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Las negociaciones ya comenzaron. Antes del 10 de diciembre, los ganadores de las elecciones quieren que se aprueben leyes claves.
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Por Cledis Candelaresi  El lunes por la mañana,
cuando aún dolía en el pecho de muchos justicialistas la derrota electoral, el diputado
Oscar Lamberto llamó por teléfono a su colega radical, Rodolfo Terragno, para acordar
una reunión con funcionarios de Economía, en lo posible, con el titular del Palacio de
Hacienda, Roque Fernández. El objetivo del encuentro a puertas cerradas, que en principio
se llevaría a cabo mañana, es desmenuzar el proyecto del Presupuesto para el 2000 que,
según descuentan en las bancadas de ambas fuerzas políticas, deberá ser reformulado
casi íntegramente. Junto al futuro del impuesto docente, son los puntos más calientes de
la agenda económica que deberá definirse en el Congreso antes del recambio presidencial.En lugar de discutir en el recinto la propuesta duhaldista de Concertación, los principales referentes económicos de la Cámara de Diputados intentarán conciliar posiciones sobre algunos proyectos urgentes. Si el de Presupuesto no se sanciona antes del 10 de diciembre, existe el riesgo de que el ejercicio 2000 comience sin que esté aprobado. Al renovarse la Cámara también en esa fecha –la que reflejará la preeminencia política de la Alianza– “caerán” todas las comisiones, y el texto debería reanudar su periplo por las nuevas recién el año próximo, cuando se recompongan los grupos de trabajo. Aliancistas y justicialistas saben que el bosquejo enviado por Roque Fernández al Congreso tiene que reformularse a la luz no sólo del nuevo mapa político sino de la nueva realidad económica: ni la pauta de crecimiento ni el déficit previsto pueden sostenerse. Uno de los grandes desafíos técnicos es cómo cerrar el bache fiscal. No sólo cuentan los compromisos pautados para el año próximo, sino los gastos de este ejercicio que se transferirán al 2000, empezando por los sueldos del sector público. El Presupuesto también debería ser diseñado sobre el texto de la ley de Ministerios en la que trabaja afanosamente la Alianza. La modificación del organigrama estatal tendrá fuerte impacto en las cuentas públicas. Algunas áreas podrían demandar más recursos, y otras muchas menos, si el futuro gobierno sostiene su criterio de eliminar secretarías y subsecretarías. Pero el debate de esta ley también pondrá sobre la mesa la controvertida propuesta de Economía de echar mano de una serie de fondos que se prorratean entre las provincias para recortar alrededor de 1700 millones de pesos. En esa iniciativa, Roque intentó, nuevamente, captar dinero del Fonavi y una serie de fondos específicos con destino al interior, entre ellos el polémico Fondo del Conurbano Bonaerense. Los 600 millones que benefician a la provincia que comandará Carlos Ruckauf son muy codiciados por otros estados, que gobiernan otros justicialistas. Por eso, cualquier determinación sobre ese fondo no sólo enfrentará a la Alianza con el PJ, sino que amenaza con fragmentar a la bancada oficialista, donde desde diciembre el bloque duhaldista sumará 30 de los 98 diputados. El rediseño del Presupuesto no podrá soslayar la definición de cómo solventará el próximo gobierno el incentivo a los docentes, que hasta ahora se financió con el impuesto sobre los autos. En el texto que envió Economía, se prevé recaudar más de 400 millones de pesos en el 2000. Pero hasta ahora la única definición es que el pago correspondiente a este año fue prorrogado hasta el 15 de noviembre por una ley muy debatida en el Parlamento, que consideró la posibilidad de derogarlo. La discusión del impuesto para los maestros pondrá a Fernando de la Rúa y a su equipo en una situación realmente difícil. Si prorroga la vigencia de ese tributo para el año próximo, deberá soportar un paro de los transportistas, tal vez más fuerte del que éstos ya hicieron para resistir el gravamen. Si creara un nuevo impuesto, tendría que sortear la previsible oposición del sector al que le toque pagarlo y soportar el costo político de una medida impopular. La últimaalternativa es todavía más impensable para una gestión que se estrena con la promesa de aliviar los problemas sociales: anular el aumento que obtuvieron los docentes este año.
EL ESTABLISHMENT YA QUIERE MEDIDAS
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