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Por Eduardo Videla El martes a las 18.20, horas después de las elecciones, el suspendido juez federal de Dolores, Hernán Bernasconi, partió desde Ezeiza rumbo a la ciudad brasileña de San Pablo en un vuelo de la compañía Pluna. Así lo determinó el Departamento de Investigaciones Antiterroristas de la Policía Federal, que le venía siguiendo los pasos desde hacía dos semanas, según consta en un oficio que el juez federal Gabriel Cavallo envió ayer al Senado. Los mismos senadores que demoraron durante más de dos años el tratamiento del juicio político contra el magistrado especulaban ayer con la posibilidad de que el viaje de Bernasconi sea sólo de ida, ante el proceso que le espera por liderar una asociación ilícita que se dedicaba a inventar causas por drogas y encarcelar a ciudadanos en forma ilegal. Brasil parece ser un destino buscado por magistrados caídos en desgracia: también Francisco Trovato escapó hacia allí y terminó extraditado. Bernasconi, sin embargo, no es prófugo de la Justicia, ya que no hay contra él orden de captura. Para que lo sea, sólo basta con que el Senado lo destituya, juicio político mediante, y el juez Cavallo ordene su detención. El pedido de enjuiciamiento formulado por el juez al Senado de la Nación data de fines de 1996, pero la Cámara alta recién hizo su primer pronunciamiento el 22 de setiembre último, cuando lo suspendió preventivamente. Hasta entonces, el trámite se había demorado por la sistemática oposición de los senadores justicialistas a la suspensión del magistrado. La situación del juez federal de Dolores se había agravado hace una semana --el lunes 18--, cuando un Tribunal Oral Federal porteño condenó a ocho años de prisión a su secretario, Roberto Schlagel, por los delitos de encubrimiento, falsedad ideológica de instrumento público reiterada en siete ocasiones, asociación ilícita, prevaricato y privación ilegítima de la libertad agravada de dos ciudadanos: Alberto Tarantini y Natalia De Negri. En el proceso se comprobó que a ambos les habían plantado cocaína para fraguarles una causa por tráfico de drogas. También fueron condenados a prisión efectiva los tres policías que conformaban el cuerpo de elite del juez. El mismo tribunal dispuso que se investigue a Bernasconi por los mismos delitos, por lo que la sentencia fue girada al Senado y al Consejo de la Magistratura, que deben tratar su destitución. Las acusaciones se reproducen en la denominada "causa Coppola", en la que, según se demostró en la Justicia, se introdujo cocaína en la casa del representante de Diego Maradona para armarle una causa y enviarlo a prisión. Bernasconi venía siendo vigilado desde hacía quince días por la División de Investigaciones Antiterroristas, a cargo del comisario Jorge Palacios, por orden del juez Cavallo. El juez no pudo tomarle declaración indagatoria a Bernasconi sólo porque el acusado está protegido por sus fueros, pero nada le impide continuar recolectando pruebas contra el imputado. Por eso ordenó la intervención de sus teléfonos y el seguimiento de sus pasos, lo que derivó en el informe divulgado ayer. "El doctor Bernasconi se ha ausentado del país con destino a la ciudad de San Pablo, República de Brasil, vía Uruguay", dice el oficio que Cavallo le remitió ayer al presidente de la Comisión de Juicio Político, el radical Raúl Galván. El senador adelantó anoche que, ante esta nueva situación, el martes próximo solicitará en la comisión la "inmediata destitución de Bernasconi".
CAOS Y REPRESION EN CORDOBA POR UNA PROTESTA Los remiseros cordobeses volvieron ayer a copar la capital provincial y dejaron en pie de guerra la ciudad. En protesta por la limitación al número de licencias para trabajar, dispuesta el martes por el Concejo Deliberante, propietarios y choferes bloquearon los principales accesos y cortaron numerosas calles de la ciudad. Hubo piquetes y todo terminó nuevamente en represión policial: catorce remiseros fueron detenidos, una agencia fue atacada a pedradas y once autos terminaron secuestrados por la policía. Todo comenzó en la mañana de ayer, cuando decenas de autos de remise se concentraron y bloquearon los principales accesos a la ciudad de Córdoba, y ocasionaron grandes congestionamientos. La medida inicial de protesta se extendió hasta casi el mediodía, cuando la policía logró disuadir a los remiseros. Pero entonces comenzaron a marchar en sus autos, con las patentes tapadas por temor a futuras represalias, a lo largo de las avenidas General Paz y Vélez Sársfield. Según informó la policía, los incidentes se produjeron pasadas las 15.30 en distintos puntos de las afueras de la ciudad. La policía procedió a realizar detenciones e incautación de vehículos debido a la resistencia a levantar los cortes de calle. Los hechos más violentos ocurrieron en el barrio Centroamérica, donde una remisería fue atacada con piedras y huevos por no acatar la medida de fuerza. La protesta se originó a raíz del otorgamiento de 1300 licencias, que autorizan cada una a tres vehículos a trabajar en forma legal, aprobado el martes último por el Concejo Deliberante. Los remiseros --una actividad crecida con el aumento de la desocupación-- consideran que se trata de un número demasiado exiguo.
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