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 ”Mi
amigo Terragno me hace acordar a la anécdota de un estudiante de zoología”,
ironizó ayer Ricardo López Murphy. “Para un examen, estudió sólo la bolilla del
ciempiés. Pero cuando fue a rendir le tocó exponer sobre la araña. Entonces dijo:
‘La araña tiene ocho patas, pero si tuviera cien...’, y empezó a hablar sobre
las características del ciempiés”, continuó. “Terragno hace lo mismo con el
tema del fomento a las exportaciones”. De ese modo, el economista jefe de FIEL
descalificó el eje de la propuesta de su correligionario diputado, justamente durante la
presentación del libro en el que sus economistas trabajaron durante un año. Terragno no
fue menos contundente en su respuesta. “Es exactamente al revés de lo que dice
Ricardo. Algunos economistas sólo saben hablar de la araña”, enfatizó.El cruce de metáforas fue por el diseño de la política económica, y puso en evidencia las diferentes posiciones que existen en la Alianza –e incluso dentro del radicalismo– sobre cómo estructurar la gestión en ese terreno. Mientras el diputado hizo hincapié en la necesidad de desarrollar un proyecto exportador, para disminuir “la dependencia” de los mercados de capitales, el economista de FIEL enfatizó que es prioritario ajustar el gasto público para asegurar el futuro de la convertibilidad. López Murphy representa el ala dura de los economistas de la coalición, cuya mayor preocupación pasa por la cuestión fiscal. Terragno comparte el objetivo de lograr el equilibrio presupuestario, pero se inclina por alcanzarlo mediante instrumentos alternativos a los que auspician los economistas ortodoxos. “El capital financiero tiene un gran poder extorsivo. Si seguimos dependiendo de ellos para financiar el déficit, deberemos continuar dando señales para retenerlos”, subrayó Terragno. “Para evitar la transferencia de soberanía en las decisiones de gobierno, es fundamental desarrollar un proyecto exportador”, insistió. Esa es la receta que impulsa Terragno para el mediano plazo. Pero también considera que en lo inmediato se debe trabajar sobre la estructura del gasto y los ingresos públicos. Por ello, encomendó a los economistas Daniel Montamat, Marta Barros y María Jaureguiberry un estudio detallado sobre el diseño del Presupuesto. Ayer se presentó ese trabajo, titulado “Presupuesto para el cambio”. “El gasto es absolutamente ineficiente. Se puede lograr el mismo nivel de servicios con un ahorro de 1.500 millones de pesos”, señaló Terragno. De ese modo, discrepó con la propuesta oficial de aplicar un recorte de 1.800 millones en el 2000. “Si el gobierno gasta como corresponde, no es necesario el ajuste para acomodar las cuentas públicas”, aseguró. “El presupuesto asignado este año a distintas dependencias públicas que tienen por función promover las exportaciones es de 850 millones de pesos. Pero ninguno de esos organismos asume como responsabilidad propia que no se hayan logrado los objetivos deseados”, ejemplificó Terragno. Por lo tanto, concluyó, se debe reestructurar el funcionamiento de esas reparticiones, “para lograr eficiencia en el gasto y en los resultados”. Asimismo, señaló que la Argentina debe desembolsar 123 millones de dólares a los organismos de crédito internacionales por cargos y comisiones de préstamos demandados y no utilizados. “Es un absurdo”, se quejó Terragno, quien también hizo referencia a los 250 millones de gastos reservados que, “en su mayoría, son erogaciones superfluas”. El estudio del presupuesto apunta a mejorar la eficiencia del gasto público. Por el lado de los ingresos Terragno afirmó que “no se puede aumentar la presión tributaria, cuando el IVA se llevó a una tasa del 21 por ciento y Ganancias al 35”. En cambio, señaló que “la evasión es igual a la mitad del gasto del Estado nacional. Eso demuestra que no se quiere o no se sabe cobrar impuestos”. El cuestionamiento tuvo como destinatario directo al titular de la AFIP, Carlos Silvani. “No se puede salir de la convertibilidad sin generar una grave crisis. Pero para afirmarla es prioritario combatir frontalmente la evasión”, concluyó. En ese sentido, la Alianza planea dotar de más poder a la DGI y crear un fuero judicialespecial para resolver aceleradamente causas vinculadas al delito de evasión.
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