 El “no se
olviden de Cabezas” no debe ser una fórmula automática, vacía de protesta, sino un
acto militante cotidiano que logre romper la red de complicidades, para llegar a la
verdad, sea la que sea e involucre a quien involucre. La intensa acción desplegada por la
familia Cabezas, por los compañeros de Argra, de Utpba y de otras asociaciones
profesionales vinculadas a la prensa, merece el apoyo de todos los periodistas
independientes, de todos los que alguna vez decidimos anteponer la verdad y la justicia a
cualquier otra consideración personal, incluyendo el lógico y legítimo temor a las
represalias de los que todavía se mueven con impunidad en los sótanos del Estado.
Nuestra decisión de ir a fondo y no permitir que el reclamo de la familia Cabezas y el
gremio sea malversado en otra farsa judicial, de las tantas que agravian a los argentinos
deseosos de justicia, ha sido etiquetada en más de una oportunidad como
“corporativo” por los que tejen la trama de las complicidades. Con la misma
perversa intención con que algunos funcionarios del área de seguridad culpan a los
periodistas por hechos de los que es responsable el poder político: como la masacre de
Ramallo. Los trabajadores de prensa no pretendemos erigirnos en casta superior y sabemos
que vale tanto la vida de un albañil o de un adolescente asesinado cuando juega al
metegol como la vida de cualquiera de nosotros. Pero no ignoramos tampoco que cuando se
asesina a un periodista o a un reportero gráfico se le está enviando un mensaje
tenebroso al conjunto de la sociedad. En otro gobierno constitucional, el de María Estela
Martínez de Perón, hubo periodistas acribillados a balazos por la siniestra Alianza
Anticomunista Argentina, la tristemente célebre Triple A y durante la última dictadura
militar noventa y tres compañeros desaparecieron para siempre. Toda una generación de
periodistas brillantes y comprometidos con la suerte de su pueblo debió refugiarse en el
exilio exterior o interior para no correr la misma suerte. Y no estamos dispuestos a
consentir que esto vuelva a ocurrir, nunca más, en nuestro país. Porque la mordaza sobre
esa prensa que tanto incomoda y desvela a los poderosos es la condición básica para
amordazar al conjunto de la sociedad y operar en las sombras en total impunidad. Los
hombres de prensa no pretendemos sustituir a los fiscales y a los jueces, que deben jugar
un papel esencial en un estado de derecho, pero ninguna querella, ninguna amenaza, ningún
matón con chapa oficial nos podrá impedir que demos a luz lo que vamos descubriendo en
nuestras investigaciones. Aunque no coincidan con las conclusiones de la Justicia o
desnuden las falencias y debilidades de esa misma Justicia. En algún momento en los
próximos meses se llevará a cabo el juicio oral por el asesinato de José Luis Cabezas y
entonces quedarán en evidencia las graves anomalías perpetradas en la instrucción
policial y judicial, que arrojan sombras ominosas sobre el legítimo derecho a la justicia
que reclaman sus padres y su hermana, con el que nos sentimos absoluta y definitivamente
solidarios. Una cámara que aparece mágicamente a veinticuatro horas de que el juez de
Dolores José Luis Macchi dicte la prisión preventiva de Los Horneros sin ninguna prueba
material que la sustente; una presunta arma homicida que queda como saldo de la farsa
innoble de los Pepitos, cuando su dueño (Martínez Maidana) queda en libertad, son apenas
los aspectos más groseros y evidentes de una serie de fallas, carencias y francas
aberraciones, que algunos hemos denunciado en nuestras investigaciones. Lo que no impidió
que el comisario Víctor Fogelman y los siete comisarios que lo secundaron en el bunker de
Castelli fueran ascendidos y que uno de ellos, el comisario Carlos Miniscarco estuviera
presente, por extraña e inquietante casualidad, la noche fatal de Ramallo.La
investigación judicial y policial del Caso Cabezas quedó manoseada y oscurecida por la
inaceptable intromisión del Poder Ejecutivo, tanto nacional como provincial. Tanto Carlos
Menem como Eduardo Duhalde,envueltos en su propia lucha política, se metieron en la causa
para apoyar hipótesis, desviar misiles que apuntaban a sus despachos, presentar testigos
y sacralizar presuntas pruebas, en clara violación del principio constitucional que
ordena la separación de los poderes. El presidente Menem envió al secretario general
Alberto Kohan y al ministro del Interior Carlos Corach a reforzar la hipótesis de Pepita
la Pistolera, que agraviaba a la propia víctima al suponerla culpable de una extorsión.
El gobernador Duhalde introdujo a Los Horneros en el juicio y apuntó sin ambages al
empresario Alfredo Yabrán como autor intelectual del asesinato, para terminar admitiendo
(hace pocos días) que no creía que hubiera dado la orden de asesinar a nuestro
compañero. En consonancia los investigadores policiales y judiciales dejaron de lado sin
investigarla la famosa pista policial, que apuntaba a la gran banda de la costa y a los
comisarios de la “maldita policía” que regresaron con la designación del
ministro Osvaldo Lorenzo. La tesis final resultante es que el crimen habría sido
responsabilidad casi exclusiva de un policía suelto, Gustavo Prellezo y cuatro forajidos
de Los Hornos. “Quien no crea eso es amigo de Yabrán”, volvió a repetir
Duhalde en sus recientes declaraciones a Página/12. De nuevo se nos pretende vender una
“historia oficial” en la que la responsabilidad orgánica y estructural de todo
un sector de la Policía Bonaerense quedaría diluida contra muchas, demasiadas evidencias
que parten de la terrible fiesta en la casa del empresario Oscar Andreani.Para los que
investigan el caso desde la imparcialidad es evidente que en cualquier hipótesis los
asesinos contaron con la complicidad del poder policial de la zona. Y no de cualquier
perejil. En cualquier caso, haya sido la red tenebrosa de seguridad que acompañaba a
Yabrán, la policía de la costa o una siniestra operación montada sobre otra operación,
lo cierto es que se descartó prolijamente la participación policial que afectaba
políticamente al gobierno provincial. Y esto es lo que debería quedar en claro en el
juicio oral. Y si no queda en claro, no dudemos, sigamos ejerciendo nuestro derecho de
peticionar y de exigir un nuevo juicio, hasta conseguir que triunfe la verdad y la
justicia. O nadie estará seguro en este país. Muchas gracias.* Palabras pronunciadas en
ocasión de la inauguración de la muestra “40 con Cabezas” en la Cámara de
Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
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