José Manuel Pico atravesó el primer día del juicio oral público por presunto enriquecimiento ilícito con una respuesta repetida dieciséis veces. “El dinero salió de mi trabajo, señor fiscal”, reiteró una y otra vez para justificar el origen de sus bienes. Pero no de todos. El ex presidente del Concejo Deliberante porteño, acusado de haber aumentado su patrimonio en dos millones y medio de dólares durante sus años de funcionario público, argumentó que tiene mucho menos de lo que se le achaca. En concreto, sólo reconoció trece de las veinticinco propiedades que se le atribuyen y dio a entender que se trata de pequeños departamentos sin demasiado valor. Además, reclamó que no se consideren en el proceso sus millonarias inversiones en créditos hipotecarios.
Pico sabe que le será difícil explicar cómo hizo para amasar su fortuna. En 1983, cuando se convirtió en concejal, no tenía bienes a su nombre. Al ritmo de su ascendente carrera política en el PJ de la Capital se hizo dueño de un fastuoso chalet en el barrio de Devoto, un dúplex en Pinamar y un campo de 370 hectáreas. La fiscalía de José María Campagnoli siguió su rastro en la compra de veintidós departamentos y siete vehículos. Y reunió documentación sobre la participación de Pico –y su actual mujer, Karina Uroda– en operaciones financieras por más de un millón de dólares.
Ayer el ex edil, que está preso hace veinticinco meses en la cárcel de Devoto, enfrentó la jornada con una expresión inconmovible. Había llorado mientras esperaba para ingresar a una sala de audiencias con más periodistas que público y una sola cara conocida: la de la diputada nacional Loli Domínguez.
–¡Fuerza, Pico! –le gritó la funcionaria apenas lo vio asomarse para avanzar en medio de una marea de cámaras hacia el estrado.
Después, logró abrirse camino y llegó hasta él para abrazarlo. Pero la lectura del requerimiento de elevación a juicio pareció superarla. Pasar revista al listado de los bienes de Pico llevó más de 60 minutos; a la media hora, cuando el secretario del Tribunal seguía enumerando departamentos, parte del público comenzó a salir de la sala para despejarse o fumar un cigarrillo. Loly Domínguez hizo lo propio y comentó con estupor:
–Qué pelotudo... ¿cómo pudo poner todo eso a su nombre...?
Todos la miraron en silencio.
–Lo dejaron solo –se la escuchó decir más tarde–; hay mucha gente que comió de su mano y ahora se borró.
Los jueces Eduardo Luis Duhalde, Juan Carlos Cardinali y María Cristina Deluca Giacovini también deberán decidir sobre la situación de Karina Uroda, acusada de haber actuado como personera y testaferro de Pico. Los dos son defendidos por el abogado Mariano Cúneo Libarona, quien ayer pidió la nulidad de buena parte de las pruebas contra ambos. El argumento es que, mientras el expediente estuvo en primera instancia, al ex concejal no le pidieron que justifique una serie de bienes que sí se consideran en el juicio oral. El fiscal Mario Montoya rechazó de plano la cuestión; el tribunal decidirá el punto en el momento de dictar sentencia.
Por eso ayer, al ser interrogado, Pico se negó a declarar sobre las pruebas cuestionadas. Vestido con un jean gastado, una camisa a cuadros y saco oscuro, intentó demostrar que su vida había sido sumamente austera. “Trabajo desde los 18 años –le dijo al tribunal–; a esa edad ya tuve mi coche y a los 21 compré mi primer casa. Nunca fui a Punta del Este, ni tuve dos o tres sirvientas. Mi padre me dejó cosas y mi ambición fue dejarle más a mis hijos.”
Después admitió que su ingreso al Concejo Deliberante “mejoró sustancialmente” sus ingresos, pero aclaró que su economía no tuvo una sola mancha de ilegalidad. Con la intención de apuntalar sus palabras, explicó al tribunal que en el año ‘97 ganaba más de 9.000 dólares: tenía un sueldo como concejal, cobraba una jubilación de privilegio como exconcejal, recibía otro salario como secretario general del gremio de los fideeros y el alquiler de sus departamentos le dejaba sus buenos pesos.
–¿Dónde guardaba ese dinero? –le preguntó el fiscal
–En la caja fuerte del gremio –fue la respuesta
De allí, dijo Pico, retiraba los billetes para cada una de las inversiones que lo comprometen. Nada de bancos ni inversiones en la Bolsa. Muchísimo menos de fondos provenientes de los negociados que se le atribuyen en la investigación que lo llevó a la cárcel. En esa causa judicial, Pico está procesado como jefe de una asociación ilícita que cometió una gigantesca estafa inmobiliaria. Se lo señala por haber facilitado, desde sus cargos públicos, la construcción irregular de edificios que fueron vendidos a 534 familias. Muchas de ellas nunca los recibieron. Por el caso, tres cómplices del ex edil ya fueron condenados por la Justicia.

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