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 Tres años
de prisión para los responsables de la empresa que construyó el pozo. Y algunos meses
menos para los funcionarios municipales que deberían haber controlado que ese agujero no
existiese en la vereda. Todas, penas excarcelables. El fiscal de la causa por la muerte de
Cristian Quiroz, el chico de 5 años que hace un año y medio murió en San Nicolás tras
caer en un pozo de unos 20 metros, acusó a seis personas por el delito de homicidio
culposo. "Es una acusación tibia, livianita, muy cauta, y con algunas omisiones
inentendibles". Axel Cartey, abogado de la familia Quiroz, criticó la decisión del
fiscal, aunque se trata de una medida encuadrada en un fallo anterior de la Cámara que
dispuso, precisamente, esa calificación para el hecho. El fiscal Hugo Vanni solicitó tres años de prisión y diez años de inhabilitación para ejercer la profesión y efectuar contrataciones con la administración pública, tanto para Miguel Angel Pampalone, presidente de la empresa Topsa --encargada de construir el pozo para dotar de agua potable a varios barrios de San Nicolás--, como para Alberto Vecchi, dueño de la subcontratista que realizó las perforaciones. La acusación de homicidio culposo cayó también sobre cuatro funcionarios municipales. Para Oscar Domingo Garetto, ex secretario de Obras Públicas, Vanni pidió dos años y seis meses de prisión y diez años de inhabilitación para ejercer la profesión. Para Horacio Juan Clericci, subsecretario del área, la misma pena y nueve años de inhabilitación. Por otro lado, para Juan José Gómez y Claudio Fabián Actis, inspectores municipales, pidió penas diferentes. Mientras para el primero solicitó tres años de cárcel y diez de inhabilitación, para el segundo, dos años y seis meses de prisión y ocho de inhabilitación. "Estamos totalmente disconformes, esperábamos penas más severas de acuerdo a las pruebas", dijo a Página/12 el abogado Axel Cartey. "Entendíamos --agregó--, que aparte del delito de homicidio culposo también se los podía acusar por violación de los deberes de funcionario público y también teníamos la esperanza de que se los acuse alternativamente de homicidio simple". Así lo había entendido en el primer tramo de la investigación el juez de instrucción Héctor Lescano, quien caratuló la causa como "homicidio simple con dolo eventual" --que prevé penas de 8 a 25 años de prisión--, al considerar que existían pruebas suficientes para procesar y detener a los imputados. Sin embargo, las detenciones nunca se produjeron porque la Cámara de Apelaciones de San Nicolás dispuso volver a la carátula de "homicidio culposo", en la que la máxima pena es de 3 años de cárcel y permite la excarcelación durante el proceso.
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