QUE HARAN LOS JUECES FEDERALES CUANDO ASUMA EL NUEVO GOBIERNO “Yo me delarruizo, tú te delarruizas, él también”
Varios magistrados piensan en jubilarse, otros en
algún traslado y otros en resistir tranquilos. Dos ya tienen preparados estudios de
abogados. La política como actividad. Las causas que los retienen. Los brindis.
Jorge Urso.
Juan José Galeano.
Gustavo Literas.
Por Irina Hauser
“Que nadie se
mueva.” Esa es la orden que hizo llegar Carlos Menem, después de las elecciones
presidenciales, a los jueces federales que fueron fieles a los deseos y necesidades de su
Gobierno. “Yo me delarruizo, tú te delarruizas, él se delarruiza”,
contrariaban en broma algunos magistrados en los pasillos de los Tribunales de Retiro para
distender los ánimos en la semana poselectoral. Pero digan lo que digan, al menos cuatro
de los diez jueces en ejercicio del fuero que instruye las investigaciones que involucran
a funcionarios públicos están estudiando cómo emprender la retirada. Estudios de
abogados prestigiosos, puestos políticos o traslados a cargos judiciales menos agobiantes
son algunas de las opciones puestas a consideración. –¿Existe alguna posibilidad de
que el doctor jure en reserva? -preguntó la secretaria del juez Adolfo Bagnasco a un
funcionario del Colegio Público de Abogados. –Lamentablemente no hay distinciones,
tendrá que hacerlo en el auditorio con todos los que juran ese día –contestó el
encargado del área. Bagnasco, justicialista confeso, parece el juez más decidido a dejar
su cargo en el fuero federal. El año pasado tuvo una propuesta concreta para ir a
trabajar como encargado del área penal en el nuevo estudio del ex ministro de la Corte,
Mariano Cavagna Martínez, de quien fue secretario. Nunca contestó ni sí ni no. En
cambio, trocó la respuesta por un gesto: como no tenía matrícula en Capital Federal
(sólo tenía en provincia) para ejercer como abogado, decidió tramitarla antes del 24 de
octubre. Le tocó jurar el 8 de ese mes en medio de un desfile de 80 jóvenes valores
mientras soportaba las cargadas del público presente. Su nueva y flamante matrícula
está registrada en el tomo 69, folio 317 del Colegio Público. Igual está inhabilitado
hasta que presente la renuncia. Coronado como el juez que ingresó al catálogo de famosos
desde que procesó a siete ex jefes militares por el robo de bebés durante la dictadura y
que logró repatriar los millones de las coimas del affaire IBM-Banco Nación, Bagnasco
confesó a sus íntimos: “Tengo sentimientos encontrados, me encanta este trabajo
pero tiene un techo. Me gustaría irme el año que viene: por un tiempo hay que acompañar
decorosamente la nueva gestión”. Pero los años de labor no son su única razón:
quiere dedicarse a la política. “Parece ser que Ruckauf le va a ofrecer algo en la
provincia”, anticipó otro de sus allegados. Soy del PJ. Que el justicialismo ganara
la gobernación bonaerense no sólo era el sueño de Bagnasco sino de otros cuatro jueces
federales (Claudio Bonadío, Carlos Liporaci, Rodolfo Canicoba Corral y Jorge Urso) que
así lo expresaron al brindar juntos, hace dos viernes, en el casamiento de la hija del
vicepresidente de la Corte, Eduardo Moliné O’Connor. En ese momento plantearon
preocupados la posibilidad de una derrota. Pero el lunes pasado entraron a sus despachos
con una sonrisa de oreja a oreja. Más se relajaron cuando Chacho Alvarez anunció
“que el nuevo gobierno no los va a poner en comisión”. Y sellaron su felicidad
y sus aspiraciones de negociación cuando vieron a Fernando de la Rúa y a Eduardo
Duhalde, juntos, en las tapas de los diarios del viernes. “Ahora hay que resistir,
después se verá; tampoco es cuestión de que la gente crea que nosotros, los jueces,
terminamos un mandato”, dijo a Página/12 uno de los magistrados que figuraban en la
famosa servilleta donde el ministro del Interior, Carlos Corach, escribió los nombres de
los jueces-soldados de la Casa Rosada y que Domingo Cavallo denunció en 1996. Oficina de
estreno. Cuando algún jurista con cintura política visita su estudio recientemente
inaugurado, Cavagna Martínez presenta: “Esta va a ser la oficina de Adolfo
(Bagnasco)”. Luego muestra la que tiene destinada a su histórico amigo, Gustavo
Literas, hombre de bajo perfil que llegó a juez por sus contactos con el peronismo.
