Por Miguel Bonasso Hoy al mediodía la Comisión
Bicameral de Seguimiento de la Reforma Policial del Congreso bonaerense presentará un
pedido de informes al nuevo ministro de Justicia y Seguridad, Carlos Soria, acerca de la
situación de revista de numerosos jefes, oficiales y suboficiales de la “Maldita
Policía” imputados o mencionados en el atentado a la AMIA y las masacres de Wilde y
Ramallo. El escrito lleva la firma del presidente de la Cámara de Diputados de la
provincia, Alejandro Mosquera (Frepaso-Alianza) y está redactado en términos enérgicos
y precisos. Se habla de una “actuación policial decididamente criminal” en el
Caso Ramallo y se sostiene que “desgraciadamente este accionar criminal reconoce
antecedentes no tan lejanos”. También le reclama al flamante ministro explicaciones
sobre la falta de vigilancia adecuada en el cementerio judío de La Tablada, víctima
reciente y recurrente de profanaciones racistas. Fuentes parlamentarias de La Plata
revelaron a Página/12 que el ministro Soria, experto en estas lides, intentó bajar los
decibeles del reclamo, invitando a “consensuar” posiciones en un almuerzo, pero
el convite fue rechazado expresamente por el presidente de la Cámara de Diputados, que
quiere trazar una “línea formal y rigurosa” en el tema de la seguridad y no
diluirla en “consensos”. En el pasado reciente, Mosquera y otros diputados han
sido víctimas frecuentes de amenazas.
En los fundamentos del pedido de informes se destaca, “independientemente del curso
que transiten las investigaciones judiciales en que se investiga dicho accionar, se hace
necesario saber cuál es la situación actual de revista de los funcionarios policiales
con algún grado de participación en aquellos trágicos sucesos (Wilde, AMIA y
Ramallo)”. La primera pregunta está referida a ocho policías imputados en la
masacre de Wilde y mencionados en la causa AMIA, entre los que sobresalen el comisario
César Osvaldo Córdoba y el subcomisario Roberto Oscar Mantel. Aunque la requisitoria no
lo consigna, la disuelta Comisión Asesora Técnica (CAT), creada para investigar el
atentado a la AMIA, informó en su momento al gobernador Eduardo Duhalde que tanto
Córdoba como Mantel integrarían “una banda de policías corruptos” que habría
“contratado delincuentes para cometer asaltos a bancos”. A esta misma banda
pertenecería el suboficial Carlos Stoghe, sospechoso de haber participado en el asesinato
de José Luis Cabezas, que recuperó su libertad sin que el juez José Luis Macchi hubiera
chequeado su coartada. Este grupo fue favorecido después del asesinato del fotógrafo.
Mantel, que ingresó en la fuerza en 1975, fue felicitado por 22 muertes
“legales” en tiempos democráticos, incluyendo las de la masacre de Wilde. En su
legajo número 013.065, hay un significativo blanco en el verano de 1997. En diciembre de
ese mismo año fue ascendido.
El punto dos está referido a cuatro suboficiales que participaron en la masacre de Wilde.
El tres, a 47 efectivos mencionados en la causa AMIA. Los tres puntos siguientes indagan
acerca de la situación en la fuerza de estos policías, antes y después de la AMIA y
Wilde. El punto 8 pretende aclarar cuáles fueron las actuaciones administrativas que se
labraron en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad en relación con 16
comisarios, entre los que se destaca el ex jefe de la bonaerense, Pedro Klodczyk. El 9
exige se informe cuáles fueron los criterios para disponer ascensos, pases, bajas o
retiros de estos uniformados. El 10 quiere saber si alguno de estos efectivos resultó
posteriormente implicado, “en forma aislada o juntamente con otro personal policial,
en hechos de semejantes y trágicas consecuencias”. El 11 requiere la nómina de la
“totalidad” (subrayado en el texto) del personal policial que intervino en la
masacre de Ramallo, “tanto de los grupos GEO y Halcón, así como del personal de
Seguridad y de Investigaciones de las comisarías y Departamental, como así también de
sus destinos anteriores”. El 12 pregunta cuáles fueron los criterios de
reclutamiento empleados al momento de conformar el GrupoEspecial de Operaciones (GEO)
“y cuáles fueron los antecedentes tenidos en cuenta con respecto al personal
convocado a integrarlo”. El 13 inquiere acerca de la preparación recibida por los
integrantes de este Grupo Especial. Las siguientes cuestiones apuntan a deslindar
responsabilidades en la masacre de Ramallo, con particular énfasis en varios jefes
presentes en la matanza, como el director de investigaciones, comisario Santiago Allendes;
el director de investigaciones complejas y narcocriminalidad, comisario Carlos Miniscarco,
el comisario Rubén Parravicini, que tenía a su cargo la coordinación operativa de los
grupos GEO y Halcón y el comisario Eduardo Martínez, titular de Evaluación de
Información para la Prevención del Delito, “convocado a contar y a prestar en
tiempo información confiable, suficiente y precisa, tendiente a prevenir estos
sucesos”. El pedido inquiere también “cuáles son las investigaciones
administrativas internas que se realizan sobre la conducta de estos funcionarios” y
quiénes fueron los jefes que debieron preservar la escena del crimen y no lo hicieron.
Los últimos dos puntos del documento pretenden determinar si es verdad o no que el ex
ministro de Justicia y Seguridad Osvaldo Lorenzo recibió información sobre un posible
atentado contra el cementerio judío de La Tablada y si es así qué medidas se tomaron
para prevenir el hecho “y quiénes fueron los funcionarios responsables de
implementarlas”. El ministro Soria tiene la palabra.
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