Página/12 En Gran Bretaña
Por Marcelo Justo Desde Londres El viernes próximo se sabrá
si la Justicia británica da luz verde a la extradición del general Pinochet a España.
Así lo anunció ayer el magistrado Roland Bartle, al final de cuatro días de audiencias.
El general Pinochet, ausente con aviso esta semana, deberá comparecer el 8 de octubre.
Sin embargo, según aseguraron a Página/12, los abogados de la defensa presentarán un
nuevo recurso para eximirlo de asistir al Tribunal de Bow Street debido a su estado de
salud. Los expertos en temas de extradición estiman que cualquiera sea la decisión del
juez, las partes apelarán y el caso pasará a la instancia siguiente, el Tribunal
Superior de Londres. Entretanto, los conservadores atacaron al premier Tony Blair por sus
declaraciones ante el congreso anual del Partido Laborista. Pinochet es lo
indecible”, había dicho el premier.
En su alegato final la defensa insistió en los puntos cardinales de su estrategia. Según
los abogados de la exclusiva firma Kingsley & Napley, el juez debe considerar sólo
uno de los 35 casos de tortura que presentó el Servicio Fiscal de la Corona, en
representación del gobierno de España, porque el resto no forma parte de la
autorización para proceder con el juicio de extradición que dio en abril el ministro del
interior Jack Straw. El caso en cuestión es el de Marcos Quesada Yañez, quien murió en
una comisaría chilena el 26 de junio de 1989, es decir después del 8 de diciembre de
1988, fecha en que Gran Bretaña incorporó la Convención contra la Tortura por la que se
busca la extradición de Pinochet. La defensa alegó que el ex dictador no era responsable
de lo que pasaba en cada comisaría del país y que en todo caso los casos de la fiscalía
constituían “trato inhumano y cruel” y no “tortura”.
La diferencia es bizantina pero no irrelevante. El juicio de extradición del general
Pinochet a España se basa en dos cargos, tortura y conspiración para torturar. Si la
defensa demuestra que lo ocurrido fue tratamiento “cruel e inhumano” no habría
delito por el cual extraditar a Pinochet. Para hacerlo, sus letrados Clive Nicolls y
Julian Knowles no dudaron en equiparar las celdas de Londres y las de Santiago y la praxis
del Ejército británico en Irlanda del Norte y la del pinochetista en Chile. Entre los
cálculos de la defensa se encuentra la figura misma del magistrado Roland Bartle que es
miembro del Partido Conservador, y de la nacionalista Royal Society of St. George, cuya
presidencia está en manos de Margaret Thatcher, la más ardiente simpatizante de Pinochet
en Gran Bretaña.
Por su parte, uno de los líderes británicos de la campaña propinochetista, el ex
ministro de Economía Lord Norman Lamont criticó duramente al primer ministro británico
Tony Blair por el discurso que pronunció en el congreso anual del Partido Laborista.
Dirigiéndose a una asamblea abarrotada el miércoles por la noche, Blair deleitó a sus
partidarios diciendo que “hoy el partido conservador es el partido que apoya la caza
de zorros, a Pinochet y a los lores hereditarios: el partido de lo incomible, lo indecible
y lo inelegible”. Lord Lamont indicó que le había escrito al premier para que
explicara sus declaraciones. “La observación de que Pinochet es lo indecible es
gratuita. ¿Quién puede creer ahora que este gobierno es imparcial en el caso?”,
dijo Lamont.
El jefe del equipo de la defensa de Pinochet, Michael Caplan, señaló que también había
escrito al premier ministro quejándose por sus palabras en el congreso laborista. Dentro
de la delicada trama político-diplomática del juicio, las palabras de Blair parecen un
paso en falso. El gobierno laborista ha insistido que el caso Pinochet es un asunto
judicial y no político. Al mismo tiempo la legislación británica estipula que
elejecutivo británico es el punto inicial y terminal de todo proceso de extradición: el
ministro del Interior tiene que dar la autorización para proceder con el juicio y una vez
que la Justicia se ha pronunciado tiene que autorizar la extradición misma, algo que
puede denegar si considera que hay razones humanitarias o de estado que lo exijan. El peso
político en estos casos es fuerte, de ahí la necesidad de una apariencia de neutralidad
que el primer ministro perdió con su discurso.
| Otro capítulo negro La periodista chilena Alejandra Matus, que enfrenta una orden de detención
por publicar un libro que critica al Poder Judicial de su país, consiguió ayer asilo
político en Estados Unidos. “En este momento, si yo fuera a Chile, sería arrestada
y sometida a un proceso injusto”, denunció Matus a la Televisión Nacional de Chile.
Se trata del primer caso de asilo político concedido a un chileno desde la vuelta a la
democracia en Chile, en 1990. Hace seis meses, Matus había publicado en Editorial Planeta
El Libro Negro de la Justicia Chilena, cuya circulación fue prohibida por un tribunal,
tras lo cual la policía recibió la orden de detenerla. Pero la autora logró viajar a la
Argentina el pasado 13 de abril, y desde Buenos Aires se trasladó a la ciudad
estadounidense de Miami. “Es una vergüenza que le tengan que dar asilo político a
una periodista, es grotesco”, manifestó un directivo de Editorial Planeta, Carlos
Orellana. A pesar de que todos los ejemplares fueron incautados por la Justicia, miles
circulan en forma clandestina en Santiago y otras ciudades del país. |
EE.UU. INVESTIGARA LA MASACRE DE NO GUN RI
Un mea culpa sobre Corea
El País de Madrid
Por Javier Valenzuela Desde Washington
Tropas
norteamericanas del Séptimo Regimiento de Caballería masacraron a cientos de civiles
surcoreanos bajo el puente ferroviario de No Gun Ri, a finales de julio de 1950. Ese
siniestro episodio de los comienzos de la Guerra de Corea, denunciado desde hace medio
siglo por los supervivientes y siempre desmentido por Washington, ha sido confirmado ahora
por una larga y exhaustiva investigación de la agencia Associated Press. El Pentágono
anunció ayer que las “nuevas y sólidas pruebas” presentadas por la agencia le
llevan a abrir una investigación sobre el suceso. Los sobrevivientes de la matanza
declararon en un comunicado difundido en Seúl: “El gobierno de Estados Unidos ya no
puede seguir negando su responsabilidad”.