–La propuesta es tentadora pero la causa del avión de LAPA me complica en lo
inmediato –le dijo Literas, café de por medio, a uno de sus colegas de mayor
confianza. A Canicoba Corral, el magistrado que condenó a Cavallo a cuatro meses de
prisión en suspenso por injurias y que días atrás procesó a Mario De Marco Naón
–el funcionario de María Julia Alsogaray que se autocontrató–, le gustaría
irse a un juzgado federal de provincia, “un lugar más tranquilo y menos sometido a
la presión mediática”, comentó uno de sus colaboradores. De hecho, cuando este
año le ofrecieron un pase lateral a un nuevo juzgado del Partido de Tres de Febrero casi
se le escapa un sí de entrada, mezclado con el humo de sus cigarrillos con boquilla.
“Pero ese juzgado se estancó, quedó en nada”, explicó el vocero. Hay otra
explicación. El reglamento de concursos aprobado por el Consejo de la Magistratura, el
órgano de selección que desde hace casi doce meses reemplaza a los acuerdos del Senado,
prohíbe el traslado horizontal de jueces por decreto. El freno derivado de esta nueva
norma lo padeció, por ejemplo, el juez de instrucción Héctor Yrimia. El magistrado
aspiraba a reemplazar en el Juzgado 12 al destituido juez Carlos Branca, que quedó preso
a fines de 1997 acusado de proteger a un grupo de contrabandistas vinculados con la causa
de la “aduana paralela”. Según un encumbrado funcionario del Consejo, en
febrero llamarán a concurso para ese cargo y para llenar el vacío que dejó Juan Pedro
Cortelezzi en la Cámara Federal. A rendir examen. Jorge Luis Ballestero, quien conduce la
famosa causa del oro, no tendría intenciones de irse ya. Sin embargo, dos de sus
allegados aseguraron a este diario que “se presentó a concurso para ser fiscal de
juicio”. De una ola de rumores también surge que la jueza con competencia electoral,
María Romilda Servini de Cubría, que ya superó los 60 años, se quiere jubilar.
“Por ahora ni lo pienso, y cuando lo haga va a ser desde este lugar, no voy a
concursar cargos porque estoy sobrecargada de trabajo”, suele decirles a quienes
trabajan con ella. Y aclara: “Yo pasé por todos los gobiernos, mi primera
designación como defensora oficial la firmó Perón”. La realidad es que entre la
mayoría de los jueces no reina la voluntad de concursar para cargos más altos ante el
Consejo de la Magistratura. “¿A vos te parece que yo, con tantos años de carrera
judicial, voy a dar examen para ser camarista? Ni loco”, exclamó un juez federal.
Atornillados al trono. Lo que el juez Carlos Liporaci quiera hacer de su vida no puede
definir su rumbo. Está atado de pies y manos a su despacho por una vieja causa en la que
su ex secretario Guillermo Gowland lo acusó de favorecer a empresarios y funcionarios
menemistas y de haber pinchado el teléfono particular de un ex oficial de su propio
juzgado. Como el Senado rechazó el pedido de juicio político en su contra, la
investigación radicada en el juzgado de Gabriel Cavallo está archivada. Pero si Liporaci
abandona los fueros, la causa se reactiva. Y lo último que tiene pensado el juez Cavallo
(reconocido como el juez más independiente del fuero federal) es irse del edificio de
Comodoro Py 2002. Quienes conocen al juez Claudio Bonadío, ex secretario del ministro del
Interior, Carlos Corach, aseguran que podría volver a la política. “Pero no es el
momento”, explican. “Ahora está haciendo un doctorado”, rematan. A Juan
José Galeano un tema no menor lo ata a los tribunales federales: la causa del atentado a
la AMIA. Galeano como mínimo estará hasta mediados del año 2000, ya que el miércoles
pasado la Cámara le prorrogó hasta el 30 de junio la eximición de turnos que lo
exceptúa de recibir nuevas causas. En una situación similar está Jorge Urso, quien
instruye la causa sobre venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia y es conocido por sus
coloridas corbatas y las cenas de fin de semana en Puerto Madero. Museo Oyarbide. En suma,
los jueces federales –esos que empezaron a existir en el imaginario popular a raíz
del protagonismo que les dio el gobierno de Menem– están tranquilos. Ninguno de
ellos tiene un pedido de juicio político serio en su contra ante el Consejo. “Ya
está, no va ahaber caza de brujas”, repiten a coro. Eso sí, por una cuestión de
cábala nadie abre ni mira de reojo el despacho del juez Norberto Oyarbide, un suntuoso
reducto, que en Tribunales llaman “Casa FOA”, con sofisticado empapelado
celeste, que conserva en su lugar original los muebles de maple, las estatuillas, los
juegos de té y los objetos de cristalería que el magistrado dejó desde que se tomó
licencia en 1998 y cobra aunque no va a trabajar porque el Senado todavía no resolvió su
situación. Está acusado de irregularidades en sus funciones, de amenazar de muerte al
argelino Zinedine Raschen e integrar una red de corrupción policial que protegía
prostíbulos. El Senado todavía no resolvió su situación.
