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"El gobierno de Chile va a estar representado en La Habana cualquiera sean las circunstancias." Con estas palabras, el canciller chileno Juan Gabriel Valdés dejó en claro que el plantazo de su país en la Cumbre Iberoamericana de noviembre no será total. En protesta por el caso Pinochet, en el que la justicia española reclama la extradición del ex dictador detenido en Londres, el presidente Eduardo Frei había señalado que no asistiría a la Cumbre. Donde el gobierno chileno sí evitó mandar representantes fue a la IX Asamblea de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs), en repudio a la presencia en Asunción del juez español Baltasar Garzón, que tramita la extradición de Pinochet. El embajador chileno en España, Sergio Pizarro, regresará a Madrid el próximo viernes después de ser llamado a consultas, también en protesta por el caso Pinochet. Hoy o mañana, el juez británico Ronald Bartle, que decidirá el viernes si concede o no la extradición, escuchará los argumentos de las partes en el caso Pinochet para ver si autoriza o no la ausencia del ex dictador por razones de salud durante la comunicación de la sentencia. El hecho parece menor pero no lo es: si se acepta su ausencia, la defensa de Pinochet podría utilizar el hecho en algún momento procesal posterior como prueba de que su cliente no está en condiciones de salud para afrontar un juicio. Por ello, la Fiscalía de la corona decidió enfrentar el pedido de la defensa. Hoy, también, se reunirá por quinta vez en Santiago la mesa de diálogo entre representantes de las fuerzas armadas y abogados defensores de los derechos humanos. El ministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma, deberá presentar un balance de la primera etapa de estas conversaciones, auspiciadas y organizadas por él mismo. No podrá presentar demasiado: los abogados Pamela Pereira, Roberto Garretón y Héctor Salazar demandaron reiteradamente informaciones concretas sobre el paradero de los desaparecidos, mientras los representantes militares afirmaron que "no tienen" esa información. "Esta mesa de diálogo es una operación política", denunció desde Madrid Fabiola Letelier, hermana del ex canciller chileno asesinado en 1976, Orlando Letelier. La periodista chilena Alejandra Matus, asilada en Estados Unidos luego de una orden de detención en su país por publicar El libro negro de la justicia chilena, donde critica al Poder Judicial de su país, presentó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA). "En Chile no hay plena libertad de expresión, hay limitaciones severas y graves --señaló Matus--, y la prensa chilena practica la autocensura. Cada vez que alguien rompe esas limitaciones, le pasa lo que me pasó a mí."
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