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 Por Irina
Hauser@El juez Alberto Baños procesó a otro ex presidente del ex Concejo Deliberante
porteño, el justicialista Víctor Pandolfi, quien actualmente es subsecretario de
Políticas Públicas y Relaciones Intergubernamentales del Ministerio del Interior.
Extendió la misma medida a cinco ex funcionarios radicales y peronistas del viejo
organismo. Lo hizo, a tres días de las elecciones presidenciales, en la causa en la que
investiga la contratación de cientos de empleados ñoquis como vía de financiación
ilegal de la política. Aunque no irán a la cárcel, se les trabaron embargos por sumas
que van desde los 50 mil hasta los 750 mil pesos. El actual legislador radical Roberto
Clienti tendrá que prestar declaración indagatoria hoy por segunda vez. Pandolfi fue el
último titular que tuvo el Concejo antes de su disolución en noviembre de 1997. Asumió
cuando su antecesor, José Manuel Pico, se fugó acusado de asociación ilícita y ahora
la Justicia lo considera autor del delito de malversación reiterada de fondos públicos
en el mismo expediente en el que están procesados otros dos ex presidentes del órgano
legislativo, el radical Juan Trilla y el propio Pico (que ya está preso y condenado por
otros delitos). En concreto, a Pandolfi se lo considera responsable de la designación
irregular de Jorge José Solís. Aunque estuvo preso en la cárcel de Caseros entre 1991 y
1993, Solís figuró en esa época como empleado del Concejo. Luego fue despedido, no por
su situación judicial sino por una reducción de personal y, extrañamente, en 1997 lo
reincorporaron. Por el mismo caso, Baños amplió el procesamiento del ex secretario
administrativo, Roberto Luaces. A este ex funcionario, que también fue mano derecha de
Pico, ya le habían atribuido 226 contrataciones non sanctas por las que terminó preso en
agosto y con un embargo de 2,3 millones de pesos. Después, la Cámara de Apelaciones le
concedió la excarcelación, lo que no impide que empeore su situación procesal. Otro de
los nuevos procesados es el ex concejal Roberto Larrosa (UCR), a quien el juez le adjudica
58 designaciones truchas y le embargó 580 mil pesos. Algunos de los mecanismos de
corrupción más perversos revelados en esta causa quedaron asociados a este ex edil.
Larrosa, por ejemplo, figura como responsable del nombramiento de Artemio Martínez, un
cartonero analfabeto que apareció con el cargo de director del Concejo, con un sueldo de
casi 2500 pesos. Mientras hacía changas en el Club Atlético Sacachispas, que presidía
Larrosa, Martínez le pidió vacunas para sus hijos. Entonces estampó su pulgar en un
formulario sin saber que eso bastaría para que alguien cobrara por él. El mismo ex edil
está acusado por la contratación falsa de Concepción Caparra, una mujer evangelista que
pese a sus 76 años resultó directora, sin saberlo, durante dos años. La medida que
Baños dictó ayer, también afectó a otros dos radicales. A Braulio Feliú, ex director
ejecutivo, le imputan 16 designaciones fuera de regla y le correspondió un embargo de 160
mil pesos; a Carlos Bernardou, ex secretario administrativo de Trilla, lo acusan por 64
designaciones simuladas y se le fijó un embargo de 640 mil pesos. También fue procesada
la ex mujer de Pico, Claudia Cabezón, con un embargo de 750 mil pesos. Hoy Baños le
tomará una segunda indagatoria al actual legislador Roberto Clienti, quien ya está
procesado por tres hechos pero estaría involucrado en otros cuatro. Mañana también
tiene que presentarse Bernardou. Allegados a la pesquisa recordaron que aún hay cientos
de declaraciones pendientes y que el juez debe analizar la situación de varios ex
funcionarios del Concejo “algunos ligados al presidente electo”.
EL GOBERNADOR ELECTO DE TUCUMAN ACUSA A BUSSI Por L. V.
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