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COCONOR PASO AL GOBIERNO PORTEÑO: HABRA UN PARQUE PUBLICO
Piletas junto al río y sin entrada

Habrá una playa ribereña, espacios de recreación y más árboles. Las piletas se rehabilitarán para uso del público.

El pleito en torno de Coconor duró 16 meses: el gobierno alegó incumplimiento de contrato.
Las subconcesiones –como los restaurantes– por ahora pagan el canon a la comuna.

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t.gif (862 bytes)  Ayer quedaron sepultadas para siempre las temporadas de topless y de estrellas futbolísticas en el parque recreativo Coconor. Después de dieciséis meses de conflicto judicial con los concesionarios del balneario, el gobierno porteño tomó posesión del predio ubicado en la Costanera Norte. La avanzada forma parte del programa “Buenos Aires y el río” –que intenta recuperar los veinte kilómetros de costa para el uso de los porteños–, por el que ya fueron demolidos varios carritos y el emblemático Sky Ranch. Cuando promedie el primer verano del 2000, anunció Roberto Converti, subsecretario de Planeamiento Urbano porteño, “vamos a tener un nuevo parque integral” de acceso público y gratuito, que mantendrá las piletas que lo hicieron famoso, pero administradas por la Secretaría de Deportes.
“Vamos a crear una rambla y una pequeña playa ribereña aprovechando su forma actual y su llegada hacia el río. Va ser un parque más de la ciudad. Hay un plan para parquizarlo, se van a plantar más árboles, y se van a crear paseos costeros de acceso público”, explicó Converti en diálogo con Página/12. El proyecto prevé, además, que las siete hectáreas cuenten con solarios, bicisendas y espacios para la recreación deportiva. “La gente va a poder ir con su sillita playera y su viandita y estar cómoda”, apuntó el arquitecto.
También se demolerán las instalaciones que obstaculicen el acceso al río y se creará un estacionamiento con capacidad para unos cien vehículos. Y los obligados veraneantes de la ciudad podrán disfrutar de su máximo tesoro: los natatorios. Si bien todavía no hay precisiones al respecto, Converti dijo que “se van a rehabilitar para el uso público y estarán a cargo de la Secretaría de Deportes”.
A las 11 de la mañana, el interventor de la Dirección de Privatizaciones y Concesiones de la comuna, Virgilio Loiácono, y una comitiva de funcionarios del gobierno de la ciudad se presentaron en el predio para tomar posesión, y recibieron una indeseable sorpresa, Prefectura, encargada de custodiar el predio –que desde mayo del ’98 se encuentra abandonado–, no estaba notificada. Sin embargo, después de varios llamados, y autorización de por medio, tomaron lo que era suyo y varios camiones empezaron a vaciar los escombros del lugar.
La pugna entre el gobierno porteño y la concesionaria de Coconor data de el 29 de abril del año pasado, cuando la ciudad decretó “la caducidad por incumplimiento del contrato” de concesión, que había sido firmado en 1988 y tenía vigencia hasta el 2007. Entre las irregularidades detectadas, en su momento Loiácono denunció la entrega de subcontrataciones que no estaban permitidas por el pliego original. Además, Coconor no cumplió con la exigencia de destinar 11 mil metros cuadrados para el acceso gratuito al río, y un estacionamiento libre. Por otro lado, la adjudicataria abonaba unos irrisorios 1.716 pesos mensuales de canon al gobierno, cuando sólo por la subcontratación del predio obtenía 72.800 pesos.
Sin embargo, las autoridades porteñas no pudieron recuperar el lugar hasta ayer, ya que la empresa obtuvo una medida judicial de no innovar, y después de varias idas y vueltas entre las partes, “ahora se nos habilitó para tomar posesión” del predio, confirmó Loiácono.
–¿En qué situación quedan las subconcesiones? –preguntó Página/12 al funcionario.
–Todavía no hay una decisión administrativa firme. En principio, nos están pagando a nosotros el mismo canon que le pagaban a Coconor, eliminamos la intermediación parasitaria.
–La estación de servicio EG3, tan cuestionada en el accidente de LAPA, ¿seguirá en el predio?
–La estación está bajo el ojo de la tormenta. No considero lógico y sensato que se mantenga, ya está demostrado que puede ser muy peligroso y ya me expedí en ese sentido. Al caer la concesión de Coconor caen todas las subconcesiones, por lo tanto, en ese caso, el trámite está en estudio administrativo. En la misma situación están un kiosquito y un complejo defútbol cinco. Y una concesionaria de Mitsubishi se retiró por propia voluntad.

