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Por Cledis Candelaresi  A Roque
Fernández le sobran razones para no apoyar al Canal Federal, empecinado objetivo de
Carlos Menem, que pone en riesgo la buena convivencia entre Economía y la Casa Rosada. La
nueva y última versión del proyecto es formalmente desconocida para el Ministerio de
Economía, que sigue resistiendo la firma de los famosos avales. La Jefatura de Gabinete y
la Secretaría de Medio Ambiente, responsables de reformular el ducto, omitieron girarlo a
la Dirección Nacional de Inversión Pública, dependencia del Palacio de Hacienda a la
que compete dictaminar sobre cada obra que financia el Tesoro nacional.
La versión original del Canal Federal era mucho más ambiciosa que la que, finalmente, la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, con el aval de Jorge Rodríguez, habría dejado en pie. Se trataba de un faraónico plan que demandaba 1200 millones de dólares e involucraba a cinco provincias. Pero la firme oposición de Tucumán y Santiago del Estero a ceder agua para una obra con escaso rédito para esos territorios, y la de Córdoba, que vio peligrar el equilibrio de la laguna Mar Chiquita -amparada como reserva por tratados internacionales– obligó a reformularlo. Así, el megaproyecto quedó limitado a un acueducto que llevará aguas desde Catamarca al noroeste de La Rioja, sin que, hasta el momento esté clara la propiedad de las tierras a regar en la provincia natal del Presidente. Sobre la nueva base, la dependencia que comanda María Julia Alsogaray licitó la obra por tramos. Pero, según aseguraron fuentes de Economía a Página/12, el proyecto reformulado jamás fue girado a la Dirección Nacional de Inversión Pública para conquistar su visto bueno. Podría decirse, entonces, que el ministro es responsable de avalar una obra que, desde el punto de vista formal, le es desconocida. Los técnicos de Economía admiten que la traza catamarqueña-riojana tiene menos sentido económico y social del que tenía el superemprendimiento. Una entidad ecologista tucumana aportó más elementos para la duda en un documento elevado al defensor del Pueblo, Jorge Maiorano. Allí, los especialistas argumentan que “es ineludible la participación de Tucumán”, aunque Jefatura sostenga que fue excluida. Esto robustece la inquietud que Roque siente al tener que respaldar con su firma el otorgamiento de avales al grupo de empresas que resultó adjudicatario de aquellos primeros tramos, Techint y Roggio entre ellas. Según un decreto de necesidad y urgencia, de enero pasado, Hacienda está facultada a otorgar esa garantía “a favor de los agentes financieros que provean los fondos”. La obra, contratada por el sistema llave en mano, debería empezar a pagarse en cuotas semestrales, pero sólo un año después de su recepción provisoria. Fernández firmó ese decreto pero, luego, su equipo le hizo ver que podría incurrir en un error con consecuencias penales. Avalar la obra antes de que comience equivale a pagarla íntegramente: las empresas podrían dejar de cancelar los préstamos asumidos para ejecutarla y el Estado, como avalista, tendría que responder, aunque el Canal siguiera siendo un sueño. El secretario de Hacienda, Pablo Guidotti, imaginó el camino más cauto de ir otorgando avales parciales, a medida que la obra avance. La alternativa fue rechazada por las empresas, con el argumento de que esamodalidad no les sirve para ir al mercado internacional a buscar créditos más baratos para hacer la obra.
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Esa
dirección funciona bajo la órbita de Programación Económica, a cargo de Rogelio
Frigerio (nieto), y tiene como objetivo aplicar la ley que crea el Sistema Nacional de
Inversiones Públicas. Desde su creación, todo proyecto de inversión a cargo del Estado
pasa bajo la lupa de esos técnicos, que evalúan la viabilidad de la iniciativa en
cuestión. Con ese consentimiento, el funcionario político puede asumir tranquilo la
responsabilidad de impulsar con su firma un emprendimiento.