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REVUELO EN TRIBUNALES POR LA PRESENCIA DE SUSANA GIMENEZ
Una declaración con mucho rating

Llegó en un Mercedes Benz y durante 15 minutos no pudo salir por la multitud que se arremolinó en torno de ella. Algunos la aplaudían pero muchos la insultaron. Ante el juez, dijo que no cobró “un solo peso” por el cuestionado concurso telefónico de su programa.

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Por Carlos Rodríguez
t.gif (862 bytes)  Radiante, con esos mohínes a lo yo no fui que tan bien le sientan, Susana Giménez iluminó como estrella fugaz los grises pasillos de los tribunales, que la tienen como imputada por presunta “administración fraudulenta” de una millonaria colecta benéfica. Atraída por la multitud que la esperaba ansiosa, la diva se bajó en el centro del tumulto, estacionando frente al juzgado de Facundo Cubas, en Lavalle 1171, su auto de 90.000 dólares. “Estoy contenta de que el juez me haya preguntado”, declaró a la prensa como si estuviera expresando su emoción por un nuevo Martín Fierro de Oro. En la soledad de la causa, Susana juró ante Cubas y el fiscal Martín Niklison que ella, la mejor paga de la tele, no cobró “un solo peso” de los 18 millones que su programa recaudó en 1997 con la excusa de beneficiar a la Fundación “Felices los Niños” del padre Julio Grassi. En 1998, por un concurso similar –diva al fin–, cambió de idea y se llevó un millón y medio de pesos como recompensa por “ayudar” a otras entidades.

De los 18 millones recaudados en 1997 con el número 0939-1-2222, el padre Grassi cobró apenas 400.000 y en cuotas. Eso lo llevó a poner el grito en el cielo, dado que el acuerdo era por 1.400.000 pesos. Cuando comenzó a funcionar el mecanismo judicial, la presunta estafa adquirió niveles insospechados. Las líneas benéficas 0939 se regían por un viejo decreto, el 7342/65, que establecía con absoluta precisión que a la entidad beneficiaria le correspondía exactamente el 50 por ciento del total de lo recaudado. Grassi, que entabló una lucha mediática con la diva, finalmente volvió al silencio de los claustros y bendijo un acuerdo extrajudicial con la Giménez, que generosamente le donó 680.000 pesos más, con la condición de que se bajara de la querella.

Ayer, a más de un año del comienzo del entuerto, Susana tuvo que ir a los tribunales, como imputada, porque el fiscal Niklison insistió en afirmar ante Cubas que hay una posible estafa que es necesario investigar. Aunque no hay ningún papel que acredite que Susana cobró más que Grassi, se sospecha que su cachet salió de una suma de 2,5 millones de pesos que Hard Communication, la firma organizadora del concurso, atribuye a gastos de “publicidad institucional”.

Como lo establece claramente el derecho penal argentino, aunque no haya una prueba irrefutable, es posible acusar si existe una serie de indicios vehementes y fehacientes que indican que un hecho ocurrió. “Si hay huellas de cuatro patas, una cabeza y una cola, es posible determinar que hubo un perro, aunque el perro haya desaparecido”, explicó a Página/12 una fuente judicial. En la causa está absolutamente probado que Susana Giménez es incapaz de mover un solo mechón de su cabello, dentro del programa, “si antes no queda muy en claro cuál es el dinero que ella va a cobrar”.

La llegada de Susana al tribunal, prevista para las 9, se demoró 15 minutos y otros 10 hasta que finalmente bajó del automóvil, un poderoso Mercedes Benz azul, modelo S-320, con vidrios polarizados, regalo de su novio, Jorge Rodríguez, uno de los dueños de Hard junto con el empresario Jorge Born y el ex montonero Rodolfo Galimberti. Otro Mercedes Benz, con franquicia a nombre de un discapacitado, había provocado a la diva un anterior dolor de cabeza judicial.

na19fo02.jpg (13748 bytes)Muchos de los que esperaron a Susana eran periodistas. Los curiosos, varias decenas, se agruparon sobre las dos veredas de Lavalle al 1100 o se asomaron por las ventanas de los diez pisos del edificio donde Cubas tiene su despacho. Hubo gritos, la mayoría insultos dirigidos a la diva en orsay y a la policía. “¡Ojalá que esta noche haya tantos canas en mi barrio!”, dijo Carlos, un hombre de barbita que trató de llamar la atención de la prensa, rivalizando con una dama, de apariencia falsamente calma, que con voz chillona maldecía: “¡Devolvé el dinero que robaste!”.

