Por Victoria Ginzberg “El Estado argentino
aceptará y garantizará el derecho a la verdad, que consiste en el agotamiento de todos
los medios para alcanzar el esclarecimiento acerca de lo sucedido con las personas
desaparecidas”. Con estos términos, el Gobierno suscribirá un acuerdo en el que se
declarará la imprescriptibilidad de ese derecho, se ratificará la competencia de las
cámaras federales para investigar el destino de los desaparecidos y se creará una
comisión especial de fiscales para hacerlo. Los organismos de derechos humanos lograron
esta conquista a partir de la presentación hecha ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos por el caso de Carmen Lapacó. El año pasado la Corte Suprema de
Justicia le negó a esa Madre de Plaza de Mayo la posibilidad de saber qué había
ocurrido con su hija.
A partir de este acuerdo, el derecho a la verdad, que le fue negado a Lapacó, se
convertirá en ley. Esto les dará a los procesos por la verdad abiertos en diferentes
tribunales del país un marco jurídico sólido. En estos momentos y con el fallo del
máximo tribunal como antecedente, estas causas podrían peligrar ante una impugnación de
alguno de los militares o policías que son llamados a declarar. De hecho, la gran
mayoría de la información recolectada hasta ahora en estos procesos proviene de los
familiares de las víctimas o de ex detenidos.
Con el derecho a la verdad como ley, lo sucedido con los desaparecidos tampoco deberá
tramitarse por la figura de hábeas data, como decidió la Corte al tratar de subsanar el
dictamen del caso Lapacó con una resolución emitida en una presentación realizada por
la familia del líder del ERP Benito Urteaga. Ahora, las cámaras y los fiscales que se
designarán para investigar estos hechos podrán iniciar las investigaciones de oficio, es
decir, sin que se presenten los familiares de las víctimas.
La decisión del Gobierno de aceptar avalar los procesos “por la verdad”
podrían despertar inquietud en las filas militares, pero eso, como otras consecuencias de
las determinaciones tomadas en el fin de la era menemista, será un problema del próximo
gobierno. Además, el Presidente se ahorra un nuevo llamado de atención del organismo
internacional, que en su momento había adelantado que el fallo de la Corte era violatorio
de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
El derecho a la verdad no contempla la persecución penal de los responsables de las
desapariciones y asesinatos, ya que se ve limitado por las leyes de Obediencia Debida y
Punto Final y los indultos. Los juicios por la apropiación de los hijos de desaparecidos,
que escapan a estas leyes, no se verán afectados por este acuerdo.
Los términos del pacto quedaron oficialmente confirmados ayer, cuando representantes de
la Cancillería argentina se reunieron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
con Martín Abregú, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Viviana
Krsticevic, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. El documento fue
propuesto por la ex subsecretaria de Derechos Humanos Alicia Pierini, quien hizo de
mediadora entre los organismos de derechos humanos y el Gobierno. Según lo previsto, el
acuerdo se suscribirá a mediados de noviembre cuando la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos haga una visita a Argentina.
“El Gobierno asume el compromiso para que los tribunales no puedan fallar nunca más
como lo hizo la Corte Suprema de Justicia en el caso de Carmen”, aseguró Abregú.
Carmen Lapacó y su hija Alejandra fueron secuestradas el 17 de marzo de 1977. Ambas
estuvieron en el centro clandestino de detención Club Atlético. A los tres días, la
madre fue dejada en libertad en el barrio de la Boca, bajo un camión. Nunca volvió a ver
a su hija. En 1985 Lapacó inició una querella contra el ex jefe del Primer Cuerpo del
Ejército Guillermo Suárez Mason. La causa quedó paralizada con la sanción de la
Obediencia Debida y el Punto Final. En 1995 Lapacó reabrió el proceso, esta vez con la
intención de saber qué le había pasado a su hija y quiéneseran los responsables. El
año pasado los ministros Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor, Augusto Beluscio,
Adolfo Vázquez y Guillermo López le negaron ese derecho. Esta cuestionada decisión les
valió dos pedidos de juicio político, uno presentado por la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos y otro por cuatro legisladores de la Alianza.
“Estoy contenta porque esto se empezó como algo chiquito y lo que se logró es a
favor de todos”, manifestó a Página/12 Lapacó.
MAS ARCHIVOS DEL PROCESO
Fragmentos del horror
Otro
fragmento de la represión salió a la luz, esta vez en la Penitenciaría de Mendoza. El
director de la cárcel descubrió, archivados como si el tiempo no hubiera pasado, 418
expedientes administrativos de las personas que estaban a disposición del Poder Ejecutivo
durante la dictadura. Aunque se supone que quienes estaban en esa situación ya habían
sido “blanqueados” para luego ser liberados, entre los documentos hay
información acerca de, por lo menos, un desaparecido. Estos archivos se suman a las
fichas sobre seguimientos a estudiantes encontradas la semana pasada en la Universidad de
La Plata.
El material encontrado fue remitido por el ministro de Justicia y Seguridad provincial,
Luis Alejandro Cazaban, a la Cámara Federal de Mendoza para ser evaluadas. “Son
pruebas para cualquier proceso y esperamos que sea un aporte para la verdad”, dijo a
Página/12 el ministro. Entre los expedientes recuperados está el de Santiago Illia, que
fue detenido el 9 de marzo de 1976. Tenía 23 años y estudiaba periodismo. El 12 de mayo
le dijeron que lo iban a dejar en libertad, pero lo trasladaron al Liceo Militar. Nunca
apareció. En los documentos constan los datos personales y movimientos de otros 417
presos, entre los que hay varios mendocinos conocidos.
Las fichas, que fueron halladas en un archivo en desuso, incluyen fotos y en algunos casos
tienen un sello que dice “subversivo”. Según Cazaban podría haber más
desaparecidos entre los mencionados en el material ya que a veces figura la leyenda
“trasladado a La Plata” o “trasladado a Córdoba”. La Subsecretaría
de Derechos Humanos de la Nación recibió la lista de las personas mencionadas e
investigará la situación de quienes figuran en los expedientes.
Según consta en el Nunca Más, la Penitenciaría de Mendoza fue utilizada para la
legalización de algunos desaparecidos, pero funcionó en numerosas oportunidades como
centro clandestino de detención.
La semana pasada, en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata fueron
descubiertas fichas en las que figuraba el seguimiento a estudiantes realizado durante la
dictadura. Ese material fue entregado a la Comisión de la Memoria de la Cámara de
Diputados de la provincia de Buenos Aires.
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