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 "Es un
elemento de prueba contundente sobre el vínculo entre policías y ladrones para
delinquir." Así se refirió Alejandro Mosquera, presidente de la Cámara de
Diputados de la Provincia de Buenos Aires al reportaje publicado ayer por este diario,
donde un hombre vinculado a los asaltantes del Banco Nación en Villa Ramallo reveló que
la acción "fue una entregada de la policía". Los datos se incluirán en el
pedido de informes que el ministro de Seguridad y Justicia bonaerense, Carlos Soria, debe
contestar en la Legislatura. A partir de aquí, la investigación debe atender a dos
posibilidades: a) el policía entregador actuó simplemente para obtener su parte en el
botín; b) la entrega fue parte de una "cama" tendida a los asaltantes para, al
apresarlos, demostrar la eficacia de la "mano dura". En todo caso, señaló
Mosquera, la posible presencia policial en la organización del asalto "no debe ser
usada para eludir la responsabilidad de los funcionarios policiales que estuvieron en la
masacre y siguen en sus cargos". "Vamos a sumar los datos del reportaje de Página/12 a nuestro pedido de informes al ministro Soria sobre la posible vinculación de sectores policiales con la organización del asalto al Banco Nación de Villa Ramallo", anunció Mosquera. Ayer este diario dio a conocer las declaraciones de un hombre que estuvo a punto de participar en el asalto, pero se abrió a último momento. Según su testimonio, los datos que usaron los asaltantes les fueron entregados por un oficial de la Policía Bonaerense. Mosquera entendió que "el reportaje es un elemento de prueba contundente sobre la vinculación entre policías y ladrones en el delito". Para el legislador, "la presencia del entregador policial muestra que persiste una zona gris entre la policía y delincuentes, que persiste a lo largo de las sucesivas políticas en seguridad en la provincia de Buenos Aires; esta zona gris conduce a los negocios en común entre policías y delincuentes y culmina en una serie de asaltos a bancos, organizados como operaciones tipo comando". Pero, además, la presencia del entregador policial "se da en el marco del reclamo de 'mano dura' del vicepresidente Carlos Ruckauf y de la necesidad del anterior ministro de Seguridad, Osvaldo Lorenzo, de mostrar la eficacia de esa dureza. Así, es creíble la hipótesis de que la entrega de datos respondiera a una 'cama' para apresar a los asaltantes y sostener el pacto entre jefes policiales y poder político", observó Mosquera. En todo caso, el tema del entregador "no debe ser utilizado por las autoridades para eludir la responsabilidad concreta de los funcionarios policiales que estuvieron presentes en la masacre y siguen en sus cargos: los comisarios Rubén Parravicini, director de Operaciones; Santiago Allendes, director general de Investigaciones; y Carlos Miniscarco, a cargo de Investigaciones Complejas y Narcocriminalidad. Todos ellos estaban en Villa Ramallo pero ninguno se puso al frente del operativo para unificar el mando y poner fin a la descoordinación", destacó el titular de la Cámara baja bonaerense. Para Juan Luciano, abogado de Carlos Martínez --detenido en Olmos, único sobreviviente de los tres asaltantes--, "no hay dudas de que hubo un entregador, como lo sugiere el hecho de que precisamente ese día había en el tesoro del Banco una suma de 300.000 pesos, muy superior a la habitual. Pero no sé si el entregador fue un policía o un empleado del banco". Por su parte María del Carmen Verdú, que además de integrar la Coordinadora contra la Represión Policial (Correpi) es abogada de los familiares de Martín Saldaña --el asaltante que, poco después de ser detenido, apareció muerto en su celda--, se manifestó "ciento por ciento de acuerdo" con la posibilidad de un entregador policial, lo cual, a su criterio, forma parte de una práctica frecuente: "Actualmente no hay robo a un banco que sea posible sin participación de un miembro de fuerzas de seguridad en algún tramo del iter criminis, del desarrollo del delito: en la información, o en la inteligencia previa, o vendiendo armas o alquilándolas, o proveyendo una 'zona liberada', o participando físicamente en el asalto". Verdú señaló que "hoy en día la seguridad de los bancos está manejada por empresas privadas que indican dónde poner la garita del custodio, el detector de metales, la cámara de video: la enorme mayoría de estas empresas son propiedad de policías retirados o incluso en actividad, mediante testaferros. Uno de estos policías está siendo investigado porque tenía en su casa carpetas con información sobre distintos bancos".
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