Por Irina
Hauser@El juez Alberto Baños procesó a otro ex presidente del ex Concejo Deliberante
porteño, el justicialista Víctor Pandolfi, quien actualmente es subsecretario de
Políticas Públicas y Relaciones Intergubernamentales del Ministerio del Interior.
Extendió la misma medida a cinco ex funcionarios radicales y peronistas del viejo
organismo. Lo hizo, a tres días de las elecciones presidenciales, en la causa en la que
investiga la contratación de cientos de empleados ñoquis como vía de financiación
ilegal de la política. Aunque no irán a la cárcel, se les trabaron embargos por sumas
que van desde los 50 mil hasta los 750 mil pesos. El actual legislador radical Roberto
Clienti tendrá que prestar declaración indagatoria hoy por segunda vez. Pandolfi fue el
último titular que tuvo el Concejo antes de su disolución en noviembre de 1997. Asumió
cuando su antecesor, José Manuel Pico, se fugó acusado de asociación ilícita y ahora
la Justicia lo considera autor del delito de malversación reiterada de fondos públicos
en el mismo expediente en el que están procesados otros dos ex presidentes del órgano
legislativo, el radical Juan Trilla y el propio Pico (que ya está preso y condenado por
otros delitos). En concreto, a Pandolfi se lo considera responsable de la designación
irregular de Jorge José Solís. Aunque estuvo preso en la cárcel de Caseros entre 1991 y
1993, Solís figuró en esa época como empleado del Concejo. Luego fue despedido, no por
su situación judicial sino por una reducción de personal y, extrañamente, en 1997 lo
reincorporaron. Por el mismo caso, Baños amplió el procesamiento del ex secretario
administrativo, Roberto Luaces. A este ex funcionario, que también fue mano derecha de
Pico, ya le habían atribuido 226 contrataciones non sanctas por las que terminó preso en
agosto y con un embargo de 2,3 millones de pesos. Después, la Cámara de Apelaciones le
concedió la excarcelación, lo que no impide que empeore su situación procesal. Otro de
los nuevos procesados es el ex concejal Roberto Larrosa (UCR), a quien el juez le adjudica
58 designaciones truchas y le embargó 580 mil pesos. Algunos de los mecanismos de
corrupción más perversos revelados en esta causa quedaron asociados a este ex edil.
Larrosa, por ejemplo, figura como responsable del nombramiento de Artemio Martínez, un
cartonero analfabeto que apareció con el cargo de director del Concejo, con un sueldo de
casi 2500 pesos. Mientras hacía changas en el Club Atlético Sacachispas, que presidía
Larrosa, Martínez le pidió vacunas para sus hijos. Entonces estampó su pulgar en un
formulario sin saber que eso bastaría para que alguien cobrara por él. El mismo ex edil
está acusado por la contratación falsa de Concepción Caparra, una mujer evangelista que
pese a sus 76 años resultó directora, sin saberlo, durante dos años. La medida que
Baños dictó ayer, también afectó a otros dos radicales. A Braulio Feliú, ex director
ejecutivo, le imputan 16 designaciones fuera de regla y le correspondió un embargo de 160
mil pesos; a Carlos Bernardou, ex secretario administrativo de Trilla, lo acusan por 64
designaciones simuladas y se le fijó un embargo de 640 mil pesos. También fue procesada
la ex mujer de Pico, Claudia Cabezón, con un embargo de 750 mil pesos. Hoy Baños le
tomará una segunda indagatoria al actual legislador Roberto Clienti, quien ya está
procesado por tres hechos pero estaría involucrado en otros cuatro. Mañana también
tiene que presentarse Bernardou. Allegados a la pesquisa recordaron que aún hay cientos
de declaraciones pendientes y que el juez debe analizar la situación de varios ex
funcionarios del Concejo algunos ligados al presidente electo.
EL GOBERNADOR ELECTO DE TUCUMAN ACUSA A BUSSI
La policía ya jaquea a Miranda
Por L. V.
A
veinticuatro horas de asumir como nuevo gobernador de Tucumán, el justicialista Julio
Miranda ya empezó a sufrir en carne propia la herencia del general Antonio Bussi. Ayer la
policía provincial se autoacuarteló en el Departamento Central de la fuerza; cerca de
200 uniformados reclamaron la presencia de las futuras autoridades, pero abuchearon a los
enviados de Miranda cuando los tuvieron enfrente. La protesta policial tuvo una lectura
unívoca dentro del PJ: es una movida fogoneada por Bussi para empañar el acto de
asunción de mañana, sostuvo el designado ministro de Gobierno Miguel Nazur. Los
hombres de Miranda llegaron incluso a barajar la posibilidad de convocar a la Gendarmería
para reemplazar a la policía en el operativo de seguridad que rodeará el acto de cambio
de gobierno, pero finalmente un oportuno anuncio del bussismo calmó las aguas y la mayor
parte de los rebeldes abandonaron el edificio, donde dejaron una guardia a modo de
vigilia. La protesta se inició para reclamar el pago de los sueldos de
setiembre y exigir al nuevo gobierno que garantice una mejora salarial que Bussi otorgó a
la policía un mes antes de las elecciones y por decreto. Miranda envió a su ministro
Nazur y al próximo jefe de policía a negociar con los amotinados, pero el mensaje de sus
emisarios estuvo lejos de apaciguar los ánimos. Es que ambos ratificaron que se revisará
el decreto con el que el ex dictador blanqueó los adicionales de la policía de la
provincia; no sólo lo consideran ilegítimo, sino también realmente difícil de cumplir.
En concreto, significaría un gasto adicional de 22 millones de dólares
anuales puntualizó Nazur a este diario. El malestar policial tiene además otros
motivos: a partir de este sábado, los efectivos tendrán como jefe a un hombre ajeno a la
fuerza, el comandante de Gendarmería Juan Alberto Kaleñuk, quien anticipó que
impulsará una limpieza en las filas de una policía que en los últimos meses fue el
centro de decenas de denuncias de corrupción. Vamos a pasar a disponibilidad a la
plana mayor y para después avanzar gradualmente sobre otros casos particulares,
dijo ayer Kaleñuk. El futuro jefe de policía calificó al blanqueo de los sueldos de la
policía como un acto de barbarie política, y agregó que el mismo
Bussi hizo correr la versión de que nosotros estábamos trabando el pago de los sueldos
de septiembre con el fin de provocar el autoacuartelamiento. Incluso están
haciendo circular versiones sobre que el general no irá al acto de traspaso, donde
está prevista la presencia de Carlos Menem, concluyó. A media tarde el bussismo
difundió un comunicado oficial para informar que había liberado los fondos necesarios
para el pago de los salarios, que podrán ser cobrados a partir de hoy con las mejoras
incluidas. Tras el anuncio, los policías levantaron parcialmente la protesta, pero todo
el episodio bien podría ser leído como el primer signo de lo que les espera en la futura
administración de la provincia.
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