Las campañas no podrán empezar hasta 60 días antes de las elecciones.
  El gobierno porteño no podrá realizar propaganda institucional que induzca al voto, ni promocionar candidatura alguna en actos oficiales.
  Los afiches en vía pública deberán tener, sin excepción, la identificación de la imprenta que los realice.
  Los partidos deberán acreditar en qué gastaron sus fondos de campaña y remitir a la Auditoría General porteña un detalle público de sus gastos.
  Desde las 48 horas antes de las elecciones, y hasta tres horas después de su finalización, queda prohibida la difusión de encuestas electorales.
  Cuando se elija jefe de gobierno y legisladores se puede gastar, como máximo, 2.500.000 pesos y la mitad si la elección es sólo legislativa.
  Quedan prohibidos los aportes de empresas a las campañas y las contribuciones personales no podrán superar los 20 mil pesos.
  Los partidos deberán habilitar una cuenta en el Banco Ciudad en la cual se depositarán todos los aportes que reciban.

La Ley de Financiamiento de campañas debería haber sido sancionada, para su mejor funcionamiento orgánico, junto a la ley electoral y de partidos políticos, ya que representan, en su conjunto, las piezas fundamentales que permitirán afrontar la próxima elección a jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, tras la decisión de los bloques de la mayoría de tratarla en forma específica, la hemos acompañado con la satisfacción de que gran parte de los contenidos incorporados a esta ley coinciden con la propuesta presentada oportunamente por mí, en representación del Justicialismo. Esto demuestra que el consenso alcanzado en el despacho tenía como antecedente las iniciativas parlamentarias que le dieron origen, y en donde la coincidencia en los objetivos de austeridad, transparencia y control del accionar político, ya atravesaban todo el arco político de esta Legislatura.
Entre los aspectos que contiene la ley, y que merecen ser destacados, se encuentra el límite establecido para el gasto de las campañas y la fijación de un tope al aporte privado que puedan recibir.
A su vez, resultará esencial el control establecido a estos procesos a través de la Auditoría General de la Ciudad, la cual permitirá el acceso de la ciudadanía a la información relacionada con quiénes aportan y cómo se gasta en las campañas.
También la prohibición de difundir encuestas 48 horas antes y 3 horas después de los comicios adquiere suma importancia, dado que existen ejemplos concretos de que la transgresión a la veda, así como la difusión de las boca de urna prematuras pueden significar una alteración de la paz social, la cual sin dudas debe ser preservada.
Por encima de todo, los bloques que hemos intervenido en la redacción de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires aspiramos a responder a las demandas de evolución y cultura política que la sociedad está exigiendo.

* Diputada por la ciudad de Buenos Aires. Partido Justicialista.

Que haya sido posible firmar por unanimidad un despacho sobre financiamiento de las campañas electorales es la mejor prueba de que, por sobre las diferencias partidarias y las especulaciones respecto de la futura elección de jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, todos los dirigentes políticos somos conscientes de cuál es el humor de la sociedad sobre estas cuestiones. No se ha comprobado que la proliferación desmedida de anuncios televisivos, el gasto sin límite en asesores de imagen y consultoras publicitarias, sirvan para motivar a los votantes y vencer la generalizada apatía que ha caracterizado la vida política en los últimos años. Por el contrario, el exceso en el gasto electoral fortalece la sospecha de que se están utilizando recursos públicos y de que se reciben favores de grandes grupos económicos, cuyo cobro no tardarán en reclamar.
Además de limitar los gastos y de establecer que los aportes de cada persona no podrán superar los veinte mil pesos, el proyecto prohíbe las contribuciones de personas jurídicas: el derecho a sostener un partido se confiere a los ciudadanos, no a las empresas. Demasiadas cosas en nuestra sociedad se rigen por las leyes del mercado y es bueno que sean los principios igualitarios de la ciudadanía los que se apliquen a todo lo que tiene que ver con la acción política.
La ley, como es obvio, sólo se aplicará en la Ciudad de Buenos Aires que elegirá legisladores y jefe de gobierno en los próximos meses. Sería deseable, que cuando las elecciones locales coincidan con las nacionales no fueran aplicables dos normativas distintas. En realidad, esta sanción de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires es una apuesta a una reforma de alcance nacional. La necesidad de desvincular la política de los negocios y de garantizar la transparencia y la austeridad es un reclamo de todos los argentinos. También, es un primer paso para rescatar a la política del descrédito que la rodea y convertirla nuevamente en una herramienta de transformación de la sociedad.

* Presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura porteña.

Transparentar el financiamiento de la política es el paso fundamental para recuperar su autonomía. No se trata de un eticismo individualista, sino de una decisión de Estado para comenzar a saldar enormes cuentas desde lo social. Una política envenenada por el dinero sucio es una política dócil al negociado y a mucho más: al abandono de transformaciones independientes, a la renuncia de utopías de cambio. Esta ley que convierte en precursora a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debería constituirse en un caso líder para todo el país.
La reforma política que hoy se pone en marcha deberá ser completada por otros pasos de suma importancia: la eliminación de listas sábanas, la mayor proximidad entre representantes y representados, la capacitación de la dirigencia política, la puesta en marcha de institutos con alto nivel de investigación académica y técnica. Reformar la política no es apenas una cuestión cosmética ni de buenos modales. Toca el corazón de un problema que se vincula con aspectos estratégicos para nuestro país, a saber: el malgasto de programas sociales que encubren financiamiento proselitista y el riesgo de que las campañas se infiltren por las garras del narcotráfico.
Queda mucho por hacer. Esencialmente, cumplir las disposiciones de contralor, no convertir en letra muerta el límite de gastos y, por sobre todo, transferir información y capacidad de monitoreo a las instituciones de la sociedad civil. Una sociedad hastiada de spots televisivos que convierten a la política en mero show teatral, no recuperará la confianza en sus dirigentes por el pase mágico de una norma jurídica.
Pero sí se abre a partir de hoy la posibilidad de transitar un nuevo camino. Se puede comenzar a romper el círculo vicioso de una política rica con una sociedad pobre. Se puede reconciliar a la política con el debate de ideas antes que con su transformación en un suceso hipnótico ante la gente. Se puede, en definitiva, dejar atrás aquella cínica frase: “Nunca preguntes de qué están hechas dos cosas: el interior de una salchicha y el origen de los fondos de una campaña electoral”.

