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Otra de rehenes, pero con forma de road movie

Dos presos tomaron rehenes en Formosa. Los dejaron huir, pero un auto los seguía con policías y el juez. Al fin, se entregaron.

La puerta de la alcaidía y el auto de la abogada, en el que huyeron.
Tras una negociación de cuatro horas, el juez los dejó escapar.

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t.gif (862 bytes)  La pesadilla de Ramallo pareció revivir ayer en la provincia de Formosa. En la Alcaidía de Varones de esa ciudad, dos presos impulsaron una revuelta, tomaron como rehenes a dos oficiales de la policía y, tras una negociciación de cuatro horas, lograron el aval del juez para escapar a bordo del auto de la abogada de uno de ellos, que se ofreció como rehén a cambio de la liberación de uno de los policías. Los dos fugitivos huyeron hacia el norte, en dirección al Paraguay, pero no cruzaron la frontera en Clorinda, como preveían las fuerzas de seguridad, sino que viraron hacia el noroeste, bordeando el río Pilcomayo, en busca de un paso clandestino hacia el exterior o en un intento por perderse en el monte formoseño. Los seguía a una distancia prudencial una combi con policías de civil y el propio juez Elio Aranda, quien había piloteado la negociación. Delincuentes, rehenes y policías protagonizaron así una suerte de road movie, pero de la vida real, que hizo prolongar la incertidumbre hasta pasadas las 22, cuando, ya quebrados, se entregaron cerca de la localidad de General Güemes, después de recorrer 350 kilómetros.
Todo comenzó a las 13.30, en la alcaidía dependiente de la policía provincial, ubicada a unos quince kilómetros del centro de Formosa. Allí, los detenidos Pedro Pablo Penayo y Carlos Alberto Fleytas protagonizaron un intento de motín, que incluyó la quema de colchones. Penayo fue detenido hace veinte días, acusado de matar a un contrabandista por la disputa de un botín. Fleytas, en cambio, estaba preso por robo a mano armada. En la confusión, los revoltosos tomaron como rehenes al oficial inspector de la policía formoseña Rodolfo Roa y a otro policía, que después fue liberado a cambio de la abogada Ana Kullay.
Tras mantener una tensa negociación con el juez Aranda, los detenidos obtuvieron lo que querían: la autorización para fugarse con los rehenes, en el Volkswagen Gol blanco de la doctora Kullay, protegidos ambos con chalecos antibala. La abogada quedó al volante del vehículo; en el asiento de atrás subió el oficial, tomado del cuello por uno de los delincuentes, que le apuntaba a la cabeza, mientras el otro fugitivo iba adelante, en el asiento del acompañante.
El auto tomó rumbo a la ciudad de Clorinda, ubicada 113 kilómetros al norte. Durante todo el trayecto los siguió un vehículo no identificado de la policía. En la frontera los esperaba, cauta, Gendarmería. “No había orden de detenerlos. El objetivo era dejarlos pasar al Paraguay para que los detenga del otro lado la policía paraguaya”, dijo a Página/12 una fuente de Gendarmería nacional. El auto pasó incluso un puesto de esa fuerza. Nadie lo paró. Pero imprevistamente, en lugar de dirigirse a la frontera, el vehículo enfiló hacia el noroeste, por la ruta 86.
“El objetivo es salvar la vida de los rehenes”, anunció el comandante principal de Gendarmería, Ulises Torres. Voceros de la fuerza dijeron a este diario que la policía paraguaya ya estaba alertada de la situación.
El auto paró a cargar nafta en la localidad de El Espinillo y siguió viaje hacia General Belgrano, distante a unos 220 kilómetros de la capital provincial. Por allí los vio pasar la policía cuando ya caía la noche. El paso más próximo hacia el Paraguay era el puente Presidente Perón, a la altura de la localidad de General Brugués, en el país vecino. Pero también burlaron los controles que se habían establecido allí y se desviaron hacia General Güemes, un pueblo ubicado a cuarenta kilómetros de la frontera.
“Nos están engañando”, se quejaba anoche un oficial de la policía. A esa altura, los investigadores trabajaban sobre dos hipótesis. Una de ellas suponía que los delincuentes intentarían perderse en una zona inhóspita, amparados en la oscuridad. Uno de ellos es oriundo de esa zona de la provincia y conocería al dedillo el lugar. La otra posibilidad era que buscaran nuevamente la costa del río Pilcomayo, hacia el norte, e intentaran el cruzar la frontera en una balsa, de las que suelen utilizar los contrabandistas. Allí se internarían en el Chaco paraguayo, una zona intransitable que sólo los baqueanos se animan a recorrer. Pero los delincuentes tomaron la ruta 85, un camino de tierra que va hacia el centro de la provincia. Se dirigían hacia Palo Santo. Finalmente, agobiados por no perder nunca al vehículo que los seguía, los delincuentes se deshicieron de las armas y se entregaron sin resistencia. Los rehenes estaban ilesos.

