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Por Raúl Dellatorre  Ex
trabajadores de YPF denunciaron a los ministerios de Economía y de Trabajo, a los
últimos directorios de la empresa y a la empresa Repsol por presunta estafa en la venta
de las acciones de la petrolera, que incluyó la participación que correspondería a
dichos ex empleados por el Programa de Propiedad Participada (PPP), sin que se les hubiera
reconocido derechos sobre los fondos abonados por la operación. El monto de la
defraudación podría superar los 250 millones de pesos, considerando no menos de 4000
afectados a un promedio no inferior a los 60 mil pesos. El juez federal Gabriel Cavallo
resolvió la apertura de la causa, impulsada por el fiscal Eduardo Freuler, sobre la base
de los diversos hechos denunciados que conformarían la irregularidad de la operación.
Los denunciantes les imputan a los funcionarios actuantes los cargos de
"defraudación, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario
público". En agosto de 1989, la petrolera YPF fue convertida en Sociedad Anónima, otorgándosele a sus trabajadores el derecho a una participación del 10 por ciento del paquete accionario. En julio de 1997, según relatan los denunciantes, "el Estado Nacional, a través de las carteras de Economía y Trabajo, dolosamente promulgó y sancionó el decreto 628/97, que dispuso la venta ilegítima y arbitraria del paquete accionario perteneciente a los ex agentes de YPF S.A.", sin reconocerles a los empleados que a esa fecha se habían desvinculado, derechos sobre lo que se obtuviera de la venta. Juan Spoz, ex secretario general del SUPE (sindicato petroleros del Estado) delegación Córdoba, y la abogada Alejandra Dibo, patrocinante de los denunciantes, señalaron a Página/12 que "el plan para la privatización fue programado desde 1989 por Roberto Dromi, ministro de Obras y Servicios Públicos, con el fin de que los trabajadores fueran socios y accionistas y, de esa forma, evitar su oposición a la venta". Posteriormente, la instrumentación del PPP quedó en manos de Wenceslao Bunge, por entonces asesor del ministro de Economía Domingo Cavallo y años después vocero de Alfredo Yabrán. "Mediante una resolución conjunta, los titulares de Trabajo y Economía, Armando Caro Figueroa y Domingo Cavallo, eliminaron la representación de los trabajadores en el Directorio de YPF", refirieron, dejando en manos del Estado la designación del ocupante del "sillón obrero". "Dicha resolución (del 2 de diciembre de 1994) no fue publicada en el Boletín Oficial, lo que configura una deliberada irregularidad ya que afectaba intereses de terceros", relataron los denunciantes. El primer remate de acciones se efectuó en el año '97, sin reconocerles a los trabajadores que habían sido desvinculados de la empresa "pago alguno sobre las acciones Clase C, ni dividendos e intereses económicos de ninguna índole" sobre aquella operación, como así tampoco sobre las dos posteriores que permitieron la toma de control de YPF por parte de la española Repsol. La demanda de los ex trabajadores de YPF se encuentra avalada por la Comisión Bicameral para el Seguimiento de las Privatizaciones, según se señala en la denuncia presentada a la Justicia. En agosto de 1998, dicha comisión se pronunció apuntando que "las acciones que les correspondían a los suscriptos fueron enajenadas indebidamente por el Estado Nacional, a través del decreto 628/97 y de las cuales eran legítimos acreedores". En su pronunciamiento, la Fiscalía señala que los ministerios de Economía y Trabajo lograron la venta de las acciones a través de "un accionar, doloso, ilegal e inconstitucional (...), mediante artimañas y resoluciones internas del Ejecutivo contrarias al espíritu tanto de la ley como de la Constitución Nacional misma". Por consiguiente, señala configurados los elementos como para abrir la causa. Los denunciantes les imputan a los referidos ministerios y al Estado Nacional la responsabilidad por defraudación en perjuicio de los ex trabajadores de YPF, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público; a los sucesivos directorios de YPF, la omisión de denuncia del irregular nombramiento de sus miembros; y a Repsol, haberse beneficiado de la adquisición de la empresa a sabiendas de la irregularidad del trámite. El juez Cavallo formuló requerimientos al Ejecutivo, a la Comisión Bicameral y a las entidades financieras intervinientes en la transferencia de las acciones correspondientes al PPP, a fin de constatar los hechos denunciados.
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