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son los miembros que integrarán el Directorio de la APE (Administración de Programas
Especiales) en representación de los “...trabajadores organizados...” según el
nuevo decreto de “supuesta” necesidad y urgencia porquenosvamos que el
Presidente Menem les prometió a un puñado de amigos el martes pasado. Cuatro los años por los que se elige a los nuevos representantes. Y
cuatro los millones que por mes distribuye la ANSeS automáticamente a Osecac, la obra
social de Armando Cavalieri. ¿Cómo se llama la película? Arma mortal IV.
El sistema de obras sociales nacionales recauda alrededor de
4 mil millones de pesos por año. El 10 por ciento de esa suma integra el Fondo Solidario
de Redistribución. Desde el año ‘95 ese dinero se distribuye automáticamente. La
mitad destinada a cubrir el mínimo de 40 pesos de aporte por grupo familiar y el resto
afectada a garantizar la solidaridad del Sistema por vía de subsidios que cubren
atención de HIV, trasplantes, prótesis, etc., administrada por la APE.Hasta el último
torneo de golf realizado en el country Armenio con presencia obligada de sindicalistas, la
APE era administrada por un director designado por el Estado. Después del hoyo 18 el
organismo tendrá un presidente y 8 miembros. Como dijimos, cuatro por la CGT, uno por la
UIA y 3 por el Estado si no hay cambios de ultimo momento. La designación por cuatro
años pretende garantizar que habrá “amigos” hasta el 2003. Y una distribución
basada en esa “amistad” más que en una verdadera concepción solidaria. La
asignación incorrecta de recursos es la verdadera fuente de corrupción. La posible
eliminación del síndico designado por el Ministerio de Salud como había previsto el
decreto original no parece ayudar a la transparencia que debe regir los destinos del
organismo que debe proveer los recursos para equilibrar los déficit del sistema.
La decisión de excluir del Presupuesto Nacional el FSR
(fondo solidario de redistribución) tampoco parece una buena determinación. Hasta ahora
el Ministerio de Economía podía echar mano de los recursos destinados a la APE para
cubrir faltantes y cumplir metas financieras. A partir de ahora, el total de los fondos a
redistribuir deberá acreditarse en las cuentas de las obras sociales. La formación de un
directorio con ocho miembros y la ausencia de control que el decreto prevé, tiñe de
sospecha la buena decisión de poner fuera del Ejecutivo la distribución de los fondos.
La jugada oficial queda entonces al desnudo. La excusa: recaudación fuera del Presupuesto
para que el futuro ministro de Economía no haga lo que hasta ahora hizo el gobierno.
Tomar recursos de la salud de los ciudadanos y afectarlos al cumplimiento de metas
fiscales. La solución: poner a los “amigos” para custodiar lo ajeno. Un nuevo
desafío para el próximo gobierno. Una piedra más en el camino a la reforma del sistema.
Una reforma que reclama en forma urgente:
 Corregir las
inequidades de la libertad de opción.
Transparencia
para asignar correctamente los recursos.
Profesionalizar la gerenciación.
Informatizar
para evitar el manejo discrecional de padrones, el despilfarro en el consumo y la
evasión.
Uniformar la
gestión a través de un software común y estándar.
Obtener fondos
genuinos de financiamiento para enfrentar la deuda de todas las obras sociales que
integran el sistema. Bono de Consolidación.
En suma, corregir un sistema para que la salud sea algo de
todos y no algo de “amigos”.
* Senador provincial de la Alianza y coordinador de la Comisión de Obras Sociales
de la Fundación Auyero. |
