GARZON PEDIRA LA EXTRADICION DE REPRESORES DE LA DICTADURA
De la Rúa ya rinde su primer examen

El juez que tiene preso a Pinochet decidió avanzar sobre los represores argentinos y le dará al gobierno electo la oportunidad de diferenciarse aún más de Menem, quien ordenó no brindar asistencia jurídica a Garzón.
Jorge Rafael Videla, procesado por robo de bebés. Está preso, después de haber sido perdonado.

Fernando de la Rúa y Carlos “Chacho” Alvarez tendrán una maravillosa oportunidad de diferenciarse de Carlos Menem: el juez Baltasar Garzón dictará el procesamiento de cien represores argentinos y pedirá su extradición para juzgarlos en España por genocidio y terrorismo. Por decreto, Menem ordenó no brindar asistencia jurídica a Garzón.
La orden de procesamiento del juez que ya consiguió un fallo para extraditar a Augusto Pinochet abarcará por ejemplo a las juntas militares de la dictadura, a los marinos de la Escuela de Mecánica de la Armada y, entre otros, a Antonio Domingo Bussi, el señor de la vida y de la muerte en Tucumán a comienzos del gobierno militar. La causa española es impulsada por la acusación popular que motoriza el abogado argentino Carlos Slepoy.
Página/12 pudo establecer que De la Rúa y Alvarez ya analizaron, por separado y en conjunto, la situación que podría plantearse y cuál sería su respuesta en este momento a un reclamo de Garzón. La contestación cabe en tres palabras: “La Justicia decidirá”.
De la Rúa ya se diferenció de Menem cuando aún no era Presidente electo. En la conferencia de prensa final de la Internacional Socialista fue consultado sobre cuál sería su actitud si llegara a la Argentina un pedido de extradición como el de Pinochet. “Es un tema que tendrá que resolver la Justicia”, dijo. Alvarez compartió entonces la posición.
La fórmula volvió a diferenciarse cuando se planteó la extradición de Lino César Oviedo. Al criticar el rechazo por parte de Menem, dijeron que ellos no hubieran cerrado desde el Ejecutivo el camino para que actuase el Poder Judicial. Al contrario: hubieran dejado actuar a los jueces y, si ellos resolvían que el pedido de extradición era viable, después lo hubieran admitido. Un grupo fue decisivo en el asesoramiento a De la Rúa en el caso Oviedo y en el caso Pinochet. El entonces candidato consultó, muchas veces de a uno, al experto en Derechos Humanos de Naciones Unidas Leandro Despouy, al vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Simón Lázara y al ex camarista que juzgó a las juntas militares Ricardo Gil Lavedra. Alvarez sumó al jurista Rafael Bielsa y al penalista Raúl Zaffaroni.
Pocos días antes de las elecciones, cuando se produjo el último fallo de la Justicia británica concediendo la extradición de Pinochet para que pueda juzgarlo Garzón, De la Rúa incluso dejó su posición de cautela extrema y dijo que estaba “encantado” con la sentencia. Incluso aceptó que podría revisar el otorgamiento de medallas argentinas a Pinochet. “Puede estudiarse”, dijo.
Alvarez es miembro de la APDH. De la Rúa no, pero sus asesores de campaña dijeron a este diario que uno de los fenómenos nuevos de su último año de vida política fue el contacto con este sector. Y una dirigente de derechos humanos, Lucía Alberti, es directora de Participación Comunitaria de la administración porteña.
Como jefe de Gobierno de la ciudad, se desprendió de dos funcionarios cuestionados por su posición ante las garantías individuales. Uno, el jefe de la policía municipal, Norberto Varela. Otro, Fernando López Imizcoz, asesor del vicejefe Enrique Olivera, que se presentaba a sí mismo como “jefe de inteligencia”.
