|
Por Diego Schurman La CGT va por más. Luego de arrancarle a Carlos Menem un compromiso para participar en el manejo el dinero de las obras sociales, ahora solicitará al Presidente que aumente el número de representantes sindicales en el ente tripartito que administrará ese fondo. El pedido, según revelaron a Página/12 fuentes de la central obrera, se formalizará esta semana ante el secretario general de la Presidencia, Alberto Kohan. Durante una partida de golf, Menem prometió el martes que devolverá a la CGT el control de los 400 millones de dólares originados de la recaudación anual de las obras sociales, tal como informó este diario en su edición del miércoles. En otras palabras, dio lugar para que la central sindical se incorpore a la Administración de Programas Especiales (APE), un organismo dependiente del Ministerio de Salud que ahora con la inminente participación de gremialistas y también de empresarios se transformará en un ente tripartito. En el decreto original redactado por el Gobierno, que aún no cuenta con la firma de Menem, la CGT tiene reservados tres lugares en el directorio, mientras que los empresarios uno y el Estado cuatro. En las próximas horas, los sindicalistas intentarán convencer a Kohan de invertir el número de sillones que le corresponde al Estado y a la central sindical. Kohan se ha convertido en el puente con el que la CGT llega a Menem. El secretario General de la Presidencia fue uno de los anfitriones de los sindicalistas cuando el martes disfrutaron juntos de los links y un asado monumental en el Club Armenio, donde tiene casa propia Armando Gostanian, un inseparable de Menem. Los sindicalistas quedaron embelesados con cada uno de los gestos provenientes del círculo áulico del Presidente. Ya no sólo por las promesas de compartir un espacio conjunto ante un eventual triunfo del candidato de la Alianza, Fernando de la Rúa. También agradecieron la decisión de Menem de repartir entre los presentes los habanos Cohiba que el líder cubano, Fidel Castro, le envía periódicamente. Así, los líderes gremiales se regodearon en una mesa por donde desfilaron distintas carnes rojas, empanadas y turrones árabes, todos bien rociados con vino Menem. El festejo era entendible: habían conseguido un compromiso para recuperar el manejo del dinero de las obras sociales. Ahora, de obtener el lugar extra en el directorio de la APE, la CGT no sólo mejorará ostensiblemente su relación de fuerzas en el organismo. También logrará evitar fricciones dentro de la propia estructura sindical. Es que, de haber cuatro lugares, el reparto de cargos será proporcional al poder que los gremios tienen en la central obrera: tres les corresponderían a los cegetistas puros y el restante a un miembro del Movimiento Obrero con Propuesta (MOP), la fracción menemista que lidera el petrolero Antonio Cassia. De hecho ya hay nombres en danza para ocupar esos cuatro lugares. Por la CGT se menciona a Carlos West Ocampo, de Sanidad, Armando Cavalieri, de la Federación de Comercio, y Luis Barrionuevo, de los gastronómicos. Por el MOP se barajan dos nombres, el del textil Pedro Goyeneche y el del telefónico Rogelio Rodríguez. La decisión de Menem al margen del número de cargos que finalmente les otorgue a los sindicatos no sólo permite a la CGT el manejo de dinero sino una cuota importante de poder. Es que el decreto prevé una duración de cuatro años en el cargo. Así, la APE será una fuerza de choque para negociar, desde una posición de privilegio, con las autoridades nacionales que surjan de los comicios de octubre. Menem cumple así con dos objetivos: asegurarse el respaldo de sus amigos gremialistas ante la eventualidad de un gobierno de la Alianza y acallar los reclamos de la CGT por una deuda de 1000 millones que el Gobierno mantiene con las obras sociales sindicales y el PAMI. El fondo de 400 millones de dólares que volverán a estar en manos de los sindicalistas se compone del 10 por ciento de los aportes anuales de los trabajadores y empresarios. La mitad de ese dinero se redistribuyeautomáticamente entre todas las obras sociales para compensar las cápitas que no alcanzan el mínimo de 40 pesos. Los otros 200 millones de dólares se reparten de acuerdo a las demandas de servicios de alta complejidad, trasplantes y atención a portadores de sida. Pero la realidad indica que esa asignación es dicrecional y responde a intereses políticos.
|