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La justicia chilena ordenó ayer un nuevo allanamiento en busca de datos sobre más de 100 desaparecidos. Y en España, el juez Garzón le dijo no a otra maniobra de los abogados de Pinochet. |
 Mientras el
gobierno de Chile insiste en el regreso de Pinochet, la justicia avanza en las
investigaciones sobre la herencia de la dictadura. Ayer, el juez chileno Juan Guzmán
Tapia –que lleva adelante 30 de las 49 querellas presentadas en Santiago contra el ex
dictador– ordenó el allanamiento de la tenebrosa Colonia Dignidad en busca de restos
de desaparecidos. En el frente legal español del caso Pinochet, el juez Baltasar Garzón
rechazó el pedido de los abogados españoles del ex dictador para ser parte en el juicio
en Madrid. Y el diario español El País aseguró que la jurisprudencia británica impide
que el ministro del Interior, Jack Straw, pueda interrumpir el juicio de extradición en
Londres para autorizar la “salida humanitaria” de Pinochet pedida por Santiago. El canciller chileno, Juan Gabriel Valdés, aseguró ayer que la solicitud oficial para que Pinochet sea liberado por motivos humanitarios no significa que su gobierno lo considere inimputable. En todo caso, deben ser los tribunales chilenos los que decidan si está en condiciones de salud para enfrentar un juicio en el país, aclaró. El embajador de Santiago en Londres, Pablo Cabrera, también apoyó el regreso del ex dictador porque su muerte en el exterior sería un “trauma” para la sociedad chilena “y no creo que él merezca transformarse en un ícono”, justificó. Entretanto, la justicia chilena sigue desenterrando datos sobre los “traumas” que causó el régimen pinochetista. Ayer, las 13.000 hectáreas de la Colonia Dignidad, rebautizada “Villa Baviera”, fueron ocupadas por más de 70 policías. El objetivo del operativo autorizado por el juez Guzmán es comprobar si el lugar funcionó como un centro de detención y torturas durante la dictadura, como denunciaron varios testigos. La entrada de una grúa y una ambulancia dio la pista de que además podrían realizarse exhumaciones en busca de los restos de más de 100 desaparecidos que habrían sido enterrados en la colonia. El otro objetivo es encontrar pistas sobre el ex líder de la colonia y colaborador de la dictadura, el alemán Paul Schaefer, acusado de abuso de menores y prófugo desde 1996. También ayer, un grupo de diputados oficialistas denunció ante la justicia a la resucitada agrupación derechista Patria y Libertad como responsable de los recientes atentados en Chile en protesta por la detención del ex dictador. En España, el juez Garzón aseguró que aceptará el pedido de los abogados de Pinochet para ser parte en el juicio que él lleva adelante. Pero nunca en las condiciones actuales: sólo si Pinochet se presenta personalmente ante los tribunales madrileños. El juicio seguirá “a pesar de los intentos de politización utilizados imprudente o maliciosamente por algunos”, aclaró refiriéndose a los abogados del ex dictador. Otro extranjero procesado por Garzón, el ex premier italiano Silvio Berlusconi –acusado de fraude millonario contra un canal de televisión español–, aseguró ayer que será absuelto por Madrid, aún después de que el juez pidió al Parlamento Europeo que le retire su inmunidad.
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