Con estos antecedentes, el pedido de Garzón funcionará como un test ya no del De la Rúa candidato sino del Presidente Fernando de la Rúa.
  La primera chance es que De la Rúa cambie de postura y responda a Garzón con una declaración política, invalidando su jurisdicción. En ese caso, se acercaría a la línea de Menem.
  La segunda alternativa, que parecía anoche más probable, es que insista en la posición de la campaña y solo prometa que dejará actuar a la Justicia. Si lo hace, estará dando una señal de que al menos en un aspecto la institucionalidad prometida puede ser real y conseguirá distanciarse de Menem. El actual Presidente, que ordenó a Guido Di Tella y Raúl Granillo Ocampo no colaborar con Garzón, fue denunciado por los diputados Alfredo Bravo y Jorge Rivas por encubrimiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público y violación de tratados internacionales.
Tendrá poco espacio para prometer algo y hacer luego algo distinto. Falta solo un mes y medio para que asuma la Presidencia, el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, y es probable que sea la nueva Cancillería la que deba recibir el pedido de la Cancillería española.
El jefe del Palacio San Martín no está designado. Hasta ahora, como saben los lectores de este diario desde el martes por la mañana, solo está trabajando el equipo de transición para Relaciones Exteriores. Lo coordina Rodolfo Terragno, que como periodista debió exiliarse en Londres para no ser una víctima más de los secuestros planeados por los dictadores que Garzón se propone procesar.
El juez español solo tiene procesado a Pinochet. El pelotón argentino ampliaría notablemente el número. Figurarán en el procesamiento, además de las primeras juntas y de Bussi, los jefes de la represión Luciano Benjamín Menéndez y Carlos Guillermo Suárez Mason, represores de menor rango de Tucumán y Santa Fe y el juez Víctor Brusa. De todos ellos Garzón tiene “indicios racionales” que a su criterio le permiten implicarlos y solicitar la extradición.
Si De la Rúa, ya como Presidente, conserva su idea sobre el tema y los pedidos llegan a la Justicia, se planteará una situación compleja.
Algunos de los represores ya están siendo juzgados en la Argentina. Esa condición alcanza, por ejemplo, a Jorge Videla, Emilio Massera y los marinos que integraban el grupo de tareas de la Escuela de Mecánica. Todos ellos perdieron su libertad porque ni el Punto Final ni la Ley de Obediencia Debida amparaban el robo de bebés. Otros no están bajo la acción de la Justicia. Y uno, Bussi, puede quedar preso no bien caigan los fueros que por el momento lo protegen. Página/12 publicó ayer los detalles del proceso de impugnación a su diploma de diputado electo, que podría impedir el acceso del dictador a una banca.
Una de las claves de cualquier solución es cómo viene redactado el pedido del juez español. Puede prestarse a interpretaciones disímiles si invoca los delitos de genocidio y terrorismo de Estado. Un juez argentino podrá decir que esos delitos no figuran en el Código Penal argentino. Las tres primeras juntas militares, por caso, fueron procesadas por homicidio, privación ilegítima de la libertad, tortura y falseamiento de documento público. Pero otro juez argentino podrá argumentar que la Argentina debe supeditarse a la ley internacional, que contempla sanciones para el genocidio en su definición más restringida, como política de destrucción de un grupo nacional, religioso o étnico, o más amplia, como estrategia de destrucción de un grupo tipificado como tal por los propios planes de represión criminal.

