La pesadilla
de Ramallo pareció revivir ayer en la provincia de Formosa. En la Alcaidía de Varones de
esa ciudad, dos presos impulsaron una revuelta, tomaron como rehenes a dos oficiales de la
policía y, tras una negociciación de cuatro horas, lograron el aval del juez para
escapar a bordo del auto de la abogada de uno de ellos, que se ofreció como rehén a
cambio de la liberación de uno de los policías. Los dos fugitivos huyeron hacia el
norte, en dirección al Paraguay, pero no cruzaron la frontera en Clorinda, como preveían
las fuerzas de seguridad, sino que viraron hacia el noroeste, bordeando el río Pilcomayo,
en busca de un paso clandestino hacia el exterior o en un intento por perderse en el monte
formoseño. Los seguía a una distancia prudencial una combi con policías de civil y el
propio juez Elio Aranda, quien había piloteado la negociación. Delincuentes, rehenes y
policías protagonizaron así una suerte de road movie, pero de la vida real, que hizo
prolongar la incertidumbre hasta pasadas las 22, cuando, ya quebrados, se entregaron cerca
de la localidad de General Güemes, después de recorrer 350 kilómetros.
Todo comenzó a las 13.30, en la alcaidía dependiente de la policía provincial, ubicada
a unos quince kilómetros del centro de Formosa. Allí, los detenidos Pedro Pablo Penayo y
Carlos Alberto Fleytas protagonizaron un intento de motín, que incluyó la quema de
colchones. Penayo fue detenido hace veinte días, acusado de matar a un contrabandista por
la disputa de un botín. Fleytas, en cambio, estaba preso por robo a mano armada. En la
confusión, los revoltosos tomaron como rehenes al oficial inspector de la policía
formoseña Rodolfo Roa y a otro policía, que después fue liberado a cambio de la abogada
Ana Kullay.
Tras mantener una tensa negociación con el juez Aranda, los detenidos obtuvieron lo que
querían: la autorización para fugarse con los rehenes, en el Volkswagen Gol blanco de la
doctora Kullay, protegidos ambos con chalecos antibala. La abogada quedó al volante del
vehículo; en el asiento de atrás subió el oficial, tomado del cuello por uno de los
delincuentes, que le apuntaba a la cabeza, mientras el otro fugitivo iba adelante, en el
asiento del acompañante.
El auto tomó rumbo a la ciudad de Clorinda, ubicada 113 kilómetros al norte. Durante
todo el trayecto los siguió un vehículo no identificado de la policía. En la frontera
los esperaba, cauta, Gendarmería. No había orden de detenerlos. El objetivo era
dejarlos pasar al Paraguay para que los detenga del otro lado la policía paraguaya,
dijo a Página/12 una fuente de Gendarmería nacional. El auto pasó incluso un puesto de
esa fuerza. Nadie lo paró. Pero imprevistamente, en lugar de dirigirse a la frontera, el
vehículo enfiló hacia el noroeste, por la ruta 86.
El objetivo es salvar la vida de los rehenes, anunció el comandante principal
de Gendarmería, Ulises Torres. Voceros de la fuerza dijeron a este diario que la policía
paraguaya ya estaba alertada de la situación.
El auto paró a cargar nafta en la localidad de El Espinillo y siguió viaje hacia General
Belgrano, distante a unos 220 kilómetros de la capital provincial. Por allí los vio
pasar la policía cuando ya caía la noche. El paso más próximo hacia el Paraguay era el
puente Presidente Perón, a la altura de la localidad de General Brugués, en el país
vecino. Pero también burlaron los controles que se habían establecido allí y se
desviaron hacia General Güemes, un pueblo ubicado a cuarenta kilómetros de la frontera.
