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Los abogados del ex dictador redujeron a "brutalidad policial" contra "delincuentes comunes" los casos de tortura por los que Pinochet puede ser extraditado, en medio de una sesión tensa.
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Página/12 en Gran Bretaña Por Marcelo Justo Desde Londres  La defensa de Pinochet
continúa con la estrategia de tierra arrasada que empleó en los debates de la Cámara de
los Lores, cuando en su desesperación por lograr la libertad del ex dictador chileno
llegó a afirmar que Hitler hubiera gozado de inmunidad como ex jefe de Estado. Ayer, en
el segundo día del proceso de extradición del ex dictador chileno a España, los
abogados de la exclusiva Kingsley Napley declararon que Pinochet tenía inmunidad personal
respecto a los 35 casos de tortura de que se lo acusa porque no había sido
"responsable directo" (ejecutor), o "indirecto", (impartiendo
órdenes) de dichos hechos. Según la defensa, las torturas fueron resultado de la
"brutalidad policial", como ocurre en "cualquier lugar del mundo",
hechos "espontáneos", y sin motivación política alguna. "Si la tortura
hubiera ocurrido en el palacio presidencial habría cierto fundamento para pensar que
Pinochet estaba vinculado con lo sucedido", tuvo la gracia de admitir el abogado de
la defensa Julian Knowles.
A esta altura de su alegato, Knowles sudaba profusamente. Sudó aún más cuando fue enumerando uno a uno los casos para probarle a Ronald Bartle, magistrado a cargo del juicio de extradición, que "el general no cometió ningún delito". En su voz, las siniestras peripecias de 35 personas --28 hombres, 7 mujeres, cuatro muertos en la mesa de tortura-- se convirtieron en instrumentos de la inocencia del general Pinochet. "La estrategia de la Fiscalía se basa en la idea de que hubo un complot político organizado por el general Pinochet para el arresto y la tortura de sus oponentes. Pero estos 35 casos fueron arrestos de delincuentes comunes", dijo el abogado. Entre los "delincuentes comunes" que citó se encuentran Hernán Sepúlveda y Lincoyan Nery Cáceres, quienes murieron de la paliza que les propinaron los carabineros (policía chilena dependiente del ministerio del Interior), Claudio Torrealba que logró sobrevivir a la picana, y Antonia Liberona, quien tuvo que soportar desnuda el maltrato y las amenazas de violación de su hija de nueve años. Mientras se limpiaba el sudor de la frente con un pañuelo de seda y pensaba en los 400 dólares por hora que gana por su participación en el caso, el abogado Knowles también citó a Edmundo Meza Schaffer, a quien se sometió a la picana, se le insertó un tubo en el ano, y se lo colgó de una viga, boca abajo. "En ningún caso se puede decir que haya pruebas de que el general Pinochet dio la orden de que los torturaran. No basta decir que había un vago plan establecido en 1973 para que esto sucediera. Hay que probarlo en cada caso particular", indicó Knowles. La defensa del general Pinochet adujo que además sólo uno de los 35 casos era válido para el juicio de extradición. Este argumento se basa en que el pasado 24 de marzo la máxima instancia de la Justicia inglesa, la Cámara de los Lores, dictaminó que Pinochet sólo puede ser acusado de "tortura" y "conspiración para torturar" por casos ocurridos después del 8 de diciembre de 1988, fecha en que Gran Bretaña incorporó la convención contra la tortura. Según los lores quedaba "un solo caso de tortura y conspiración para torturar", el de Marcos Quesada Yáñez, muerto en las dependencias policiales chilenas el 24 de junio de 1989. La defensa cuestiona la validez legal de los 34 casos que el juez Baltasar Garzón añadió después del dictamen de los lores y está batallando para que el juez Bartle los elimine de la causa. A la inmunidad personal de Pinochet la defensa añadió el cuestionamiento de la jurisdicción de España en estos hechos. Los abogados de Kingsley Napley presentaron un documento de dos constitucionalistas españoles que niegan que España tenga jurisdicción en el caso. Los constitucionalistas afirman que el pedido de extradición se debe a una "conspiración política" del juez Baltasar Garzón y a una virtual venganza porque España no puede tolerar que Pinochet "derrocara a un gobierno marxista". El documento motivó la ira de la Fiscalía. En un intercambio que dejó las habituales fórmulas de cortesía con que se llaman los abogados en un caso judicial ("my honourable/ learned friend"), Alan Jones, del Servicio Fiscal de la Corona, que actúa en representación de España, acusó a la defensa de lanzar una "emboscada", de no respetar las menores reglas del decoro y la cortesía y de comportarse con una conducta fracamente shabby (vil, miserable). "El documento me llegó por fax el lunes por la noche. ¿Por qué no me fue enviado con la suficiente antelación como es habitual en estos casos? Hasta la prensa supo antes que yo", tronó Jones. El fiscal solicitó al juez Bartle que se abra un receso hasta el viernes para darle tiempo a analizar y responder a los argumentos de los constitucionalistas. Bartle indicó que comunicaría su decisión al respecto después de que la defensa finalice su alegato, seguramente al mediodía de hoy. Expertos legales consultados por Página/12 señalan que el documento no es más que una distracción, "un intento de embarrar la cancha", ya que la semana pasada la máxima instancia judicial española, Audiencia Nacional de España, reafirmó su jurisdicción sobre el caso.
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