Por Carlos Rodríguez  La vorágine de los
acontecimientos lleva de Guatemala a Guatepeor al ex ministro de Seguridad bonaerense
Osvaldo Lorenzo, quien mañana debe declarar como testigo en la causa contra la
“superbanda” de Luis “El Gordo” Valor. Lorenzo hizo esfuerzos para
esquivar el bulto, enviando a la Sala II de la Cámara de San Martín un escrito de cinco
carillas tratando de explicar por qué abrió una causa judicial 40 días antes que
ocurriera el hecho policial –un intento de robo donde hubo tres muertes–, que se
investiga. “Preferí ordenar la investigación para determinar el grado de
veracidad” de una denuncia anónima que anticipaba la realización del asalto,
explicó. Luego sostuvo que siempre creyó que “uno debe investigar, si me permiten
la vulgaridad, cualquier posible comisión de delito, con el fin, si bien no era mi
función específica como juez, de prevenirlos”. Ni la Fiscalía ni las defensas
creyeron en sus dichos y por eso deberá testimoniar. Por otra parte, en la audiencia se
dijo que Valor habría estado oculto un mes en un temple umbanda, en Villa Lugano, donde
habría sido detenido por Rodríguez.
Para Lorenzo será como estar en el banquillo de los acusados, porque tendrá que
responder sobre irregularidades cometidas por la Brigada de Investigaciones de San Justo,
entonces al mando del comisario Mario “Chorizo” Rodríguez. Las anomalías, en
distintos aspectos relacionados con el procedimiento policial realizado el 19 de setiembre
de 1994, objeto central del juicio oral, tienen que ver con la aparente “carta
blanca” que les habría dado Lorenzo al abrir esa causa, la número 37.551. Con la
venia del juez, los hombres del Chorizo armaron un monstruoso operativo destinado
–según las defensas– “a mejorar la imagen de la Bonaerense”, en pleno
auge de las críticas a la “Maldita Policía”. El operativo se hizo en una
jurisdicción ajena a la de Lorenzo, por entonces juez de Morón.
El fiscal Luis María Chichizola se manifestó sorprendido por la apertura de una causa
preventiva –”se trata de un hecho no habitual”, dijo– y también
cuestionó una serie de diligencias posteriores, entre ellas las escuchas telefónicas
realizadas directamente por la Brigada, con elementos técnicos propios, sin dar
intervención a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) como hubiera
correspondido. El fiscal cuestionó directamente la forma en la que actuó Lorenzo.
Los abogados Roberto Babington y Ernesto Vissio, defensores de Valor y de Hugo “La
Garza” Sosa, dijeron a Página/12 que Lorenzo tiene que explicar “quién fue el
policía responsable del operativo, porque Rodríguez dice que él no fue, mientras que
(Osvaldo) Seisdedos o (Juan Abelardo) Saiz afirman que ellos tampoco lo dirigieron”,
a pesar de ser uno el jefe operativo y el otro el titular de judiciales de la Brigada. Lo
más extraño es que “todos los policías han asegurado en el juicio que Rodríguez
era el que manejaba y estaba al tanto de todo”, aunque el Chorizo lo negó,
señalando como responsables a Seisdedos y a Saiz.
Lorenzo, incluso, se presentó en el lugar del procedimiento, a pesar de que estaba allí
el juez de Mercedes Eduardo Costía, en cuya jurisdicción había ocurrido el
enfrentamiento. Los defensores quieren saber “cuál fue el tenor de la
conversación” que mantuvieron allí los dos jueces, ya que algunos policías dijeron
que habían discutido. “¿Quién lo llamó a Lorenzo y para qué?, si ésa no era su
jurisdicción”, se preguntó Babington. El propio Lorenzo, en el escrito entregado al
tribunal, admitió que estaba descansando en una casaquinta de la zona y que reclamaron su
presencia llamándolo al teléfono celular. Evitó decir quién lo llamó.
Ayer, en el juicio, nuevos testigos cuestionaron otros aspectos de la actuación policial.
Armando Urbani avaló lo dicho por Valor en el sentido de que la detención del líder de
la banda se produjo en Villa Lugano, fuera de la jurisdicción de la Brigada de San Justo,
y no en Morón, como afirma el Chorizo Rodríguez. Lo curioso de la declaración de Urbani
es que la finca de Lugano era la sede de una secta umbanda, una fe que no se le conocía
al Gordo Valor. La “mai” de la secta fue amenazada por la policíasi revelaba lo
ocurrido allí: “Gorda, si decís algo sos boleta”, le advirtieron. Por otra
parte, la esposa del acusado Daniel Hidalgo ratificó que el Chorizo les pidió una coima
de 50.000 pesos para “no involucrarlo en el hecho”. Pese a que dice que le
cedieron una propiedad de la familia Hidalgo, en Entre Ríos, igual fue preso.
LOS VECINOS CUESTIONARON LAS OBRAS
Disputa por Agronomía
En el
primer encuentro de la mesa de concertación realizado en la Legislatura en torno a la
construcción edilicia que está llevando adelante la UBA en su predio del barrio de
Agronomía, el rector de la Universidad de Buenos Aires, Oscar Shuberoff, y el gobierno de
la ciudad coincidieron ayer, ante vecinos y legisladores, en que no se paralizaran las
obras, ni se aceptará la posibilidad de un traslado de las mismas a otra zona de la
Capital, tal como lo había solicitado la diputada justicialista Juliana Marino. Pese a lo
cual Shuberoff se comprometió ante vecinos y legisladores a “evaluar y
corregir” los daños que pudieran ocasionar las obras.
En un acalorado debate entre vecinos, diputados, funcionarios de la ciudad y legisladores
realizado durante la tarde de ayer en la Legislatura, Shuberoff defendió la necesidad de
la UBA de tener listas las obras para marzo, cuando se producirá el ingreso de la nueva
camada de estudiantes. Y sostuvo que “desde el punto de vista legal” no hay
lugar a objeciones porque es un “terreno de dominio privado de la Universidad”,
aunque el rector aceptó que se trata de un “problema político” que requiere
diálogo y consenso.
Buscando contrarrestar las duras críticas de los vecinos que reclaman la pérdida de
espacio verde en el predio, Shuberoff recordó que “las obras sólo quitarán menos
de una hectárea de parque a las 62 que hoy tiene la Universidad” y agregó que
“del total de 65,5 que posee, sólo tres se mantienen ocupadas por edificaciones y
actividades de los estudiantes”.
En relación con los recursos y los tiempos legales de la construcción, el funcionario de
la UBA informó a los participantes que “estaban proyectadas antes de la sanción de
la nueva Ley de Impacto Ambiental” y que las obras se están llevando a cabo
“con fondos del Ministerio de Educación y aportes crediticios del Banco Mundial
(BM)”.
Según informó a Página/12 el legislador de la Alianza, Cristian Caram, recién se
alcanzó un principio de acuerdo entre las partes cuando los funcionarios del gobierno de
la ciudad presentes se comprometieron ante los vecinos a garantizar en lo inmediato la
limpieza, seguridad e iluminación del cuestionado predio.
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