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| Por Adriana Meyer y Claudio Zlotnik  El juez federal Gabriel
Cavallo citó a declaración indagatoria y le trabó embargo por 50 millones de pesos a
Rubén Beraja, ex presidente del Banco Mayo, y por un total de 377 millones a otros 19
directivos de la entidad financiera liquidada hace un año por “vislumbrar presuntas
maniobras delictivas” en el manejo del banco. El magistrado detectó irregularidades
en las operaciones de las mesas de dinero del Mayo, autopréstamos y “sospechas”
sobre el destino que los ex banqueros le dieron a 300 millones de dólares que el Mayo
obtuvo por parte del Central en concepto de asistencia financiera. Una alta fuente de
Tribunales confió a Página/12 que “es alta la probabilidad” de que el juez
Cavallo procese a los imputados tras las indagatorias.El próximo lunes 22 de noviembre, Rubén Beraja deberá responder sobre las cuatro cuestiones centrales investigadas por la Justicia, de acuerdo con la orden de citación a la que tuvo acceso este diario:  Mesa de
dinero: en la orden judicial, Cavallo cita a dos: Mayflower y Trust Inversions. A
través de ellas, tomaron unos 200 millones de dólares de unos 3000 ahorristas que, a
cambio, recibían una tasa de interés del 13 por ciento anual, el doble de la tasa de
mercado. Estas operaciones off shore no estaban integradas a los balances del Mayo , y
hasta ahora los inversores no pudieron recuperar su dinero. La mayoría de los ahorristas
no recibía constancia de sus depósitos. Con los fondos recibidos, los responsables del
Mayo habrían realizado diversas inversiones inmobiliarias: los shopping Adrogué, Patio
Olmos (Córdoba) y Del Jardín (Tucumán) y en un importante lote en el Dique 1 de Puerto
Madero. Asistencia
del Banco Central: el juez Cavallo sospecha manejos ilícitos con los 300
millones de dólares que el BC otorgó al Mayo a través de redescuentos durante setiembre
y octubre del ‘98. Lo mismo que en el caso de las mesas de dinero, la hipótesis más
consistente que tiene el magistrado es que, con esos fondos, los dueños de la entidad
financiera realizaron inversiones para su propio provecho. Autopréstamos:
en su llamado a indagatoria, el magistrado señaló la existencia de “una
llamativa conexión” entre las empresas y personas beneficiarias de los créditos
otorgados por el Mayo con las máximas autoridades de la propia entidad financiera. Esos
autopréstamos habrían acumulado un total de 123,4 millones de dólares y se habrían
distribuido entre 32 personas y compañías estrechamente vinculadas con el banco
quebrado. Tiempo
Compartido: el juez advirtió “operaciones comerciales aparentemente
irregulares” en la compra de “cuantiosos” derechos de uso de Tiempos
Compartidos a una empresa particular: Icatur SA, manejada por Salomón Cheb Terrab, a la
que además se la asistió financieramente a pesar de la situación de iliquidez que ya
demostraba el banco comandado por Beraja.“Todo ello conformaría la presunta existencia de una estable y continua actividad ilícita por parte de un grupo de personas, aparentemente organizado para la consecución de esos fines”, apuntó el juez en su escrito. En otras palabras, Cavallo tiene la presunción de que una “asociación ilícita” está involucrada en la quiebra del Mayo, que unos meses antes de quebrar había absorbido al Patricios. En ese sentido, Cheb Terrab, José Naftali, Felipe y Sergio Kompel, Rafael Charur, Horacio Alegre, Jaime Hasbani, Alfredo Bigio, León Laniado, Adolfo Safdie, David Malik y Víctor Liniado, entre otros ex ejecutivos del Mayo, deberán presentarse en Tribunales entre el 22 y el 9 de diciembre próximos.
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