 


 

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA BONAERENSE
El grupo GEO finalmente se disuelve

t.gif (862 bytes) El ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Carlos Soria, hizo ayer su debut con un informe ante la Comisión de Seguimiento de la Reforma Policial de la Legislatura provincial con un solo anuncio: ratificó que será disuelto el Grupo Especial de Operaciones (GEO) mediante un decreto que está a la firma del gobernador Eduardo Duhalde y que al personal policial que lo integra se le reasignarán funciones en otras reparticiones, incluido el Grupo Halcón. En la reunión con los legisladores, el ministro reclamó apoyo para “profundizar la reforma policial” en los setenta días que le quedan de gestión.
La disolución del GEO es un nuevo coletazo de la masacre de Villa Ramallo. El cuerpo había sido creado hace un año, durante la gestión del ministro León Arslanian, con el fin de que actuara en situaciones de riesgo, como toma de rehenes y megaoperativos policiales.
El episodio de Ramallo fue uno de los ejes del informe que dio Soria ante los legisladores: el ministro fue consultado sobre la participación de altos jefes de la Bonaerense que estuvieron presentes en el escenario de los hechos, momentos antes de desencadenarse la tragedia, y no recibieron ninguna sanción. Sobre el tema, Soria pedirá un informe por escrito a los jefes policiales para que den cuenta de su participación en los hechos.
El extenso informe del ministro transitó por otros puntos, a saber:
u La Tablada. Soria admitió que tanto el ministerio –en ese entonces a cargo de Osvaldo Lorenzo– como la policía estaban al tanto de la advertencia de una posible profanación de tumbas al cementerio de la comunidad judía.
u La reforma policial. El ministro ratificó su voluntad de continuar con la reforma iniciada durante la gestión de Arslanian y pidió apoyo a los legisladores. La oposición coincidió con las políticas de consenso, pero aclaró que las decisiones deben quedar en manos del gobierno.
u Los policías en disponibilidad. Soria se manifestó preocupado por la situación de unos 5000 efectivos sumariados, que están cobrando medio sueldo, pero no están en actividad por haber sido puestos en disponibilidad. A esto se suman unos 600 oficiales despedidos de la fuerza. El ministro insistió en que los casos serán revisados e intentó incorporar –sin éxito– a los legisladores a esa tarea. Reconoció sin embargo que la misión es ardua en relación con el breve plazo de gestión que le queda por delante.
u La transición. Tanto el ministro como los legisladores coincidieron en que después del 25 de octubre debe haber una transición consensuada.
Para el presidente de la Cámara de Diputados y miembro de la comisión, Alejandro Mosquera (Alianza), la reunión con Soria fue “positiva”. El legislador marcó sin embargo una contradicción: “El ministro quiere profundizar la reforma policial y judicial, pero el candidato del PJ a la gobernación (Carlos Ruckauf) sigue haciendo campaña por la contrarreforma”.
En tanto, el senador Eduardo Sigal (Alianza) destacó que el informe “muestra la voluntad de diálogo y consenso del ministro”. “Eso sí: quedaron en claro los límites entre la búsqueda de consenso y las responsabilidades que tienen, cada uno por su lado, el Ejecutivo y el Legislativo”, advirtió el senador.

 

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