En ese clima de máxima excitación, la diva bajó acompañada por un séquito masculino: su novio, su abogado y ex juez Oscar Salvi y dos jóvenes corpulentos que, por su aspecto, podían ser custodios implacablesu objetos sexuales en las noches del Golden. Unos treinta efectivos movilizados por la comisaría 33ª trataron de contener a la multitud, apretujada como en el subte a las seis de la tarde.

La indagatoria se prolongó hasta las 12.35, cuando Susana volvió a salir tan primorosa como antes. “Siempre estuve tranquila y estoy contenta de que el juez me haya preguntado”, sostuvo como si saliera de una reunión de amigos. “No tenía miedo porque siempre, toda su vida, ha obrado en forma correcta”, ratificó su abogado. Salvi aseguró que las respuestas de su representada fueron “tan contundentes que ni el fiscal ni el magistrado tuvieron lugar para las repreguntas”.

En la causa, la situación no sería tan tranquila para la diva y mucho menos para Hard y para los directivos de Telefé, que están citados para la semana próxima. Estaría acreditado que se llevaron dividendos más jugosos que los que percibió el padre Grassi. En cuanto a Susana, está probado que en 1998, al año siguiente del conflicto, cobró un millón y medio de pesos por las colectas benéficas, esta vez a través de la característica 0609. “Es imposible pensar que cobró ese año y que regaló su trabajo el año anterior”, comentó una fuente allegada a la causa.

 

La causa porlos 0-600
Además de la presunta estafa contra la fundación del padre Grassi, el juez Facundo Cubas investiga denuncias por sobreprecios en facturas telefónicas, de las líneas 0-600, de audiotexto, y también en llamadas internacionales. La causa viene tramitando en forma paralela, aunque en este caso las investigadas son Telecom y Telefónica. Sobre centenares de denuncias, han avanzado 16 casos que corresponden a Telefónica y cuatro de Telecom. Se trata de facturas por dos o tres mil pesos, inusuales en usuarios que habitualmente pagaban 50 o 60 pesos por bimestre. Lo más frecuente es la superposición de llamadas, a distintos destinos, en el mismo día y hora. También les facturaron llamadas internacionales, sin operadora de por medio, a usuarios que tienen bloqueado el DDI.



El negocio que se quedó sin tono

A un año y medio del escándalo del “Su llamado” –el concurso telefónico de supuesta beneficencia a la fundación “Felices los Niños”, del padre Julio Grassi–, el suculento negocio de los juegos de azar telefónicos por televisión desapareció. “Hoy, el 99 por ciento de los pedidos de autorización” para colocar un juego en la pantalla chica “son para promociones gratuitas”, es decir, donde el que llama por teléfono no tiene que abonar un centavo más que una llamada telefónica común, explicó a Página/12 Juan Carlos Sánchez, gerente de Promociones y Colectas de Lotería Nacional, área que funciona justamente desde mayo del ‘98.

En ese momento, el Ejecutivo, en su decreto 588/98, impuso un nuevo marco regulatorio para los juegos, concursos y sorteos en programas de televisión, radio, diarios y revistas. Y Lotería Nacional se convirtió en la autoridad de aplicación en un rubro en el que había un gran vacío legal. En el inicio de la temporada 98, 15 ciclos televisivos incluían los 0609 para atraer a la audiencia. Y en muchos casos, se ocultaba el valor del llamado (tres pesos más IVA) o no se explicaba exactamente cuál era el funcionamiento del juego, con lo cual el televidente llamaba varias veces y se enteraba de su error recién cuando tenía que pagar la abultada boleta de teléfono.

El decreto 588/98 estableció que se deben “destinar como mínimo un 35 por ciento de la recaudación a los premios para los concursantes y un 15 por ciento para atender requerimientos administrativos. De lo que resta, la empresa define cuánto va a destinar a fines de asistencia social, aunque debe ser un porcentaje acorde con los restantes”, comentó Sánchez.

A partir de allí, se produjo la desaparición obligada de los 0609. “La normativa planteó dos alternativas de promociones para los programas: las que no implican gastos por parte del público, es decir, las gratuitas. Y las onerosas, que sí implican pago del participante –explicó Sánchez–. Entonces, se suspendieron los servicios de audiotexto. Y, en este momento, el 99 por ciento de los pedidos de autorización son de promociones gratuitas.”

 

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