Causas que quitan el sueño
Los jueces federales atesoran causas claves contrarias al gobierno de Carlos
Menem, que tarde o temprano tendrán que estallar. O no. u Juan José Galeano: Además de
la causa por el atentado a la AMIA, llamó a indagatoria a María Julia Alsogaray por
presunto enriquecimiento ilícito. u Adolfo Bagnasco: Instruye la causa IBM-Banco Nación,
en la que están sospechados el secretario de la Presidencia, Alberto Kohan, y Domingo
Cavallo, aunque sólo están procesados los directivos del Banco Nación (con Aldo Dadone
a la cabeza) y los de la Big Blue (como Ricardo Martorana). u Jorge Urso: Estudia la venta
ilegal de armas a Ecuador y Croacia por la que procesó al ex ministro de Defensa, Oscar
Camilión, indagó al ex ministro de Trabajo, Erman González, citó al jefe del
Ejército, Martín Balza, y está comprometido el canciller Guido Di Tella. u Gustavo
Literas: Conduce la causa contra el banquero prófugo Raúl Moneta y otra en la que tiene
en la mira al directorio del Banco Central por los redescuentos que otorgó al Banco
Medefin. Es el mismo juez que investiga la tragedia del avión de LAPA. u Jorge Luis
Ballestero: Investiga la llamada “mafia del oro”, en la que está involucrado el
ex gobernador de La Rioja, Angel Maza, el actual secretario de Relaciones Internacionales,
Jorge Campbell, y a su vez está procesado el ex abogado de Emir Yoma, Eduardo Vázquez. u
Gabriel Cavallo: Procesó por incumplimiento de los deberes de funcionario público a
Pedro Pou en la causa sobre la caída del Banco Mayo y del Banco Patricios. También le
tocó el “caso Coppola II”, cuyo principal acusado es el ex juez Hernán
Bernasconi. u Rodolfo Canicoba Corral: Pidió el juicio político de su par Norberto
Oyarbide, porque sospecha que utilizó su cargo para proteger, a cambio de coimas y
servicios, al prostíbulo masculino Spartacus. También investiga al titular del Instituto
Nacional del Agua (INA), Mario de Marco Naón, por enriquecimiento ilícito y
negociaciones incompatibles con la función pública. Tiene una denuncia por encubrimiento
contra María Julia. u María Romilda Servini de Cubría: Investiga el lavado de dinero en
una causa en la que aparece implicado Alberto Kohan, a quien citó el viernes.
