Por Alejandra Dandan El casino flotante es blanco
de apuestas entre quienes buscan hundirlo y los que se ocupan de su rápida apertura. El
gobierno porteño prepara toda su artillería legal para clausurarlo apenas un croupier
largue la primera bola: se instruyen tropas de inspectores municipales y fiscales
contravencionales que se mantendrán alertas ante cualquier maniobra. Desde el bando
opuesto, Página/12 pudo saber que Lotería Nacional acaba de presentar un recurso de
amparo ante el juzgado federal de Ernesto Marinelli para impedir la clausura. La empresa
Cirsa, que ganó la licitación del casino, ya viene haciendo negocios con Lotería
Nacional: desde diciembre es concesionaria del sistema de apuestas “en tiempo
real”. Con su ingreso Lotería obtuvo un 12 por ciento de rebaja por el pago de ese
servicio. Ahora Cirsa prepara, cautelosa, el inicio del juego: no inaugurará la sala
oficialmente hasta 60 días después de la apertura. Temen, en caso de una clausura, hacer
un papelón frente a los medios y espantar a esa clientela a la que exigirán un mínimo
de 300 pesos para ingresar. La batalla es millonaria, aun si el próximo gobierno quisiera
cerrarles el negocio. La empresa ya calcula que, en caso de una rescisión del contrato,
la demanda contra el Estado superaría los 100 millones de dólares. De todos modos, Cirsa
prueba suerte con otra apuesta: el lobby. Este diario puedo saber que directivos de esa
empresa se reunieron con el dirigente radical Enrique “Coti” Nosiglia para
mejorar su chance de supervivencia poselectoral.
La sala de juegos flotante se prepara para ser fastuosa. Intenta reclutar a sus clientes
entre el público de Las Vegas y del Casino Conrad, de Punta del Este. Por eso
–adelantó Jorge Lima, vicepresidente de Lotería Nacional– exigirán como parte
del rito de entrada 300 pesos. Se cambiarán por fichas, que podrán volver a convertirse
en dinero a la salida. El barco estará encallado a pocos metros de la Ciudad Deportiva de
Boca. No zarpará, a menos que exista un programa especial. Casinos Buenos Aires, la
concesionaria, intentará la proeza de abrirlo entre el 5 y el 12 de este mes. Existe la
sensación de pánico entre sus dueños, aunque ellos prefieren la palabra incertidumbre
para referirse a esa fecha. Nadie sabe aún si la primera bola rodará en alguna de las
treinta mesas de ruleta de la nave. Por las dudas, para ese día Cirsa no hará
invitaciones ni anuncios publicitarios: “No podemos arriesgarnos a tener todas las
cámaras encima y que se nos venga la orden de clausura”, anticipa un vocero de la
empresa. Esa cautela expectante se mantendrá, al menos durante sesenta días. Recién
entonces y, “de acuerdo a cómo devenga la situación -continúa la fuente–, se
abrirá oficialmente”.
Ese devenir está sujeto a una confrontación judicial sangrante entre Nación y Ciudad,
enfrentados en dos bandos de combate: Lotería presentó un pedido de recurso de amparo
ante Marinelli para impedir la clausura del barco, prometida por el gobierno porteño.
Integrante de las tropas rebeldes, el vicejefe de Gobierno porteño, Enrique Olivera, basa
su argumentación de razones en la Constitución de la Ciudad y un dictamen del procurador
general, Ernesto Marcer, prohibiendo la instalación del casino. “La ciudad
–dijo Olivera a Página/12– posee el poder de policía sobre esta actividad que
se desarrolla en el Río de la Plata o eventualmente en el puerto. No podemos habilitar
casinos privatizados en la jurisdicción o ámbito de competencia de la Ciudad”. Sin
intenciones de discutir sobre el tema, Olivera se puso serio:
–Vamos a clausurar el casino.
Por esta amenaza, Lotería rediseñó, rápido, su apuesta. En principio, con el recurso
de amparo prolijamente sostenido. Lima explicó que “el casino está sobre el río y
esa zona es jurisdicción de la Nación”. Y repite: “Nunca las aguas del río
estuvieron en jurisdicción de una provincia o un municipio”. Lima termina invocando
a Cancillería: “Hasta podría tratarse de un problema que debe dirimirse
allí”. Otro punto dediscusión toca el costado más querido por Lotería: la
potestad del juego. Hace dos semanas la Legislatura incluyó en el Código Contravencional
el juego clandestino. La Ciudad quedó así con atribuciones para controlar las
actividades vinculadas con el ocio timbero. Lotería reconoce esa facultad: “Es
idéntico a un proyecto que presentamos nosotros –dice Lima–, sólo le cambiaron
una línea”. De todos modos, le pone un límite obvio: el juego legal. “Sólo
nosotros tenemos la potestad para hacerlo”, vuelve a repetir.
