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JUICIO A LA BANDA DEL MOTIN DE SIERRA CHICA
Doce apóstoles al banquillo

La banda que protagonizó el sangriento motín de Sierra Chica es juzgada, con un inusual operativo policial, por su intento de fuga de Caseros. La defensa pidió el pase al fuero federal.

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Por Carlos Rodríguez
t.gif (862 bytes)  En medio de un impresionante dispositivo de seguridad --intervino personal del Servicio Penitenciario Bonaerense y de la Policía Federal con armas largas, móviles y el apoyo de un helicóptero que sobrevoló la zona de Tribunales--, comenzó en la Capital Federal el primero de los dos juicios a los que serán sometidos los delincuentes conocidos como "Los 12 Apóstoles", responsables del motín de Sierra Chica, el 30 de marzo de 1996, el más sangriento de los ocurridos en el país. El grupo es juzgado ahora por un intento de fuga, el 25 de mayo de 1996, cuando estaban en la cárcel porteña de Caseros. La primera jornada del juicio se abrió con una novedad que obligó a levantar anticipadamente la sesión: el defensor oficial Hilario Lagos, que asiste al líder de los "apóstoles", Marcelo Alejandro Brandán Juárez, argumentó la incompetencia de los tribunales ordinarios y pidió que se traslade la causa a la Justicia Federal. El Tribunal Oral 11 resolverá recién mañana si acepta o rechaza la petición.

El planteo de Lagos --al que adhirieron los otros defensores de oficio, Claudio Armando, Elda Cejas, Santiago Bardi y Jorge Falco-- se fundó en que el hecho que se investiga ocurrió en una cárcel federal, dado que la Unidad 16 de Caseros depende del Servicio Penitenciario Federal. También los guardiacárceles lesionados en el hecho son funcionarios federales y los reclusos estaban detenidos a disposición de jueces provinciales.

Los miembros del tribunal 11, Enrique Posse, Floreal de Laurentis y Enrique Alvarez Aldana, resolvieron abrir un cuarto intermedio hasta mañana, para analizar el planteo. En caso de aceptar la solicitud, esa decisión podría ser apelada por el fiscal Eduardo Marazzi. Si el pedido es rechazado, el que puede apelar es el defensor Lagos. De todos modos, en cualquiera de los casos, los perjudicados --fiscal o defensas-- se limitarían a hacer reserva de casación y del "caso federal", permitiendo la realización del juicio oral y apelando recién al final.

"Somos inocentes, todo esto lo hacen para tapar los robos del Gobierno", afirmó Brandán Juárez ante algunos periodistas, al bajar del camión celular en el que fue trasladado desde la cárcel de Melchor Romero, cerca de La Plata. Los detenidos llegaron en tres combis del Servicio Penitenciario Bonaerense, escoltados por varios automóviles. El tránsito había sido cortado a las 8.30 en toda el área adyacente al edificio de Lavalle 1171, donde tiene su sede el tribunal.

Además de Brandán Juárez (32 años), los acusados son Miguel Angel Acevedo (27), Carlos Gorosito Ibáñez (35), Jorge Pedraza (32), Marcelo González Pérez (43), Jaime Pérez Sosa (29), Víctor Esquivel (36), Oscar Olivera Sánchez (25), Carlos Villalba Mazzey (33), Héctor Cóccaro Retamar (41), Marcelo Vilaseco Quiroga (26) y Héctor Galarza Nannini (27). En el juicio habrá 18 testigos, la mayoría internos de la cárcel de Caseros que temen represalias, ya que en su momento les restaron apoyo a los "apóstoles".

El problema viene de lo ocurrido en Sierra Chica, donde los cabecillas del motín están acusados de decidir la muerte de ocho reclusos que luego fueron incinerados. La revuelta, de gran repercusión a nivel nacional, duró ocho días, durante los cuales los amotinados mantuvieron como rehenes a 17 personas, entre ellas a la jueza de Azul Mercedes Malere.

En Caseros, los "apóstoles" tomaron 18 rehenes y mantuvieron el control, durante ocho horas, del pabellón 15. La revuelta fue rechazada tanto por los reclusos --que antes habían expresado su repudio a la presencia de los líderes del motín de Sierra Chica-- como por sus familiares. El fiscal Eduardo Marazzi, que se opuso al planteo de incompetencia formulado por el defensor Lagos, precisó que los "apóstoles" están acusados de los delitos de "tentativa de evasión, privación ilegítima de la libertad y lesiones". Podrían recibir penas de cinco a 15 años de prisión.

 

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