EL FISCAL FEDERAL, HUGO CAÑON
"La verdad debe ser acompañada de una posibilidad punitiva"

Cañón, fiscal federal de Bahía Blanca, declaró en el juicio de Garzón por genocidio. Confía en el desarrollo de una Justicia universal. Espera que los procesos en busca de la verdad deriven en penas para los represores.

--En España dijo que su declaración era el inicio de una cooperación entre la Justicia argentina y la española. ¿Qué aportes puede hacer el juez español Baltasar Garzón a los procesos abiertos aquí?

--Creo que la cooperación es recíproca. El juez Garzón solicitó al gobierno argentino colaboración y el Gobierno, por un decreto del presidente Menem, se la negó. Con esa actitud se dejó de cumplir un tratado existente entre Argentina y España. Pero la directiva de la Procuración es la de trabajar por el esclarecimiento de todos los hechos que tienen que ver con la desaparición forzada de personas y con los casos de niños nacidos en cautiverio. Hemos respondido a un pedido concreto de colaboración en relación con la zona del V Cuerpo del Ejército y a la causa que se refiere a la Marina en esa jurisdicción. Ese sentido de cooperación apunta en definitiva a un criterio de Justicia universal.

--¿En qué instancia está el juicio abierto en Bahía Blanca?

--Se han producido pruebas informativas y se ha agregado prueba documental. La Cámara ha desdoblado el expediente en dos. La causa en la que se investiga el destino de los desaparecidos y la causa sobre los casos de los niños nacidos en cautiverio. En esta última hay que resolver la competencia. Estamos viendo en qué espacio físico se van a realizar las audiencias, que van a ser públicas. Lo que la fiscalía pretende es una documentación histórica de las pruebas para que quede documentado en forma incontrastable todo lo sucedido en esa época de horror.

--En Bahía Blanca hay una gran comunidad militar, ¿hubo repercusiones cuando se supo que se reabría este juicio?

--En la sociedad bahiense, pese a sus particularidades, se logró que la gente vaya tomando conciencia y, a través de medios alternativos, se brindó información sobre los hechos. Eso originó que hoy esté instalado el debate, aunque existe gente que sigue negando lo ocurrido. Como le dije a la hija de un matrimonio desaparecido, que a su vez está buscando a un hermano nacido en cautiverio: en definitiva estamos apostando a la búsqueda de la verdad, que es una forma de apostar a la vida. Los represores, que apostaron a la muerte, siguen haciéndolo en la medida en que siguen ocultando la verdad. Creo que nuestra apuesta es la ganadora porque el tiempo juega a favor de la verdad.

--Teniendo en cuenta su postura sobre la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos, hay expectativa de que este juicio iniciado para conocer la verdad pueda concluir en un proceso con consecuencias penales.

--Estamos en presencia de situaciones de impunidad, pero con un final abierto. Lo está demostrando la actuación de la Justicia a nivel universal. Porque no sólo ha actuado la Justicia española, sino también la suiza, la francesa, la italiana. Todo apunta a que los delitos de lesa humanidad como el genocidio o el terrorismo de Estado no son prescriptibles y no pueden ser beneficiados por leyes de impunidad ni por medidas administrativas como lo es el indulto. Además hay infinidad de casos que no han sido investigados e infinidad de personas que no han sido indagadas. Por eso entiendo que estamos ante la presencia de posibles persecuciones penales. Siempre que la investigación se pueda realizar y que nuestro país tenga la posibilidad de que la Justicia pueda funcionar con efectividad y que los fiscales tengamos las facultades de actuar en forma independiente más allá de toda presión política.

--Eso coincide con la postura de algunos camaristas de La Plata, que han planteado la posibilidad de indagar a Etchecolatz por hechos que no fueron investigados anteriormente.

--Sí. El tema de la impunidad se debió a que dos gobiernos constitucionales fueron claudicando éticamente frente a la no justicia. Esto fue originando la desactivación de las investigaciones cuando lo que debía hacerse era fortificar la Justicia. Con presiones políticas y con armas jurídicas improcedentes, todo se fue abortando. Pero la necesidad de investigación, de esclarecimiento de los hechos y, eventualmente, de condena, también tiende a surgir.

--El camarista platense Leopoldo Schiffrin dijo además que no se puede llegar a la verdad sin la posibilidad de persecución penal de los responsables porque, al saber que no pueden ser imputados, los represores se niegan a colaborar.

--Toda la tradición judeocristiana se basa en la culpa y, si no se puede culpabilizar a alguien, respondiendo penalmente, eso puede convertirse en una actitud burlesca. La verdad debe ser acompañada de una posibilidad punitiva.

--¿Qué posibilidad hay de que estas posturas prosperen en la medida en que todo estaría supeditado a una decisión de la Corte Suprema?

--El resultado final siempre depende del máximo tribunal. Pero los trámites intermedios dependen, en este caso, de que la Cámara Federal de Bahía Blanca se avoque a investigar como lo planteó la fiscalía.

--Pero hasta ahora la Corte ha rechazado todos los pedidos de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos.

--Las cosas van cambiando con el tiempo. Ahora hay una conciencia universal de justicia que antes no estaba planteada. Cuando comienza la investigación, en el juzgado de instrucción 5 de la Audiencia Nacional de España, se apostaba poco a la posibilidad de profundizar. Parecía que era la actitud de un juez individualmente. Después el pleno de la sala integrada por once jueces dijo que la actuación era correcta. Luego un juez inglés, de perfil conservador, desde la aplicación estricta de la ley, dijo que en este caso hay elementos de juicio para poder proceder a la extradición. Así como la sociedad fue poco a poco sacándose el velo de los ojos, muchos jueces también están descubriendo el horror. Desgraciadamente en Argentina se ha actuado muchas veces con un criterio político. La sociedad está esperando respuesta de la Justicia. Cuando yo asumí como fiscal, la credibilidad en la Justicia rondaba en el 60 por ciento. Hoy en día no llega al 3 o 4. En gran parte, la Justicia se ha ganado este desprestigio por la falta de consecuencia de los jueces, por no aplicar la ley.

--Cuando usted falló por la inconstitucionalidad de los indultos, hubo intentos de apartarlo de su cargo. ¿Siente que eso puede repetirse?

--Los fiscales tenemos una garantía constitucional muy clara que no había en ese momento. El Ministerio Público Fiscal es un poder independiente. Antes se discutía si era parte del Poder Judicial o del Ejecutivo. Ahora tenemos esa tranquilidad para poder actuar. Yo me siento más seguro.

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