Por Horacio Cecchi Desde San Nicolás Un abogado de San Nicolás es,
por ahora, el encargado de investigar la participación del juez federal Carlos
Villafuerte Ruzo en la masacre de Ramallo. Se trata de Juan Murray, un destacado penalista
del foro local, a quien le cayó por sorteo la denuncia ratificada ayer por el candidato a
jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra, que acusa al juez por el delito de “triple
homicidio por omisión”. Murray fue designado conjuez, después de que el propio
Villafuerte se excusara de actuar en la causa porque no podría investigarse a sí mismo,
y de que el otro juez federal local también rechazara la causa, por su amistad con el
juez denunciado. Esta investigación podría derivar en un pedido de juicio político
contra Villafuerte Ruzo. En tanto, en la causa en que se investiga la muerte del detenido
Martín Saldaña, en la celda de la comisaría de Villa Ramallo, ya fue firmada la orden
de exhumación del cadáver para realizar una nueva autopsia (ver nota aparte).
Mientras esto ocurría en San Nicolás, en Buenos Aires la Gendarmería recibía al fin, a
once días de la tragedia de Ramallo, las 130 armas usadas por las fuerzas de seguridad en
la masacre. Descansan en el edificio Centinela, incluyendo tres FAL que
“olvidaron” entregar los Halcones. El plazo que tienen los peritos para realizar
el informe es de 30 días. Mientras tanto, la Gendarmería ya le pidió al juez que ordene
la reconstrucción de la masacre, para constatar el resultado de la pericia con la
declaración de los policías que dispararon.
La denuncia de Ibarra, que también acusa a los policías de homicidio por comisión, se
sumó a una investigación que en el foro local ya está considerada como un
“verdadero galimatías”. En este caso, Villafuerte se excusó de investigar la
denuncia razonando con lógica que no podría investigarse a sí mismo, y trasladó el
pedido al juez federal local en lo civil José María Acosta. “Me excusé. Tengo
afinidad con Villafuerte Ruzo”, manifestó Acosta a Página/12. El pedido regresó al
juzgado penal donde, a las 10.30, se realizó un sorteo sobre una lista de diez abogados
designados por la Cámara de Apelaciones de Rosario. Resultó electo Juan Murray, un
reconocido penalista que en su foja personal lleva inscripto un caso muy recordado dentro
y fuera de los límites de San Nicolás: logró la primera condena a perpetua para dos
policías en territorio bonaerense por tortura seguida de muerte. La víctima fue el
albañil Ramón Bouchón, fallecido en la comisaría 1ª local el 14 de marzo del
‘93. El fallo tuvo lugar 14 meses después. El abogado de la familia de la víctima
era Murray.
Pero el letrado designado como conjuez para investigar a Villafuerte todavía no fue
enterado oficialmente. “La investigación podría derivar en un pedido de juicio
político, pero Villafuerte podría seguir trabajando en la causa. Esto se ya parece un
Bernasconi II”, comentó una fuente.
Entre tanto, en el juzgado federal se tomó declaración a ocho Halcones y un gavilán.
Los Halcones salieron como habían entrado: en formación silenciosa. En la puerta dijeron
una obviedad de origen poco dudoso: “Estamos orgullosos de nuestro jefe (Gerardo
Ascacíbar). Fue honesto al declarar que dio la orden de disparar a los neumáticos”.
Los Halcones habían sido citados. El “Beto” Andino, no. Se trata de un policía
de la Bonaerense exonerado, que cayó sin invitación para deslindar su nombre,
relacionado por algunos medios con la banda que asaltó el Banco Nación. “No los
conozco”, dijo, y se retiró con su abogado Hugo Lima, quien había defendido tiempo
atrás a Martín Saldaña, el delincuente que apareció muerto en prisión, después de la
masacre.
Además de la denuncia de Ibarra, Villafuerte sumó otro cuestionamiento. Esta vez de los
foros comunitarios de siete ciudades: San Nicolás, Lincoln, Ramallo, San Pedro, Arroyito,
Baradero y Capitán Sarmiento, quepidieron su recusación. La presentación tiene su marca
en el orillo: está firmada por Marta Arriola, secretaria de Relaciones con la Comunidad.
Su jefe es el ministro de Seguridad Carlos Soria.
SEGUNDA AUTOPSIA AL LADRON MUERTO EN LA
SECCIONAL
Una exhumación por las dudas
Por H.C.
La
Justicia provincial dictó ayer la orden de exhumación del cuerpo de Martín Saldaña
para realizar una segunda autopsia, que resultaría clave en la investigación sobre su
extraña muerte en la celda de la comisaría 2ª de Villa Ramallo. Saldaña fue el único
delincuente que salió ileso de la masacre, pero apareció colgando de una tela de
colchón hecha jirones a las pocas horas de haber sido detenido. La nueva pericia
intentará descifrar al menos tres cuestiones: las causas de un hematoma en el nacimiento
del cuero cabelludo, el mecanismo que provocó el ahorcamiento, y una serie de lesiones en
la espalda que el parte oficial señala como provocadas por esquirlas, pese a que Saldaña
llevaba puesto un chaleco antibalas. En coincidencia, hoy se presentarán a declarar ante
el fiscal provincial que lleva la investigación, Vicente Botteri, los tres peritos que
realizaron la primera y cuestionada autopsia.
“El decreto ya está firmado, falta enviar el pedido al juez”, aseguró a este
diario un allegado a la fiscalía de Botteri, refiriéndose a la orden de exhumación del
cuerpo. “Botteri se anticipó al pedido de los familiares de Saldaña actuando de
oficio. Sólo faltan ajustar detalles. La autopsia se realizará en las próximas
horas”, agregó la fuente.
Según María del Carmen Verdú, abogada de la Correpi y de los familiares de Saldaña, la
primera autopsia “deja muchas dudas sobre una muerte demasiado dudosa”. Una de
las primeras observaciones se concentra en una serie de lesiones puntiformes en la
espalda, que supuestamente corresponden a esquirlas. “Es raro, porque tenía un
chaleco antibalas”, dijo Verdú a Página/12. La intención es corroborar las heridas
con los orificios que necesariamente deberían haber provocado las esquirlas en el chaleco
y la remera de Saldaña.
Por otro lado, “hay poca precisión sobre un tremendo hematoma en el nacimiento del
cuero cabelludo –señaló la abogada–. Los peritos determinaron que se había
producido no más de tres horas antes del deceso”. Saldaña murió alrededor de las
14, diez horas después del tiroteo. “Y se determinó que el golpe fue producido al
chocar con o contra una superficie lisa, dura y redondeada”, detalle que en muchos
casos corresponde a la superficie de los bastones policiales.
El otro punto a investigar es la asfixia por ahorcamiento. La marca del cuello de Saldaña
no sería acorde con su peso: corresponde a una fuerza de 5 kilos. La ubicación de los
huesos en la zona del cuello determinará si murió al colgarse de la tela del colchón.
Hoy se presentarán ante Botteri los autores de la primera autopsia, los peritos Hugo
Zunino, Roberto Silicani y Enrique Aguer.
|