Los sobrevivientes añadieron que su intención es demandar a Washington y exigirle
perdón, indemnizaciones económicas y la construcción de un monumento en el lugar de la
carnicería. Tras entrevistar durante nueve meses a 130 veteranos norteamericanos de la
guerra de Corea, una docena de ellos han confirmado a AP la veracidad de las denuncias
sobre lo ocurrido en No Gun Ri, en la primera fase de los enfrentamientos entre las tropas
de Estados Unidos y las comunistas. Una treintena de sobrevivientes lleva medio siglo
diciendo que, bajo ese puente ferroviario, situado a unos 160 kilómetros al sureste de
Seúl, unos 300 civiles surcoreanos que huían de las hostilidades fueron acribillados por
soldados norteamericanos.
Los veteranos estadounidenses corroboran que abrieron fuego a sangre fría contra una
muchedumbre de refugiados, entre los que habían numerosos ancianos, mujeres y niños, y
cifran en “cientos” el número de muertos. Según documentos de las Fuerzas
Armadas de Estados Unidos ahora desclasificados, los soldados obedecieron órdenes de sus
mandos, que sospechaban que las tropas comunistas de Corea del Norte se estaban
infiltrando entre las columnas de refugiados civiles que huían hacia el Sur.
Seis de los veteranos que confirman la historia aceptan que ellos dispararon personalmente
contra los civiles, otros seis dicen que fueron testigos de la matanza. “Los
aniquilamos”, dice Norman Tinkler, responsable de una ametralladora. “Nos
habían dicho que el enemigo se había infiltrado entre esa gente”, recuerda el
fusilero Herman Patterson.
La unidad que protagonizó la atrocidad fue el Séptimo de Caballería, un regimiento de
la Primera División de Caballería de Estados Unidos. Esa unidad acorraló a los
refugiados bajo el puente ferroviario y los acribilló con fusiles y ametralladoras
pesadas. “Fue una carnicería”, dice el fusilero Patterson.
“Recibimos órdenes de que no pasara nadie, ni civiles ni militares”, rememora
Robert Carroll, entonces teniente del Séptimo de Caballería. “El capitán Melbourne
Chandler, tras hablar con sus superiores por radio, nos ordenó: “Hay que eliminarlos
a todos”, dice el soldado Eugene Hesselman.
Los veteranos norteamericanos sitúan el incidente entre el 26 y el 29 de julio de 1950,
la fecha mencionada tradicionalmente por los supervivientes. Uno de ellos, Chun Choon-Ja,
que tenía 12 años cuando escapó a la matanza, recuerda: “Los soldados
norteamericanos jugaron con nuestras vidas como niños persiguiendo moscas”.
La matanza de No Gun Ri se añade a las tropelías cometidas por Estados Unidos en su
intento por detener el avance del comunismo en Asia. Hasta ahora, el suceso más conocido
era la masacre en la localidad vietnamita de My Lai, en la que soldados norteamericanos
mataron a unos 500 civiles en 1968.
LOS PERFILES DEL DEFENSOR Y DEL FISCAL
Los titanes en el ring (judicial)
El País de Madrid
Los dos tienen el máximo
grado que un abogado puede obtener en el Reino Unido, el llamado QC, o Queen’s
Counselor (abogado de la reina). Los dos se conocen. Uno de ellos, Alun Jones, que roza
los cincuenta años, ha sido alumno de su ahora rival, Clive Nicholls, de unos setenta
años. Jones representa a la Fiscalía de la Corona –que actúa no como fiscal, sino
como abogado de España en el caso–, mientras que Nicholls defiende a Augusto
Pinochet.
El libro que las dos partes y el magistrado, Ronald Bartle, tienen como obra de consulta,
lleva como título el nombre del abogado que pide la extradición de Pinochet: Jones on
Extradition. El terreno de la extradición moderna en el Reino Unido es un coto privado de
Jones.
Al hablar el martes, este hombre que acaba de pasar sus vacaciones en Jimena de la
Frontera, en Cádiz, y que suele llegar a la sala como el estudiante que da un repaso a
sus apuntes hasta el minuto antes del examen, no hizo concesiones. Le dijo al magistrado
Bartle lo que debía hacer, no tanto como defensor de España, sino como el experto de
extradición por antonomasia.
En cierto modo, Jones se la ha jugado, quizá convencido de que Bartle va a fallar a favor
de la extradición. El tiempo –una vez terminado el juicio, se anunciará la
decisión a mediados de octubre– dirá si la apuesta estaba justificada.
Nicholls, de pelo blanco, suele ir en este caso de pobre apaleado. Su voz emite una
especie de cacareo por discurso, a todas luces en desventaja con el verbo y la pose de su
alumno. Si Jones nunca abandona la intención de persuadir, aún cuando suele ser duro,
Nicholls se limita a exponer sus razonamientos. La persuasión no es su negocio; la
decisión es el negociado del magistrado.
Falta en este juicio de extradición la estrella: Claire Montgomery. La abogada de
cuarenta años es la preferida de Pinochet, pero no es una experta en extradición. Por
eso no está.
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