235 dólares semanales para seguir trabajando como doméstica de un funcionario
del Fondo Monetario Internacional. Pero las cosas no salieron como había planeado.
“Estuve limpiando, cuidando niños, llevándolos a la escuela, cocinando y lavando
ropa. Comenzaba a las 7 de la mañana y todas las noches me iba a la cama a las 11”,
explicó. “No había vacaciones ni días libres” para ella. Yeshehareg se unió
el martes a una manifestación de protesta frente a la sede de las reuniones del FMI y el
Banco Mundial, organizada por empleados domésticos que llegaron a Estados Unidos para
trabajar con funcionarios de ésos y otros organismos.
“La única experiencia de esta mujer en Estados Unidos es haber sido una
esclava”, dijo Mark Schaefer, abogado de Yeshehareg. “Llegó con expectativas de
ganar para poder vivir y enviar algún dinero a casa, y en lugar de ello toda su
experiencia no fue más que de servidumbre, opresión y desprecio total”, agregó.
Yeshehareg ganó un fallo a su favor por 342.000 dólares contra su ex patrón, pero
todavía espera cobrar el dinero ya que su amo regresó a Etiopía, donde Naciones Unidas
le ofreció un empleo. El FMI y el Banco Mundial dijeron que trabajaban para evitar esa
clase de abusos con los empleados, pero no parecen haber tenido éxito.
A los funcionarios se les permite traer servidumbre a Estados Unidos con visas especiales
(G-5 y A-3). Anualmente son emitidas unas cuatro mil de esas visas. Los trabajadores que
ingresan con esos permisos deben ser protegidos por las leyes laborales estadounidenses,
incluyendo las regulaciones de salario mínimo. Pero la Campaña por los Derechos de los
Trabajadores Domésticos Migrantes aseguró que a menudo se abusaba de esas personas,
ignorantes a menudo de sus derechos, y que sus patrones alegan inmunidad diplomática para
cubrirse ante los reclamos por abusos. A muchos les retiran el pasaporte para que no
puedan irse, y algunos incluso son abusados sexualmente, según denuncian. Todo muy propio
de la tradición de los organismos multilaterales rectores.
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