La oficina anticorrupción ya está en el Gabinete

Es una vieja idea de Chacho Alvarez. El jurista Rafael Bielsa tiene listo el proyecto. Desaparecerá la Oficina de Etica Pública. En nuevo organismo
funcionará en el Ministerio de Justicia.

Por José Natanson

La decisión se tomó en las alturas del Hotel Panamericano, en donde la Alianza define los pasos de su futuro gobierno. A partir del 10 de diciembre comenzará a funcionar una Oficina Anticorrupción dependiente del Ministerio de Justicia. El organismo –que reemplazará a la Oficina Nacional de Etica Pública– estará integrado por un cuerpo especial de funcionarios especializados en la investigación de delitos de la administración pública. Rafael Bielsa, un jurista cercano al Frepaso que suena para ocupar un cargo en el área de Justicia, es el responsable de delinear las funciones de la Oficina, que se ocupará de recibir denuncias y hacer el seguimiento de las investigaciones en curso.
La construcción de un cuerpo especial de funcionarios encargados de investigar los casos de corrupción fue una creación original de Carlos “Chacho” Alvarez. Desde que se lanzó, en agosto de 1998, la idea fue tomando diferentes formas hasta que los jefes de la Alianza decidieron que Bielsa se encargaría de formular el proyecto definitivo.
El verano pasado, Bielsa aprovechó un viaje a Italia para estudiar el funcionamiento de las oficinas especializadas en corrupción. También investigó las características de la Oficina del Inspector General que funciona en Estados Unidos desde mediados de los setenta. Apenas volvió, se puso a trabajar en el proyecto.
La Oficina Anticorrupción tendría las siguientes funciones:
  Se encargará de seguir las investigaciones sobre los escándalos públicos más emblemáticos de la última década, aportando los datos que reúna a los fiscales que realizan las diferentes investigaciones. Entre los más mencionados aparecen los casos de corrupción de Víctor Alderete en el PAMI y los de María Julia Alsogaray en la Secretaría de Medio Ambiente.
  Recibirá denuncias de corrupción, que derivará a los fiscales. “Queremos que se convierta en un especie de nexo entre la sociedad y el Estado”, señaló a Página/12 uno de los autores de la iniciativa.
  Asesorará al Presidente en los temas vinculados con la corrupción.
Las dudas surgen en torno de la superposición de funciones. La reforma constitucional de 1994 separó al Ministerio Público del Poder Ejecutivo, convirtiéndolo en órgano extrapoder. La Oficina Anticorrupción diseñada por la Alianza, en cambio, dependería directamente del Ministerio de Justicia. “Trabajaría con las máximas atribuciones del Poder Ejecutivo, sin superponerse con el resto de los poderes”, fue la definición de uno de los autores del proyecto.
La Oficina estará encabezada por un especie de fiscal general, cuyo nombre aún no fue definido. Lo acompañarán varios fiscales adjuntos y un equipo con distintas especializaciones técnicas. En la Alianza explican que los delitos contra el Estado suelen ser difíciles de investigar: muchas veces es necesario desentramar embrolladas sociedades y armados financieros complejos, que en algunos casos se extienden a otros países.
Claro que, antes de elaborar el proyecto, los jefes de la Alianza se encargaron de estudiar la situación de los organismos de control. El diagnóstico fue catastrófico: en la coalición sostienen que algunas dependencias –el Tribunal de Cuentas– fueron desmanteladas mientras que otras –la Procuración General– fueron colonizadas por funcionarios teledirigidos desde la Casa Rosada.
La Oficina de Etica Pública que comanda Luis Ferreira será suprimida. “Fue un absurdo desde el principio: un menemista como Ferreira se encarga de investigar al menemismo. No sirve para nada”, aseguró a este diario un dirigente del Frepaso que tomaba café en el lobby del hotel. Los fondos para la nueva Oficina podrían salir de la vieja, que cuenta con un presupuesto de dos millones de dólares por año.
La nueva oficina es una de las modificaciones previstas para el Ministerio de Justicia, cuya estructura podría reformularse íntegramente según los borradores de Ley de Ministerios que se manejan en los pisos superiores del Panamericano. Una idea es fusionar la cartera de Justiciacon la de Interior y crear un superministerio al frente del cual podría ubicarse el jurista radical Ricardo Gil Lavedra. El candidato con más chances de encabezar el área específica de relación con las provincias es el frepasista Alberto Flamarique. En este esquema, Bielsa podría ocupar el área de Justicia.
Fernando de la Rúa y Carlos “Chacho” Alvarez han conversado largamente sobre la necesidad de que la Alianza le imprima una imagen de transparencia al futuro gobierno. “Tiene que ser un gobierno ostentosamente austero”, suele asegurar el jefe del Frepaso.

