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Por Martín Granovsky "Quiero planes concretos", se desespera Fernando de la Rúa. "Tráiganme cosas para hacer, ideas, programas realizables", insiste estos días a sus colaboradores, con el doble objetivo de garantizar algo más que la paz de los mercados y arrancar el 10 de diciembre ganando la batalla de la opinión pública. Ya tiene una promesa: Nicolás Gallo, futuro ministro de Obras Públicas o Infraestructura, le prometió un plan de construcción de 500 mil viviendas a 9 mil pesos cada una. Será una medida pensada como de alto impacto que se sumará a otras al estilo de la venta del avión presidencial Tango-01. Un equipo trabaja en el diseño de un plan de construcción de viviendas para los cuatro años de la Presidencia De la Rúa. --Pensamos en monoambientes para asegurar la primera vivienda a los que hoy no la tienen o tienen casas precarias --dijo uno de los técnicos del proyecto. Hasta ahora la idea predominante sería subsidiar la demanda y no la oferta. "Queremos evitar un Fonavi construyendo casas que después quedan vacías", graficó el técnico. En cuanto al monto, el Estado conseguiría financiación para 4500 de los 9 mil pesos, y podría verificar la construcción supervisando compras en blanco en el corralón del barrio. Si el corralón no cumple, sería dado de baja del nuevo sistema. El programa prevé una forma de autoconstrucción del propio usuario de la futura vivienda o la construcción por un tercero que entregue la casa a un demandante. El equipo que supervisa Gallo está buscando información sobre planes similares en México y Chile. Por el momento no está definida la escala más humana del plan, como un asesoramiento a los constructores para no irse del presupuesto pero evitar, al mismo tiempo, el hacinamiento del ambiente único. --Aunque sea, el Estado tiene la obligación de empezar a imaginar cosas --dijo un futuro funcionario que será clave en el área de Obras Públicas. Recordó que los equipos de transición que De la Rúa y Carlos "Chacho" Alvarez enviaron a coordinar el traspaso volvieron con una percepción de la maquinaria estatal corregida y aumentada: --Cuanto más nos acercamos a la realidad, más nos damos cuenta de que, además de desguazarlo, al Estado lo destriparon --fue la síntesis de uno de los observadores de la Alianza. Un dirigente cercano a Alvarez que trató muy de cerca a De la Rúa durante la campaña dibujó así su impresión actual sobre el Presidente electo: --Por un lado, se siente cada vez más incómodo con la imagen de político conservador. En la Internacional Socialista, por ejemplo, parecía relajado y feliz como si ésa siempre hubiera sido su gente. Y por otro lado De la Rúa es un pragmático, no tiene una adhesión ideológica al establishment ni es un fundamentalista del mercado. Para demostrarlo, la Alianza aspira a renegociar con éxito la reducción de la tasa de interés sobre las tarjetas de crédito, que hoy puede trepar al 38 por ciento anual en pesos con una inflación anual de cero o con deflación. Los banqueros habían conseguido bloquear, con la ayuda del presidente Carlos Menem, una norma del Congreso que ponía un tope del 25 por ciento. --Nuestro poder es la legitimidad de un gobierno recién elegido que no tuvo desgaste y puede jugar fuerte con la opinión pública --se animó otro funcionario clave de la próxima administración. --¿Y con qué base sustentarían una jugada fuerte? --Uno no puede hacer lo que quiere, pero con los votos frescos la voluntad tiene en qué apoyarse. El mismo fondo de poder sin erosión impregna el tercer objetivo del paquete: la renegociación de las tarifas de peaje. Según el investigador de Flacso Daniel Aspiazu, entre 1991 y 1998, con Plan de Convertibilidad, los precios minoristas crecieron un 54,7 por ciento, los mayoristas el 17,2 y las tarifas de peaje un 69,3 por ciento, asegurando una rentabilidad neta del 26,4 por ciento. El miércoles se realizaría un encuentro decisivo entre el equipo del nuevo gobierno y las concesionarias. --¿Van a mantener las concesiones? --En principio sí. Vamos a discutir con las empresas, pero no se asombre si algún peaje directamente cae --fue la advertencia recogida por Página/12. Es difícil que De la Rúa acepte la propuesta de las concesionarias de canjear una deuda de 200 millones de dólares que reclaman al Estado por tres años más de derecho de explotación. La cúpula del nuevo gobierno confía en una característica común: --Ni De la Rúa, ni Gallo ni (el futuro jefe de gabinete, Fernando de) Santibáñes, ni Adalberto Rodríguez Giavarini o Rodolfo Terragno necesitan demostrar al establishment o a los grandes grupos económicos que no son ni populistas ni izquierdistas, y por eso tienen las manos más libres para discutir. --¿Eso significa que José Luis Machinea no las tiene libres? --Sí que las tiene. Solo que en su caso él mismo no debe atárselas por un miedo exagerado al fantasma del '89. Machinea era presidente del Banco Central en febrero de 1989, cuando el estallido del Plan Primavera provocó el dolarazo que llevaría a la hiperinflación. Ahora parece predestinado a practicar el ajuste de cuentas con el déficit fiscal --una premisa que, por repetida y previsible, nadie cuestiona-- mientras ensaya una forma de recortar el gasto público menos antipática que la de Roque cuando Susana Decibe dio su portazo. Por más que el ajuste venga acompañado de una política social compensatoria, será irritativo. Ese diagnóstico justifica, para la Alianza, una compensación que sea también política. Al plan de viviendas, la renegociación de los peajes y la baja de tasas de interés se sumaría, para completar el quinteto de alto impacto, la venta del avión Tango y la nueva oficina anticorrupción que adelantó este diario el jueves. Desprenderse del Boeing 757 decorado imitando otro que se adaptó al gusto de un jeque será, para De la Rúa, un símbolo. En términos de caja tendrá un significado menor. El Tango costó 66 millones de dólares y las empresas consultadas por el futuro gobierno no aportaron una estimación exacta de cuánto podría recuperarse. También traerá molestias que ya se harán evidentes este miércoles con la visita a Fernando Henrique Cardoso, cuando el Presidente electo experimente el sacrificio de ir a Brasilia y volver en el mismo día. --¿Por qué lo venderán? --Será una señal fortísima de austeridad --contestan eufóricos los allegados a De la Rúa--. ¿Se imagina el valor inicial que tendrá el comentario de que el Presidente y sus colaboradores viajan en vuelo de línea con los demás pasajeros? La quinta medida, la oficina anticorrupción con poderes especiales, podrá investigar hacia atrás, o sea, hacia el gobierno de Carlos Menem, y en teoría deberá servir para recibir denuncias sobre la propia gestión de De la Rúa y Alvarez. Como la otra parte del paquete, también tiene su ventaja secundaria. Página/12 la descubrió consultando a un diplomático norteamericano: --Nosotros esperábamos esa oficina --dijo--. Estamos muy entusiasmados con la idea. Cuando De la Rúa y Alvarez conozcan este comentario añadirán una novedad a la beatitud de ese momento ideal de los políticos, entre las elecciones y la asunción del mando, cuando la gloria aún está cerca y el ejercicio del poder todavía no puso su toque de angustia en los gestos. En un mes y diez días, la realidad.