“Que nadie se
mueva.” Esa es la orden que hizo llegar Carlos Menem, después de las elecciones
presidenciales, a los jueces federales que fueron fieles a los deseos y necesidades de su
Gobierno. “Yo me delarruizo, tú te delarruizas, él se delarruiza”,
contrariaban en broma algunos magistrados en los pasillos de los Tribunales de Retiro para
distender los ánimos en la semana poselectoral. Pero digan lo que digan, al menos cuatro
de los diez jueces en ejercicio del fuero que instruye las investigaciones que involucran
a funcionarios públicos están estudiando cómo emprender la retirada. Estudios de
abogados prestigiosos, puestos políticos o traslados a cargos judiciales menos agobiantes
son algunas de las opciones puestas a consideración. –¿Existe alguna posibilidad de
que el doctor jure en reserva? -preguntó la secretaria del juez Adolfo Bagnasco a un
funcionario del Colegio Público de Abogados. –Lamentablemente no hay distinciones,
tendrá que hacerlo en el auditorio con todos los que juran ese día –contestó el
encargado del área. Bagnasco, justicialista confeso, parece el juez más decidido a dejar
su cargo en el fuero federal. El año pasado tuvo una propuesta concreta para ir a
trabajar como encargado del área penal en el nuevo estudio del ex ministro de la Corte,
Mariano Cavagna Martínez, de quien fue secretario. Nunca contestó ni sí ni no. En
cambio, trocó la respuesta por un gesto: como no tenía matrícula en Capital Federal
(sólo tenía en provincia) para ejercer como abogado, decidió tramitarla antes del 24 de
octubre. Le tocó jurar el 8 de ese mes en medio de un desfile de 80 jóvenes valores
mientras soportaba las cargadas del público presente. Su nueva y flamante matrícula
está registrada en el tomo 69, folio 317 del Colegio Público. Igual está inhabilitado
hasta que presente la renuncia. Coronado como el juez que ingresó al catálogo de famosos
desde que procesó a siete ex jefes militares por el robo de bebés durante la dictadura y
que logró repatriar los millones de las coimas del affaire IBM-Banco Nación, Bagnasco
confesó a sus íntimos: “Tengo sentimientos encontrados, me encanta este trabajo
pero tiene un techo. Me gustaría irme el año que viene: por un tiempo hay que acompañar
decorosamente la nueva gestión”. Pero los años de labor no son su única razón:
quiere dedicarse a la política. “Parece ser que Ruckauf le va a ofrecer algo en la
provincia”, anticipó otro de sus allegados. Soy del PJ. Que el justicialismo ganara
la gobernación bonaerense no sólo era el sueño de Bagnasco sino de otros cuatro jueces
federales (Claudio Bonadío, Carlos Liporaci, Rodolfo Canicoba Corral y Jorge Urso) que
así lo expresaron al brindar juntos, hace dos viernes, en el casamiento de la hija del
vicepresidente de la Corte, Eduardo Moliné O’Connor. En ese momento plantearon
preocupados la posibilidad de una derrota. Pero el lunes pasado entraron a sus despachos
con una sonrisa de oreja a oreja. Más se relajaron cuando Chacho Alvarez anunció
“que el nuevo gobierno no los va a poner en comisión”. Y sellaron su felicidad
y sus aspiraciones de negociación cuando vieron a Fernando de la Rúa y a Eduardo
Duhalde, juntos, en las tapas de los diarios del viernes. “Ahora hay que resistir,
después se verá; tampoco es cuestión de que la gente crea que nosotros, los jueces,
terminamos un mandato”, dijo a Página/12 uno de los magistrados que figuraban en la
famosa servilleta donde el ministro del Interior, Carlos Corach, escribió los nombres de
los jueces-soldados de la Casa Rosada y que Domingo Cavallo denunció en 1996. Oficina de
estreno. Cuando algún jurista con cintura política visita su estudio recientemente
inaugurado, Cavagna Martínez presenta: “Esta va a ser la oficina de Adolfo
(Bagnasco)”. Luego muestra la que tiene destinada a su histórico amigo, Gustavo
Literas, hombre de bajo perfil que llegó a juez por sus contactos con el peronismo.
–La propuesta es tentadora pero la causa del avión de LAPA me complica en lo
inmediato –le dijo Literas, café de por medio, a uno de sus colegas de mayor
confianza. A Canicoba Corral, el magistrado que condenó a Cavallo a cuatro meses de
prisión en suspenso por injurias y que días atrás procesó a Mario De Marco Naón
–el funcionario de María Julia Alsogaray que se autocontrató–, le gustaría
irse a un juzgado federal de provincia, “un lugar más tranquilo y menos sometido a
la presión mediática”, comentó uno de sus colaboradores. De hecho, cuando este
año le ofrecieron un pase lateral a un nuevo juzgado del Partido de Tres de Febrero casi
se le escapa un sí de entrada, mezclado con el humo de sus cigarrillos con boquilla.
