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Por Horacio Cecchi Desde San Nicolás Por segunda vez en menos de una semana, el foro de abogados local concentró su atención en un bolillero de madera: ayer, sobre una lista de diez letrados locales volvió a ser sorteado el conjuez que deberá hacerse cargo de la denuncia presentada por Aníbal Ibarra contra el juez Carlos Villafuerte Ruzo, por triple homicidio por omisión en la masacre de Villa Ramallo. Y por segunda vez, la investigación quedará a la deriva. Resultó electo el abogado laboralista Juan José Galera, quien hasta última hora del viernes no se había pronunciado en la cuestión. Pero en el foro local descontaban que Galera se inhibiría, como lo había hecho en primer lugar Villafuerte por cuestiones obvias, el otro juez federal de la zona José María Acosta, y el abogado Juan Murray. Esa convicción se funda en una solicitada muy crítica contra Villafuerte y la policía sobre su actuación durante la masacre, publicada por el Colegio de Abogados de San Nicolás el martes 21. Y Galera es vocal titular del Consejo Directivo. Por una razón u otra, todo indica que los próximos sorteados tomarán la misma decisión. La historia de la denuncia de Ibarra es breve pero original. El lunes pasado, una asesora del legislador porteño se acercó al juzgado federal donde se investiga la masacre de Villa Ramallo y presentó un escrito con la denuncia: triple homicidio por omisión contra el juez Carlos Villafuerte Ruzo y por comisión contra la policía. Al día siguiente, el mismo Ibarra se presentó ante el juez para ratificar su denuncia. Villafuerte ya sabía cuál sería su decisión: tomó el escrito y se excusó de investigarse a sí mismo. A la media hora el expediente había sido girado al otro juzgado federal, el de José María Acosta. Y en cinco minutos, Acosta se expedía sobre el asunto: Mi amistad con Villafuerte me lleva a inhibirme, dijo. El correo del juzgado regresó con el expediente bajo el brazo. Una hora y media después de haber sido ratificado, ya había pasado por dos jueces y un conjuez, el abogado Juan Murray, que resultó sorteado en primera instancia. Murray estaba en La Plata. El miércoles, después de notificarse oficialmente de su designación, planteó que se excusaba por haber emitido opinión durante un debate producido por el canal de cable local. Pero además, Murray es afiliado y militante del Frepaso, y asesor del diputado provincial Tomás Zuelgaray, de la misma línea política. Aunque Ibarra se presentó como particular, es evidente que también pertenece al Frepaso. Eso me impide asumir el cargo de conjuez, sostuvo Murray y dispuso un nuevo sorteo, que se realizó ayer. Bolilla 2, dijo Murray. El número correspondía al laboralista Juan José Galera, quien ayer fue notificado oficialmente. Su respuesta se espera para el lunes. Pero la solicitada publicada el martes 21 de setiembre por el Consejo Directivo del Colegio de Abogados de San Nicolás, en la página 3 del diario local El Norte, adelanta su decisión: Enfáticamente dice la solicitada, repudiamos el accionar asumido por quienes tenían la obligación de preservar la vida, brindar seguridad, afianzar la justicia, asegurar la libertad. Galera es miembro del Consejo Directivo. Lo mismo ocurre con María Cristina Di Pego, que también integra la lista de diez conjueces, y en caso de salir sorteada se supone que rechazará la causa. Otra de las posibles inhibiciones de la lista es la del penalista Hugo Lima, quien el jueves 17 por la noche se presentó en Villa Ramallo como abogado solicitado por los asaltantes, para destrabar las negociaciones. Todos los abogados locales, de una o de otra manera, tomaron posición frente al caso dijo a Página/12 un integrante del Colegio. El tema golpeó mucho acá. En contra o a favor. Es una cuestión ética. Cómo se hace para cambiar de buenas a primeras de casete. Pero además existen motivosmucho más terrenales y prácticos. El que asuma como conjuez va a tener que cerrar su estudio. Es una causa que te consume por entero sostuvo otro abogado. Hay que citar 130 testigos, infinidad de fojas, presiones, la prensa encima. ¿Quién sería capaz de soportar semejante esfuerzo?. Mientras el expediente caratulado Ibarra, su denuncia espera su conjuez, Villafuerte continúa en su despacho avanzando con la investigación sobre la masacre. Ayer, vencido el plazo del secreto de sumario, dispuso prorrogarlo por diez días más.
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