Puja para podar el déficit de 10.000 millones a 4500
El ajuste con que
debutará el gobierno de Fernando de la Rúa aun antes de asumir, a través de un
endurecimiento en el proyecto de Presupuesto para el año próximo que envió al
Parlamento el gabinete menemista, siguió siendo delineado ayer por el elenco que comanda
José Luis Machinea en una larga jornada de trabajo en las oficinas de FADE. Carlos Menem
calificó entretanto de maniobra para abrir el paraguas el cálculo de aquél,
de acuerdo con el cual el déficit del Estado duplica casi el oficialmente admitido. En
sus rasgos generales, la cuestión presupuestaria está planteada en los siguientes
términos: u Según Roque Fernández, el déficit será este año de 5100 millones de
pesos (si bien ayer mismo Carlos Menem admitió que podría llegar a 5400 millones). Como
en el Presupuesto 2000 se predice un déficit de 4500 millones, la previsión suena
razonable, sobre todo en condiciones de reactivación económica y consiguiente aumento de
la recaudación impositiva, aun si se dispusiera una nueva reducción en los aportes
patronales a la Seguridad Social.u Según José Luis Machinea, el verdadero déficit de
este año estará muy cerca de los 10.000 millones, considerando que hay desequilibrios
que la contabilidad oficial oculta. Esa discrepancia, reiterada de año en año, explica
por qué el endeudamiento ha venido creciendo mucho más que la necesidad de financiación
implícita en el déficit confesado. Por tanto, ya no sería cuestión de bajar el rojo de
5100/5400 millones a 4500, sino desde casi 10 mil millones. El ajuste a practicar
saltaría por lo tanto de 600/900 millones en el año a casi 5500.Los 4500 millones de
déficit planteados para el próximo ejercicio son los establecidos como meta en el
acuerdo con el Fondo Monetario. Pero el problema de todos los presupuestos es que inflan
el pronóstico de recaudación tributaria, por lo que luego el bache a financiar resulta
muy superior al vaticinado. De hecho, para este año se estimaron recursos tributarios por
más de 55 mil millones, pero en la realidad apenas llegarán a unos 49 mil. Esto fue
obligando a cortar gastos sobre la marcha, y también a redefinir la meta con el Fondo,
que en setiembre de 1998 había consensuado para 1999 un déficit de 2950 millones. El
peligro que corre el equipo económico de De la Rúa es el de exagerar con el ajuste,
ahogando así la incipiente reactivación de la economía, que por sí sola acortaría el
déficit. Pero para los entusiastas de la disciplina fiscal, vale la pena pagar el precio
porque el ajuste es la condición para reabrir las fuentes de financiación externa y
estimular el ingreso de capitales, todo lo cual ejercerá un directo efecto reactivante.
Además, una reducción del riesgo-país abarataría los servicios de la deuda externa,
rubro decisivo del gasto. Si esta estrategia coincide, por añadidura, con un giro
favorable en la coyuntura internacional, con más demanda y mejores precios para las
exportaciones argentinas, el país pasaría rápidamente del mal trago del ajuste a una
nueva fase de expansión económica, que abriría espacio para reformas más profundas y
menos ortodoxas en la política económica.De todas formas, más acá de estas rosadas
predicciones, si el margen a bajar es efectivamente de casi 5500 millones, las medidas de
ajuste tendrán que ser muy drásticas. Entre éstas figurará la desafectación de buena
parte de los 4200 contratados de la administración central cuyo conchabo expira este fin
de año, la no cobertura de las vacantes que se produzcan, la postergación del aumento
que iba a concederse a los llamados cargos críticos, la eliminación del 40 por ciento de
las secretarías y subsecretarías de Estado hoy existentes, el aplazamiento de obras
públicas y estudios de consultoría, y la poda de los ATN, que son transferencias
arbitrariamente manejadas en favor de las provincias. Por el lado de los recursos, y
según lo trascendido, el equipo económico de la Alianza volvería a la carga con la
generalización del IVA y la eliminación de exenciones en el impuesto a las Ganancias,
medidas muy resistidas por los lobbies. También se prepara un aumento de cinco centavos
por litro en el impuesto al gasoil, aunque por otro lado el transporte a media y larga
distancia se vería favorecido con una rebaja en los peajes.
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