Nos están engañando, se quejaba anoche un oficial de la policía. A esa
altura, los investigadores trabajaban sobre dos hipótesis. Una de ellas suponía que los
delincuentes intentarían perderse en una zona inhóspita, amparados en la oscuridad. Uno
de ellos es oriundo de esa zona de la provincia y conocería al dedillo el lugar. La otra
posibilidad era que buscaran nuevamente la costa del río Pilcomayo, hacia el norte, e
intentaran el cruzar la frontera en una balsa, de las que suelen utilizar los
contrabandistas. Allí se internarían en el Chaco paraguayo, una zona intransitable que
sólo los baqueanos se animan a recorrer. Pero los delincuentes tomaron la ruta 85, un
camino de tierra que va hacia el centro de la provincia. Se dirigían hacia Palo Santo.
Finalmente, agobiados por no perder nunca al vehículo que los seguía, los delincuentes
se deshicieron de las armas y se entregaron sin resistencia. Los rehenes estaban ilesos.
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA BONAERENSE
El grupo GEO finalmente se disuelve
El
ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Carlos Soria, hizo ayer su debut con un
informe ante la Comisión de Seguimiento de la Reforma Policial de la Legislatura
provincial con un solo anuncio: ratificó que será disuelto el Grupo Especial de
Operaciones (GEO) mediante un decreto que está a la firma del gobernador Eduardo Duhalde
y que al personal policial que lo integra se le reasignarán funciones en otras
reparticiones, incluido el Grupo Halcón. En la reunión con los legisladores, el ministro
reclamó apoyo para profundizar la reforma policial en los setenta días que
le quedan de gestión.
La disolución del GEO es un nuevo coletazo de la masacre de Villa Ramallo. El cuerpo
había sido creado hace un año, durante la gestión del ministro León Arslanian, con el
fin de que actuara en situaciones de riesgo, como toma de rehenes y megaoperativos
policiales.
El episodio de Ramallo fue uno de los ejes del informe que dio Soria ante los
legisladores: el ministro fue consultado sobre la participación de altos jefes de la
Bonaerense que estuvieron presentes en el escenario de los hechos, momentos antes de
desencadenarse la tragedia, y no recibieron ninguna sanción. Sobre el tema, Soria pedirá
un informe por escrito a los jefes policiales para que den cuenta de su participación en
los hechos.
El extenso informe del ministro transitó por otros puntos, a saber:
u La Tablada. Soria admitió que tanto el ministerio en ese entonces a cargo de
Osvaldo Lorenzo como la policía estaban al tanto de la advertencia de una posible
profanación de tumbas al cementerio de la comunidad judía.
u La reforma policial. El ministro ratificó su voluntad de continuar con la reforma
iniciada durante la gestión de Arslanian y pidió apoyo a los legisladores. La oposición
coincidió con las políticas de consenso, pero aclaró que las decisiones deben quedar en
manos del gobierno.
u Los policías en disponibilidad. Soria se manifestó preocupado por la situación de
unos 5000 efectivos sumariados, que están cobrando medio sueldo, pero no están en
actividad por haber sido puestos en disponibilidad. A esto se suman unos 600 oficiales
despedidos de la fuerza. El ministro insistió en que los casos serán revisados e
intentó incorporar sin éxito a los legisladores a esa tarea. Reconoció sin
embargo que la misión es ardua en relación con el breve plazo de gestión que le queda
por delante.
u La transición. Tanto el ministro como los legisladores coincidieron en que después del
25 de octubre debe haber una transición consensuada.
Para el presidente de la Cámara de Diputados y miembro de la comisión, Alejandro
Mosquera (Alianza), la reunión con Soria fue positiva. El legislador marcó
sin embargo una contradicción: El ministro quiere profundizar la reforma policial y
judicial, pero el candidato del PJ a la gobernación (Carlos Ruckauf) sigue haciendo
campaña por la contrarreforma.
En tanto, el senador Eduardo Sigal (Alianza) destacó que el informe muestra la
voluntad de diálogo y consenso del ministro. Eso sí: quedaron en claro los
límites entre la búsqueda de consenso y las responsabilidades que tienen, cada uno por
su lado, el Ejecutivo y el Legislativo, advirtió el senador.
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