Plan B
El día en que el Casino se atreva a abrir recaerán sobre él la clausura y el recurso de
amparo. Para cruzarle al barco la faja de cierre, el gobierno adiestra tropas. La
vanguardia estará formada por policías municipales. “Pedirán la habilitación para
funcionar y, como nosotros no se las vamos a dar –por lo tanto, Cirsa no la
tendrá–, lo cerramos”, dice Olivera. Si Cirsa desoye el comedido veto, será la
retaguardia quien saldrá al cruce: “Enviaremos fiscales contravencionales y será la
Justicia quien decida”, vuelve a explicar el funcionario.
La medida de amparo impediría –en lo inmediato– un deshonroso cierre. Pero las
estrategias contra el fundamentalismo lúdico no se agotan. En la Legislatura estudian en
comisión el proyecto sobre la ley de juego originalmente presentado por Jorge Srur, de
Nueva Dirigencia. La ley sería sancionada el 7 de octubre y sancionaría la apertura de
casinos en cualquier punto de la ciudad.
Como con esta ley quedarían sin resolver las complicadas hipótesis de límites, Srur
busca consenso para nuevas estrategias de ataque. La intención es el cierre del casino.
El método: el boicot. “Se podrían enviar inspectores –especula el
diputado– que paren a los jugadores que vayan saliendo y les pidan los tickets”.
Srur considera ese ticket como prueba para detener a los jugadores por participar del
juego ilegal. “A nadie le va a gustar pasar por esto y se les van a ir las ganas de
entrar al Casino”, sigue.
Si falla, existe un plan B: “Los que provean servicios y medios para el barco
–continúa Srur– serán considerados partícipes necesarios porque están
favoreciendo la actividad ilegal”. Ese plan B recrearía así un temeroso cerco
económico sobre el barco. Y sí aun la resistencia de Cirsa se obstina en persistir,
Diputados podría poner en marcha el drástico plan C: todos contra Lotería. “Se
podría quitar todas las licencias de Lotería para explotar el juego en la Ciudad, así
dejarían de existir los lugares de apuestas”. El hombre notoriamente indignado dice:
–No puede ser que nos abran un casino con toda la oposición de la Ciudad.
Marea de ganancias
La empresa no opina. Su vocero, reunido ahora con este diario, se acomoda el saco y
declara: “Nosotros tenemos un contrato con Lotería, acá son ellos los que tienen
que hacer alguna acción”. Página/12 pudo saber que Cirsa mantuvo contactos con
Nosiglia para acelerar un acuerdo con De la Rúa. De todos modos, la clausura del casino
originaría una demanda contra Lotería que, de prosperar, deberá pagar el próximo
gobierno.
–Nunca será una demanda inferior a cien millones –dijeron voceros.
En julio, la empresa logró la concesión para explotar y operar el centro de juego
flotante. La puesta en funcionamiento de la nave costó 60 millones de dólares y sólo
por el traslado del buque de tres pisos, de 88 metros de largo, pagaron 500 mil. Para
recuperar la inversión, la empresa calculó como mínimo un plazo de cinco años, monto
base de la demanda. La facturación anual se estima entre 30 y 40 millones de dólares, de
los cuales 18 por ciento es ganancia líquida. Con estos números bajo el paño, el juicio
sumaría inversión, lucro cesante sobre los 15 años prometidos de concesión y daños y
perjuicios. Bajo esa hipótesis de conflicto a largo plazo, Olivera dice: “Lo que
haría cualquier gobierno es revisar la legalidad del contrato y será la ley quien
resuelva”. No dijo más. Sólo soltó el garrote:
–Es inadmisible, lo que hace la Ciudad es una condena política a una licitación que
se hizo poquito tiempo antes de las elecciones.
Cómo será el nuevo casino
Por A.D.Casinos
Buenos Aires es la operadora del buque de juegos. El 99,99 por ciento pertenece a Cirsa,
una corporación española cuyo imperio creció por la producción de máquinas
tragamonedas. Su propietario es Manuel Lao Hernández, dueño del casino de Marbella. En
el país tiene, desde mayo, el 70 por ciento del casino de las Nubes, en Salta, y la
atención de los tragamonedas de Mendoza. Entusiasmado con sus megainversiones, Lao planea
abrir otro barco-casino, posibilidad estipulada en el contrato. Pero por ahora se ocupa de
este barco de 88 metros de largo y programa la estructura de servicios necesarios: entre
ellos negocia un convenio con el Banco Provincia para instalar cajeros automáticos en las
inmediaciones.
El barco se abrirá con treinta mesas de ruleta. Las apuestas serán de un peso de mínimo
y cincuenta de máximo en las baratas y, las costosas, requerirán apostadores capaces de
gastar diez de mínima y 500 de máximo. En las cien máquinas tragamonedas, la ficha
valdrá entre veinticinco centavos y cinco pesos. Después, las tragamonedas serán 600 y
las mesas de ruleta, 70. La lista lúdica suma black jack, pocker y punto y banca.
