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Por Victoria Ginzberg  El presidente electo,
Fernando de la Rúa, sigue sin definir públicamente cual será su postura ante el
inminente pedido de extradición de casi cien militares argentinos que realizará el juez
español Baltasar Garzón. Varios miembros de la Alianza se pronunciaron ayer con cautela
a favor de que el tema sea resuelto por la Justicia. Sólo los miembros de la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos se entusiasmaron con que los represores sean juzgados
en España. El ex ministro de Defensa de Raúl Alfonsín, Horacio Jaunarena, quien había
criticado la competencia del juez, no fue respaldado por otros miembros de la coalición y
ayer aclaró que “más allá” de su posición personal, el tema “lo debe
decidir la Justicia”. El ex ministro de Defensa, quien es diputado electo por la provincia de Buenos Aires, reiteró ayer sus argumentos contra el juicio por terrorismo de Estado y genocidio que lleva adelante el juez español Baltasar Garzón. “De acuerdo con el derecho vigente rige el principio de territorialidad y aquellos que hubieran cometido delitos deben ser juzgados por los jueces del país en donde los delitos se cometieron”, aseguró por radio. Luego, en diálogo con Página/12, relativizó sus palabras. Aunque ratificó su posición personal, manifestó que no será el futuro gobierno quien decida sobre el tema, sino que lo hará la Justicia. Así, quedó algo más en sintonía con las declaraciones del resto de los miembros de la Alianza. “La competencia puede ser discutible en algunos casos pero creo que habría que dar curso a la Justicia para que decida, no habría que rechazarlo in limine”, dijo el diputado Federico Storani. Storani recordó que la Alianza criticó la actuación de la Cancillería cuando rechazó sin considerar el pedido de extradición de Lino César Oviedo que realizó Paraguay. Alfredo Bravo y Simón Lázara, presidente y vice de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, en cambio, fueron enérgicos. “Estoy de acuerdo con la petición de Garzón como lo estaría con la de cualquier país que pretenda juzgar los crímenes de lesa humanidad”, afirmó el primero. Ambos recordaron que no es coherente utilizar el argumento de la soberanía cuando Argentina aceptó recurrir a tribunales extranjeros para litigar con las empresas privatizadas. “La situación del país hoy no es la misma que hace diez años. La decisión en este caso no debe ser política –como lo fueron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, los Indultos y la política del presidente Menem– sino jurídica. Deben cumplirse todos los tratados de extradición y no creo que eso tenga un efecto político que afecte al futuro gobierno, Argentina no es Chile y los militares acusados son dinosaurios. Espero que el gobierno de la Alianza respete la ley”, manifestó Lázara. No bien Garzón envíe el pedido de extradición de casi cien militares para que sean juzgados en España, la Cancillería deberá decidir si invalida la medida o deja que la Justicia resuelva el tema. “Nos vamos a pronunciar cuando llegue el pedido de extradición. En ese momento lo estudiaremos y decidiremos qué hacer”, dijo, bastante más cauto que algunos de sus compañeros, el diputado Marcelo Stubrin. “No deben gozar de impunidad quienes han cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos, pero no se ha llegado a perfeccionar el mecanismo del Tribunal Penal Internacional, mientras eso no ocurra, el tema está en discusión”, afirmó, diplomáticamente, el ex embajador en Washington y Naciones Unidas Lucio García del Solar. –El tema está en discusión, pero si usted tuviera que darle un consejo sobre el tema al presidente electo, ¿qué le diría? –preguntó este diario a García del Solar, miembro del Instituto Programático de la Alianza. –Le diría que estudie el caso a fondo. Pero no estaría de acuerdo con que se rechace el pedido de plano. Mientras no exista el Tribunal Penal Internacional, el tema lo deberá decidir la Justicia. Los organismos que impulsan el juicio contra los represores argentinos aseguran que sólo el hecho de que la Justicia argentina decida sobre la extradición sin interferencia del Poder Ejecutivo sería un paso importante, ya que el gobierno de Carlos Menem se negó sistemáticamente a cooperar con Garzón.
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