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Por Horacio Verbitsky  Buenos
Aires, que se vanaglorió de tener la calle más larga y la avenida más ancha del mundo,
también puede jactarse ahora de la autopista por peaje más cara del planeta. Así se
desprende de la demanda judicial de inconstitucionalidad presentada por los legisladores
Gustavo Beliz, Jorge Srur y Miguel Doy contra el decreto del gobierno de la Ciudad que
autorizó la renegociación del contrato de concesión de la autopista Illia. Su resultado
fue el aumento de 100 por ciento del peaje: de cincuenta centavos a un peso para recorrer
sus escasos tres kilómetros, que van de la avenida 9 de julio hasta Cantilo y Costanera
en un sentido y desde el fin de la autopista Lugones hasta el centro de la Ciudad, en el
opuesto.La denuncia de los legisladores incluye un cuadro comparativo del precio por kilómetro de las distintas autopistas del la Ciudad y el Gran Buenos Aires. El peaje autorizado por la Ciudad, a cambio del compromiso del concesionario de hacerse cargo del mantenimiento, iluminación y bacheo de la Avenida Lugones y de construir dos nuevas bajadas de la Autopista, es de 33 centavos por kilómetro, el triple del promedio de las demás y casi diez veces más que en la avenida Panamericana. La mejora obtenida por la Empresa Concesionaria Vial Metropolitana es aún mayor. El aumento de cincuenta centavos a un peso regirá durante tres años y medio y luego habrá un nuevo incremento, a un peso treinta, que se cobrará hasta finalizar la concesión, otros dieciséis años después. Según el cálculo de los legisladores de Nueva Dirigencia, si el tránsito se mantuviera en los actuales 50.000 vehículos por día esto implicaría en los 20 años de la concesión un ingreso adicional de 260 millones de pesos. Con el contrato adicional los ingresos del concesionario serían de 174 millones, con el renegociado de 434.
El 7 de diciembre pasado, en la primera reunión de la conducción de la Alianza
posterior a las
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La presentación de Beliz y sus compañeros de bloque sostiene que la
duplicación del peaje acordada implica la creación de un tributo por decreto, en
violación del artículo 103 de la Constitución local y que el gobierno de la Ciudad
debió haber citado a los usuarios a una audiencia pública para que pudieran ejercer sus
derechos constitucionales a la participación y a la defensa de sus intereses. Añade que
se incorporaron a la concesión los distribuidores Scalabrini Ortiz y Udaondo, se
comprometió la entrega del Velódromo y se prorrogó la cesión de uso de ocupación de
terrenos de la Ciudad, violando la Constitución local y la ley que obliga a celebrar
audiencias públicas en tales casos. Concluye señalando que también se violaron los
principios de proporcionalidad e igualdad de los artículos 4 y 16 de la Constitución
Nacional, ya que la Autopista Illia es la continuación del acceso desde la provincia de
Buenos Aires de la autopista Panamericana, cuyo peaje es nueve veces y media inferior.
Esto implicaría gravar en forma subrepticia el tránsito entre jurisdicciones, cosa
prohibida por el artículo 21 de la Constitución Nacional. 
elecciones internas que determinaron su
fórmula presidencial, radicales y frepasistas exigieron al gobierno nacional que "se
abstenga de cualquier negociación que obligue indebidamente al Estado más allá de la
vigencia de su mandato" y advirtieron que de llegar al poder revisarían todas las
negociaciones "ilegítimas", entre otras de los contratos de peaje. Dos semanas
después, el 22 de diciembre, por el decreto 3135/98 Fernando De la Rúa autorizó a hacer
en la Ciudad, con la concesión de la Autopista Illia, lo mismo que la Alianza le
cuestiona a Menem en la Nación.