 


 

LOS ACTOS, A UN MES DE LA TRAGEDIA DE LAPA
“No fue un simple accidente”

t.gif (862 bytes) A las 20.55 de ayer, en el Aeroparque Metropolitano, un minuto de silencio conmemoró el accidente que, el 31 de agosto a la misma hora, causó la muerte a 67 personas. Antes, los familiares de las víctimas habían leído un comunicado que denuncia la “irresponsabilidad empresarial” y la “falta de organismos de control eficientes”. Estaban acompañados por familiares de víctimas del accidente de Austral en Fray Bentos. En el aeropuerto de Córdoba, durante todo el día entregaron cintas de luto a los pasajeros. Se solidarizaron con las víctimas de la masacre de Ramallo y señalaron “la multiplicación de tragedias con víctimas inocentes”.
“¿Por qué no estamos en nuestras casas, teniendo nuestro duelo personal solos, con amigos o con familiares?: porque lo que pasó no fue un simple accidente. Fue una masacre por irresponsabilidad empresarial, por achicar costos, y por falta de entes controladores eficientes”, dice el comunicado que Daniel Bojanich –quien perdió a su mujer en la catástrofe– leyó en el hall de LAPA del Aeroparque Jorge Newbery.
En su Comunicado a la Sociedad, los familiares señalan la “multiplicación de tragedias con víctimas civiles inocentes”, entre las cuales incluyen la de Ramallo, la explosión de Río Tercero, el atentado a la AMIA, los asesinatos de José Luis Cabezas y Sebastián Bordón, “por nombrar algunos de cientos de casos impunes”. Bojanich agregó para este diario que “tuvimos contactos con los familiares de las víctimas de Ramallo y los de Sebastián Bordón, y les expresamos nuestro apoyo”.
Los familiares portaban una bandera negra donde, escrito en rojo sangre, podía leerse: “La masacre de LAPA. 67 muertes, 93 víctimas y los asesinos en libertad”. Los acompañaban familiares de las víctimas del accidente del avión Austral en Fray Bentos, en 1997. Tras el comunicado se leyeron los nombres de las víctimas y, después, el minuto de silencio.
En el aeropuerto de Córdoba, donde residía la mayoría de las víctimas, durante toda la jornada de ayer los familiares entregaron cintas negras a los pasajeros que se disponían a volar. En el mismo lugar, a la noche, se hizo un acto en paralelo con el de Aeroparque; estuvo presente la madre de Lilian Almada, azafata de Austral que perdió la vida en 1995 cuando la puerta de su avión se abrió en pleno vuelo. “Encuentro de gente contra el desprecio por la vida humana”, denominaron los familiares a su encuentro en el dolor.

 


 

POR EL ESCANDALO DEL 0-600
Susana, hoy en Tribunales

t.gif (862 bytes) “Hola Susana: ¿tu administración es fraudulenta?”. Algo similar le preguntará hoy el juez a la diva, respecto de los concursos telefónicos “benéficos” de su programa de televisión. Según un peritaje, la empresa que organizaba los concursos se quedó con 3.800.000 pesos, y sólo 400 mil fueron para la Fundación Felices los Niños, dirigida por el padre Grassi.
Susana Giménez deberá presentarse hoy a las 9 a Tribunales, donde el juez de instrucción Facundo Cubas le tomará declaración en la causa que la investiga por “administración fraudulenta”. La semana que viene declararán a su vez los directivos de Hard Communication Jorge Rodríguez (actual novio de Su), Jorge Born y Rodolfo Galimberti, y también Luis Cella, ex productor del programa.
El mismo juez había sobreseído a los imputados en agosto de 1998, pero la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo criminal revocó la medida y le ordenó proseguir la investigación. Entonces el juez, accediendo a un pedido del fiscal Martín Niklison, ordenó un peritaje contable: sus resultados fueron que, en 1997 el concurso “Su Llamado” recaudó 16 millones de pesos, de los cuales 3,8 fueron a la empresa y sólo 400 mil pesos a la Fundación Felices los Niños, dirigida por el padre Julio Grassi; legalmente, la Fundación debía recibir el 50 por ciento de lo recaudado.
El delito de administración fraudulenta se castiga con penas de un mes a 6 años de prisión.

 

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