“Pero ese juzgado se estancó, quedó en nada”, explicó el vocero. Hay otra
explicación. El reglamento de concursos aprobado por el Consejo de la Magistratura, el
órgano de selección que desde hace casi doce meses reemplaza a los acuerdos del Senado,
prohíbe el traslado horizontal de jueces por decreto. El freno derivado de esta nueva
norma lo padeció, por ejemplo, el juez de instrucción Héctor Yrimia. El magistrado
aspiraba a reemplazar en el Juzgado 12 al destituido juez Carlos Branca, que quedó preso
a fines de 1997 acusado de proteger a un grupo de contrabandistas vinculados con la causa
de la “aduana paralela”. Según un encumbrado funcionario del Consejo, en
febrero llamarán a concurso para ese cargo y para llenar el vacío que dejó Juan Pedro
Cortelezzi en la Cámara Federal. A rendir examen. Jorge Luis Ballestero, quien conduce la
famosa causa del oro, no tendría intenciones de irse ya. Sin embargo, dos de sus
allegados aseguraron a este diario que “se presentó a concurso para ser fiscal de
juicio”. De una ola de rumores también surge que la jueza con competencia electoral,
María Romilda Servini de Cubría, que ya superó los 60 años, se quiere jubilar.
“Por ahora ni lo pienso, y cuando lo haga va a ser desde este lugar, no voy a
concursar cargos porque estoy sobrecargada de trabajo”, suele decirles a quienes
trabajan con ella. Y aclara: “Yo pasé por todos los gobiernos, mi primera
designación como defensora oficial la firmó Perón”. La realidad es que entre la
mayoría de los jueces no reina la voluntad de concursar para cargos más altos ante el
Consejo de la Magistratura. “¿A vos te parece que yo, con tantos años de carrera
judicial, voy a dar examen para ser camarista? Ni loco”, exclamó un juez federal.
Atornillados al trono. Lo que el juez Carlos Liporaci quiera hacer de su vida no puede
definir su rumbo. Está atado de pies y manos a su despacho por una vieja causa en la que
su ex secretario Guillermo Gowland lo acusó de favorecer a empresarios y funcionarios
menemistas y de haber pinchado el teléfono particular de un ex oficial de su propio
juzgado. Como el Senado rechazó el pedido de juicio político en su contra, la
investigación radicada en el juzgado de Gabriel Cavallo está archivada. Pero si Liporaci
abandona los fueros, la causa se reactiva. Y lo último que tiene pensado el juez Cavallo
(reconocido como el juez más independiente del fuero federal) es irse del edificio de
Comodoro Py 2002. Quienes conocen al juez Claudio Bonadío, ex secretario del ministro del
Interior, Carlos Corach, aseguran que podría volver a la política. “Pero no es el
momento”, explican. “Ahora está haciendo un doctorado”, rematan. A Juan
José Galeano un tema no menor lo ata a los tribunales federales: la causa del atentado a
la AMIA. Galeano como mínimo estará hasta mediados del año 2000, ya que el miércoles
pasado la Cámara le prorrogó hasta el 30 de junio la eximición de turnos que lo
exceptúa de recibir nuevas causas. En una situación similar está Jorge Urso, quien
instruye la causa sobre venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia y es conocido por sus
coloridas corbatas y las cenas de fin de semana en Puerto Madero. Museo Oyarbide. En suma,
los jueces federales –esos que empezaron a existir en el imaginario popular a raíz
del protagonismo que les dio el gobierno de Menem– están tranquilos. Ninguno de
ellos tiene un pedido de juicio político serio en su contra ante el Consejo. “Ya
está, no va ahaber caza de brujas”, repiten a coro. Eso sí, por una cuestión de
cábala nadie abre ni mira de reojo el despacho del juez Norberto Oyarbide, un suntuoso
reducto, que en Tribunales llaman “Casa FOA”, con sofisticado empapelado
celeste, que conserva en su lugar original los muebles de maple, las estatuillas, los
juegos de té y los objetos de cristalería que el magistrado dejó desde que se tomó
licencia en 1998 y cobra aunque no va a trabajar porque el Senado todavía no resolvió su
situación. Está acusado de irregularidades en sus funciones, de amenazar de muerte al
argelino Zinedine Raschen e integrar una red de corrupción policial que protegía
prostíbulos. El Senado todavía no resolvió su situación.