GRACIELA, ALBERTO FLAMARIQUE Y RAFAEL BIELSA
Frepasistas ministeriables

Por F. C.

La calesita de los nombres de ministeriables no se detiene. Según un importante dirigente radical que pasó el día de ayer varias horas junto a Fernando de la Rúa, los frepasistas que ocuparán ministerios serán tres: Alberto Flamarique, Rafael Bielsa y, sí, Graciela Fernández Meijide. “El Frepaso quedó un poco flaco en cuanto a ministros, por eso Graciela va a estar seguro en el gabinete”, abundó el radical, minutos después de dejar al presidente electo en su habitación del Hotel Panamericano.
Lo de Graciela al gabinete volvió ayer volvió a tomar impulso. Las posibilidades son dos: Educación o Acción Social. Quienes hablaron en estos días con Meijide aseguran que la posibilidad de encabezar la cartera educativa no la entusiasma y, en cambio, sí vería con buenos ojos la posibilidad de desarrollar una tarea social, un área que suponen tendrá relevancia en el gobierno de la Alianza. Con todo, la respuesta de cualquier dirigente cercano a la ex candidata a gobernadora es la misma. “Graciela irá donde se lo pida De la Rúa”, responden.
El aterrizaje de Fernández Meijide en el gabinete no es del todo bien visto por algunos radicales delarruistas, sobre todo por algunos que temen por su destino final. Uno de ellos aseguraba ayer que De la Rúa tenía en mente la presidencia de la Cámara de Diputados o la jefatura de la Oficina contra la Corrupción para Graciela.
“La situación de Graciela en el futuro gobierno la tendrán que decidir ella y Fernando de la Rúa”, explicó Carlos “Chacho” Alvarez que, aunque no quiere repetirlo, quiere ver a Meijide sentada en las reuniones de gabinete.
Lo de Flamarique y Bielsa parece más fácil de resolver. Flamarique integra el equipo técnico a cargo de la transición en el área del Ministerio del Interior. El operador frepasista mantuvo reuniones ayer en el Panamericano con funcionarios del Gobierno y su preocupación es la relación con las provincias. Para quien ocupe el ministerio, será esencial construir buen diálogo político con la mayoría de gobernadores peronistas –en total son 14–, uno de los tantos dilemas sobre la gobernabilidad que se le plantea al gobierno de De la Rúa. Mendocino y de pasado peronista, Flamarique aparece como un buen candidato para ocupar el cargo.
Bielsa, un constitucionalista cercano al Frepaso, en cambio, apunta como ministro de Justicia. Hay otro candidato fuerte para el área, el ex camarista radical Ricardo Gil Lavedra, quien podría ocupar un superministerio que abarcaría las dos carteras mencionadas (ver nota central).
Los flamantes equipos técnicos de la Alianza tuvieron un día ajetreado. “Se está marcando una nueva manera de transición democrática”, se entusiasmó con tanta actividad el vocero Darío Lopérfido. El equipo de Defensa que coordina Nicolás Gallo se entrevistó con Jorge Domínguez en el Edificio Cóndor. En la reunión fue breve y apenas redondeó una aproximación a la situación del área (ver página 8). Los técnicos aliancistas trabajan para que la nueva Ley de Presupuesto no mantenga el recorte del 12 por ciento para el área que contemplaba la enviada por Menem al Congreso.
También la Comisión de Relaciones Exteriores que coordina Rodolfo Terragno se entrevistó en Cancillería con Guido Di Tella, que prometió todas las facilidades para que se pongan al tanto de lo que sucede en el ministerio. Di Tella coincidió con Terragno en que las relaciones con Estados Unidos no cambiarán.

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