* Legislador de Nueva Dirigencia.

Basta de “amiguismo”, basta de “campañas espurias”, basta de “compromisos con quienes tienen poder económico”. Esta ha sido la firme decisión de la Alianza, y de la Legislatura en general, al aprobar ayer la ley que regula el financiamiento de las campañas electorales.
Es lógico que la gente se sienta “enojada” cuando percibe que se gastan exorbitantes sumas de dinero de las cuales desconoce su origen y que no resisten comparación con fondos destinados a la educación, la salud o la promoción social. O cuando se entera de que algunos políticos tienen un contrato con una o varias empresas, lo que posteriormente significa una devolución de favores. O que desde el empleo público y con subsidios se consolida el “clientelismo político”.
En la Alianza hemos tomado la decisión de terminar con esto. Y la Legislatura en su conjunto tomó este compromiso. La gente podrá conocer cómo se gasta y de dónde surge cada centavo utilizado para el financiamiento de la actividad política. De una vez por todas, hay que transparentar esta actividad. Cualquier ciudadano tiene el derecho de conocer cuánto dinero destina el Estado al financiamiento de una campaña.
Durante el debate hemos buscado las mejores formas de clarificar la manera en que el Estado financia y sostiene a la actividad política, para que ésta no termine convirtiéndose en una representación que sólo tienen y pueden llevar adelante quienes defienden los intereses dominantes de sectores altamente concentrados. Y creemos que hemos llegado a una excelente ley.
En pocos meses, los habitantes de Buenos Aires tendremos que elegir a quienes gobernarán la Ciudad. Frente a esto, hemos dado un paso que consideramos histórico. La ciudad de Buenos Aires es el primer distrito de Argentina en contar con una ley en este sentido. Y esperamos que sea el paso inicial para que otras provincias tomen la misma decisión.

* Presidenta del bloque de legisladores de la Alianza.

Clientelismo, prebenda, contraprestación y lobby son condiciones necesarias, hasta hoy día, del oscuro método de la financiación de la política argentina. La afirmación involucra, sin temeridad, a la campaña electoral que finalizó hace apenas una semana. Los mecanismos pergeñados por los partidos políticos para recaudar fondos y sostener sus campañas electorales y a sus militantes dieron vida a un sistema basado en la perversión y la falta de transparencia que terminaron por degradar la política, fomentar la corrupción y socavar las bases de credibilidad del sistema democrático.
La partidos políticos –fundamentalmente los mayoritarios– no han querido a la fecha desarticular un golem que crearon para perpetuar su subsistencia, sin importarles cuánto de sus principios se iban por la cloaca al aceptar fondos de origen incierto.
El mecanismo en vigencia es oscuro, pero no secreto. Su corazón y motor son el mecanismo de recaudación. Por lo general, los partidos políticos cuentan con un equipo de recaudación, usualmente conducido por uno o más -nunca demasiados– “jefes de caja” que coordinan el mangueo. Estos cajeros partidarios cuentan con la bendición y la extrema confianza del candidato y tienen la tarea, además de juntar fondos, de administrarlos. El blanco preferencial, hasta ahora, han sido los grandes empresarios quienes, precavidos en épocas de campaña, reparten sus fondos destinados ad hoc entre los candidatos con chances de ganar, por lo general los de los partidos tradicionales. No es difícil inferir que, luego del triunfo del candidato beneficiado con el dinero preelectoral, los mismos gerentes que fueron generosos en épocas de incertidumbre soliciten su contraprestación en épocas de certezas.
Estos aportes –que suelen esquivar los controles fiscales– son la masa crítica de los ingresos partidarios. El resto proviene del Estado, de lo que se paga a cada partido por los votos obtenidos en la elección anterior.
Así se erogan las campañas, los spots televisivos, los jingles de radio, los avisos de los diarios, los carteles y sus pegatinas, las pintadas (casi en extinción), los militantes, los colectivos que llevarán a la gente a los actos, el merchandising (camisetas, banderitas, gorritos, vinchas, botones, etc.), los fiscales y la vianda que se les da el día de la elección.
Actualmente, la política electoral argentina se sostiene de esa manera. Ayer, la Legislatura porteña rompió –al menos para el segundo distrito electoral del país y vidriera de la Nación– con ese engendro. Impuso límites a la duración de las campañas, especificó cómo deberán ser los aportes y cuál, su procedencia e impuso un valor comparativamente bajo al voto que debe sostener el Estado. Pero, fundamentalmente, dio una señal y dejó una enseñanza. La señal es el cambio rotundo que, con fuerza de ley, se impone a la praxis política porteña; la enseñanza es que el consenso en búsqueda del grial de la transparencia puede ser imitada.
Si esto ocurre, si hay contagio nacional, cuando menos el futuro será mejor y los políticos tendrán todavía chances de reconciliarse con la sociedad.