El primer contacto de Cirsa con Lotería lo inició Lao en diciembre del año pasado.
Hasta allí, Ciccone Calcográfica operaba para Lotería el sistema de apuestas on line,
un servicio informatizado que reemplazó la vieja perforación y permite apuestas en
tiempo real. Ciccone le cobraba a Lotería 19,7 por ciento sobre lo recaudado. En
diciembre vendió el contrato a Cirsa. “Se trató de una venta entre particulares
–dice Jorge Lima, vicepresidente de Lotería– en la que nosotros sólo
supervisamos”. Lima cuenta de su triunfo: “Con la renegociación conseguimos que
la prestadora baje su cuota un 12 por ciento”. Así, seis meses antes de la
licitación del Casino, Cirsa favoreció a Lotería bajando su renta por el servicio on
line de 19,7 a 7,7 por ciento.
Antes de la licitación, el presidente Carlos Memen firmó un decreto que revirtió la
distribución de las ganancias líquidas: destina al Estado 20 por ciento, mientras antes
el monto era del 80. El decreto rige para los casinos nacionales. El único casino
nacional es el buque flotante. |
UN PROYECTO BAJO UN MANTO DE SOSPECHAS
El de Tigre abre en octubre
Por M.C.
El casino
de Tigre se inaugurará el mes próximo. La apertura, prevista originalmente para octubre,
se corrió sugestivamente para después de las elecciones para evitarle un nuevo
escándalo al gobernador Eduardo Duhalde en el tramo final de la campaña. Es que la sala
de juegos –será la única (legal) del conurbano– abrirá bajo fuertes sospechas
de que esconde un negocio armado exclusivamente para el empresario Santiago Soldati y su
socio Bolt SA, en perjuicio del Estado provincial. Se estima que generará pérdidas al
fisco cercanas a los 2000 millones de pesos en los 10 años que durará el contrato,
mientras que el concesionario recuperará la inversión por el edificio en menos de un
año y le quedarán 9 más de rentabilidad pura, de acuerdo con las primeras conclusiones
de la comisión especial legislativa que investiga la legitimidad de la adjudicación
directa, rubricada por un decreto de Duhalde.
El contrato con Bolt y Tren de la Costa lleva la firma del presidente del Instituto
Provincial de Lotería y Casinos, Jorge Rossi, quien se negó a atender a Página/12.
Rossi está empeñado en obstaculizar la tarea de la comisión investigadora: el 9 de
setiembre les prohibió a sus miembros el ingreso al organismo, pero luego el juez de
Garantías de La Plata, César Melazo, lo intimó a abrirles las puertas. Rossi recurrió
entonces a la Suprema Corte y pidió que le impidiera a la comisión continuar con su
trabajo por considerar que no tiene legitimidad para analizar las cuentas del instituto.
El miércoles último, el funcionario puso otra traba: esta vez no permitió a los
auditores entrevistar a técnicos del instituto. “Rossi está buscando ganar tiempo
hasta las elecciones”, confiaron fuentes de la gobernación.
La comisión fue creada por la Legislatura bonaerense el 1º de julio, impulsada por el
radicalismo y el Frepaso, sobre la base de la Ley 4650 que habilita al cuerpo a examinar
el estado del tesoro y el destino de los fondos recaudados.
Hasta el momento, la comisión que preside el diputado radical Pedro Tunessi encontró los
siguientes puntos oscuros en el contrato plasmado en el decreto 726, firmado el 23 de
marzo por Duhalde:
 No hubo
licitación y el gobierno se comprometió a que no haya otro casino a 150 kilómetros a la
redonda del partido de Tigre.
Le otorgó al
consorcio generosos beneficios, en perjuicio de las arcas estatales. Hasta este convenio,
la provincia siempre acordó con el propietario de los edificios donde funcionan casinos
bonaerenses el uso gratuito del espacio para juego, a cambio de la explotación de
restaurantes y playas de estacionamiento. Así ocurre en Valeria del Mar. En el caso de
Tigre, además de todos los servicios complementarios, se quedarán con la rentabilidad de
2500 máquinas tragamonedas. Por el primer ítem, las ganancias anuales para el consorcio
se calculan en 20 millones de pesos y por el segundo, en 87 millones, según surge de un
informe de las firmas al que tuvo acceso Página/12, en el que, por otra parte, precisan
que la construcción del edificio no les demandará más de 70 millones.
El Estado, en
tanto, percibirá el otro 50 por ciento de la rentabilidad de las máquinas y el total
producido en las mesas que, llamativamente, apenas serán 20. De acuerdo con la demanda
tradicional de juego en la Argentina y teniendo en cuenta que se esperan alrededor de 8000
visitantes diarios en la sala de Tigre, la comisión calculó que deberían instalarse
unas 200 ruletas. Esta omisión le ocasionaría al fisco unos 100 millones de pesos al
año.
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