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OPINION
Abuso de poder
Por Horacio Verbitsky

La citación de la Comisión de Juicio Político del Senado al empresario Guillermo Cóppola constituye un abuso de poder injustificable en una República. La explicación del senador Raúl Galván, según quien Coppola está “imputado” en la causa del juicio político al juez Hernán Bernasconi constituye un desatino jurídico. El Senado de la Nación carece de facultades para imponer semejante procedimiento a un ciudadano. Si Cóppola hubiera desconocido la citación el Senado no hubiera tenido ningún recurso para obligarlo, salvo una apelación ilegal a la fuerza pública.
La hipótesis de que, además, el Senado podría imponer una sanción de arresto a Cóppola implica considerar el desconocimiento a la división de poderes en la que se basa nuestro sistema político. Sólo la Justicia puede privar a un ciudadano de su libertad y, en casos determinados por la vigencia del Estado de Sitio, el Poder Ejecutivo. El arresto de Cóppola constituiría una privación ilegítima de la libertad.
El Congreso ya había impuesto detenciones en el pasado al general Luciano Menéndez, al cura Christian Von Vernich y al ¿periodista? Guillermo Cherashny. En el caso de Cóppola, a la ilegalidad de la medida se suma la insignificancia del caso: un incidente entre dos hinchas en la cancha de Boca, con la particularidad de que uno de ellos es el senador Antonio Cafiero. Tampoco es razonable olvidar que Bernasconi fue un estrecho colaborador de Cafiero durante su gobernación en la provincia de Buenos Aires. Esto agrega al bochorno de la situación las dudas sobre la imparcialidad de Cafiero.
El lapso que el senador justicialista dejó transcurrir antes de revelar el incidente y la desmentida de Cóppola acerca de la amenaza atribuida al empresario no realzan tampoco la sensatez de la decisión del Senado. Es imposible no asociar este desplante autoritario con la iniciación de un nuevo juicio político al juez Bernasconi, esta vez por parte del Consejo de la Magistratura. Luego de dos años y dos meses de dilaciones, el Senado se dignó tratar la suspensión de Bernasconi solicitada por la Cámara de Diputados, recién cuando supo que en pocos días más lo haría por la otra causa el Consejo de la Magistratura. Las acusaciones contra el juez, suscriptas por su colega Gabriel Cavallo son de extrema gravedad y están bien probadas. Así lo demuestra el paralelo juicio oral a los lugartenientes de Bernasconi en la banda.
El Senado no podía despedirse de peor manera de su competencia como juzgador político de los magistrados.

 

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