 ”En
estos 40 días que quedan antes de la entrega del Gobierno no vamos a avanzar en ninguna
decisión.” En apenas una frase y de manera tajante, Roque Fernández pinchó las
obsesiones del ala política del Gobierno en el final del mandato de Carlos Menem. En las
últimas horas, en Economía habían recibido llamados telefónicos desde la Jefatura de
Gabinete reclamando el visto bueno del ministro para asegurar el financiamiento del Canal
Federal, la Hidrovía y un aumento para los empleados de la administración pública.
Roque ratificó ayer su rotunda negativa a todos esos pedidos.“No se va a comprometer
el Presupuesto del 2000 con aumentos salariales”, aseguró el ministro al objetar la
demanda de la Casa Rosada. Antes de cederle el lugar a Fernando de la Rúa, el actual
primer mandatario quiere disponer un aumento de los salarios de 30 mil empleados de la
planta permanente de la administración pública. En el Palacio de Hacienda calculan que
la medida tendría un costo de unos 50 millones de pesos anuales. Y Roque se niega a
seguir agrandando el agujero fiscal, pese a que desde la Jefatura de Gabinete le
aseguraron que ello no ocurrirá porque se compensaría el mayor gasto con una
disminución de la planta de contratados.En los últimos tres meses, los choques entre
Roque y la Casa Rosada se han vuelto un clásico. Y ninguna de las partes parece dispuesta
a ceder posiciones. Así, veinticuatro horas antes de volver a encontrarse con Carlos
Menem en Olivos, el titular de Hacienda dio por terminada la discusión por el Canal
Federal. Sospechando que el jefe de Estado podría insistir en su reclamo de avales para
la construcción de la obra hídrica, el ministro ya adelantó que, llegado el momento,
volverá a negarse a otorgar garantías incondicionales a las empresas constructoras.
“Reconozco que es una obra que él (Menem) defendió toda su vida. Pero yo hice todo
lo posible para que se iniciara en los términos que fija la ley”, se escudó
Roque.El tema del Canal Federal no es menor. Hace tres semanas, el ministro presentó su
renuncia al cargo, rebelándose contra las presiones del ala política del Gobierno. Sólo
una rápida movida de varios de sus colegas en el Gabinete logró mantenerlo en su puesto.
La alternativa de que sean las provincias de Catamarca y La Rioja, las beneficiarias del
proyecto, las que otorguen los avales que posibilitarían a las constructoras conseguir
créditos baratos terminó en fracaso. Y la ambición del Presidente de tener iniciado el
Canal antes del 10 de diciembre está a punto de evaporarse.El otro punto que tensiona la
relación entre Economía y la Rosada es la Hidrovía, una obra tendiente a facilitar la
navegabilidad de los ríos Paraná y Uruguay. Como en el caso del aumento salarial para
los empleados públicos, la resistencia del ministro se basa en que el inicio de la obra
supondría un gasto no pautado en el Presupuesto de este año, que en este caso asciende a
60 millones de dólares. “Es necesario prestar mucha atención al control del gasto
para que baje la tasa de riesgo país”, sentenció Roque al justificar su férrea
negativa para otorgar fondos extraordinarios. No obstante, admitió que el rojo fiscal de
este año terminará con “alguna ligera variante” sobre los 5100 millones de
dólares pactados con el Fondo Monetario.
LA ALIANZA QUIERE QUE LAS PRIVATIZADAS
REDUZCAN TARIFAS
Negociar bajo fuerte presión
El
revuelo que causó entre las empresas privatizadas el comentario de Fernando de la Rúa,
respecto a la eventual aplicación de un impuesto especial a sus rentas extraordinarias,
determinó que el equipo de prensa del presidente electo y Carlos “Chacho”
Alvarez salieran a negar de plano esa posibilidad. En el entorno de De la Rúa, la marcha
y contramarcha fue interpretada del siguiente modo: “Era fácil suponer el impacto
que sus declaraciones causarían entre las empresas (que en efecto se movilizaron de
inmediato para rechazar el estudio de la iniciativa), pero se entendió que era el momento
propicio para soltar un globo de ensayo” que permitiera medir fuerzas, tanto propias
como ajenas, sostuvo en diálogo con Página/12 un alto operador del actual jefe de
Gobierno porteño. Al mismo tiempo, la intención fue enviar un mensaje a las compañías
de servicios públicos, consistente en que el próximo Gobierno será inflexible en su
exigencia de cumplimiento de los contratos, y que la relación será distinta a la que
mantienen con la actual administración.“Los contratos de concesión impiden el cobro
de un impuesto especial como el que se dispuso en Inglaterra. Vamos a preservar la
seguridad jurídica”, sentenció ayer Alvarez en declaraciones a Radio América. El
equipo de prensa de De la Rúa, por su parte, señaló que su referencia al estudio de un
gravamen extraordinario “sólo fue un comentario ocasional, sin considerar sus
aplicaciones en nuestro país”. En tanto, Roque Fernández enfatizó que “el
hecho de que alguien haya invertido en una empresa pública, no lo hace objeto de una
discriminación tributaria”, en su crítica a un eventual impuesto especial. Su
sucesor, José Luis Machinea, también hizo mención al tema de las privatizaciones, al
asegurar que éstas “no serán revisadas”. Pero, además, aseveró que la
reducción de costos de los servicios públicos “será una prioridad” de la
futura administración, y que ello se buscará mediante “la introducción de mayor
competencia y mirando siempre el detalle de los contratos para comprobar si se registran
incumplimientos”. Un área en la cual la Alianza pondrá especial atención es en las
concesiones de peajes. En la Fundación para el Desarrollo con Equidad (FADE), bunker
donde se prepara el programa económico de la coalición, circulan informes que detallan
el grado de cumplimiento de los contratos de cada empresa. Más allá de una actitud
política del gobierno menemista, que accedió una y otra vez a renegociaciones de esos
contratos –y de los de otras concesiones de servicios–, estos suelen presentar
cláusulas que amparan a las compañías ante los reclamos del Estado. Este esquema legal
engorroso determina que por lo general las empresas –con el consentimiento
oficial– impongan sus posiciones. Por ejemplo, para que se les disculpen inversiones
no realizadas o se les concedan reacomodamientos tarifarios.En ese sentido, que De la Rúa
haya reflotado la idea de un eventual nuevo impuesto a las rentas de las privatizadas
tiene que ver –de acuerdo a lo expresado a este diario por uno de sus operadores
cercanos– con plantear de entrada una nueva relación con las empresas. Hablar de
aquel gravamen fue fijar bien arriba el listón de futuras negociaciones, entre otras
cosas para promover una baja de tarifas.“No es conveniente gravar las ganancias
extraordinarias de las empresas privatizadas, ya que ello se podría interpretar como un
cambio en las reglas de juego”, sostuvo ayer Javier González Fraga, ex presidente
del Banco Central. Esa fue la opinión generalizada en la city, donde fue evidente el
desagrado que causó la mención de De la Rúa. Allí también se interpretó como una
señal inquietante que el presidente electo se inmiscuya con temas que hasta el momento
han estado ocultos por montañas de polvo.
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