DE LA RUA DEJO PARA MAS ADELANTE UNA RESPUESTA AL PEDIDO DE GARZON
La Alianza postergó el examen

El juez español pidió la captura internacional de 98 represores incluyendo por primera vez el territorio argentino. Después de varias idas y vueltas, la cúpula de la Alianza no insistió en su frase original (“Que lo resuelva la Justicia”), aunque tampoco lo descartó. La decisión fue no apurarse Videla y Massera son dos de los buscados por el juez Garzón por genocidio y terrorismo. La orden de captura “debe ser ejecutada por la autoridad policial y judicial”, dice Garzón.

  En una decisión internacional sin precedentes por su alcance masivo, el juez español Baltasar Garzón pidió la captura internacional de 97 represores argentinos, que suman 98 con el marino arrepentido Adolfo Scilingo. Para la Argentina, el pedido de arresto supone un seguro reclamo de extradición, que probablemente llegará después del 10 de diciembre. La Alianza no criticó a Garzón, como Carlos Menem, y prometió “respetar absolutamente la Constitución”. Sin embargo, dejó en el tintero su formulación original: “Dejaremos que actúe la Justicia”. El pedido del juez español, que confirma una primicia publicada el jueves pasado por Página/12, pide a Interpol la captura de los principales responsables o sospechosos argentinos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, entre ellos los miembros de las primeras juntas y el diputado nacional electo Antonio Domingo Bussi, señor de la vida y de la muerte en Tucumán. Es la primera vez que Garzón no excluye al territorio argentino cuando dicta una resolución judicial. El documento de ayer, en cambio, incluye sin duda a la Argentina en el punto decimotercero. “La medida de prisión, ineludible para poder librar las correspondientes órdenes de detención internacional a efectos de extradición, se extiende a todos los casos, salvo al ya mencionado del Sr. Scilingo”, dice Garzón. Y aclara: “Asimismo, las referidas órdenes de detención han de ser expedidas sin restricción especial o territorial alguna”. O sea, incluyendo a la Argentina. Como para que no queden dudas: “Es decir, que Interpol deberá darle curso a todos y cada uno de los países que forman parte de la misma. Y por ende, una vez averiguado el paradero de cualesquiera de los procesados, debe ser ejecutada por la autoridad policial y judicial que corresponda, incluido, por supuesto, el país de la nacionalidad de los procesados, dado el carácter extraterritorial de los presuntos delitos que se imputan y los convenios multilaterales y bilaterales en vigor, por encima de otros criterios ajenos al estrictamente jurídico que aquí se mantiene”. “El pedido de Garzón cita el tratado de asistencia jurídica mutua entre la Argentina y España”, recordó a este diario Carlos Slepoy, querellante en el juicio español. “En el artículo 3 del tratado, de marzo de 1987, que entró en vigor en 1990, se dice que son objeto de extradición los delitos que figuren en una convención internacional que los dos países hayan firmado, incluidos entonces los delitos de genocidio y tortura”, explicó. Anticipándose al futuro, Slepoy aclaró que “la Justicia, cuando reciba un pedido de captura, no debe juzgar si los hechos ocurrieron o no. Debe analizar si los delitos que se imputan también lo son en el país de que se trata”. El texto fue rechazado por el gobierno de Menem, quien ya había ordenado por decreto en 1998 no colaborar con Garzón, lo cual le valió un pedido de procesamiento por obstrucción de justicia de parte de los diputados Jorge Rivas y Alfredo Bravo, socialistas de la Alianza. El gobierno electo eligió dilatar la definición y solo fijó una posición en defensa de la legalidad. u Al salir del Senado, donde había ido de visita, Fernando de la Rúa dijo que el pedido de Garzón en realidad no incluía la solicitud de capturas en territorio argentino. “No es operativo en el país, según me dicen los técnicos”, trató de apoyarse el Presidente electo. u Su vocero, Darío Lopérfido, dijo que el futuro gobierno resolverá cualquier pedido de extradición cuando se produzca. u El principal asesor jurídico de De la Rúa, Ricardo Gil Lavedra, afirmó a Página/12 que “vamos a respetar absolutamente la Constitución, la ley argentina y los tratados internacionales, y no nos vamos a apartar un ápice de la legalidad”. En declaraciones formuladas al salir de un encuentro con De la Rúa Gil Lavedra dijo sobre el pedido que “enprincipio, no es extraditable”. Otro punto en contra, de acuerdo a la óptica de Gil Lavedra, es el hecho que la mayoría de los militares ya hayan sido juzgados en el país aunque luego las leyes de Obediencia Debida y Punto Final los hayan eximido de las consecuencias. Ese punto separa este pedido de Garzón de la situación del ex dictador chileno Augusto Pinochet. “Hay una diferencia muy clara: jamás hubiera existido un pedido de extradición si Chile hubiera juzgado a Pinochet. Así Chile podría haber defendido su propio ordenamiento”, precisó.Para dejar solo esas definiciones, que no cierran el camino de enviar un eventual pedido de extradición a la Justicia pero tampoco lo prometen, De la Rúa y sus asesores se basaron en razonamientos políticos y en la información de que disponían. El razonamiento respondió a una pregunta: ¿para qué ser contundente ahora si el hecho no se produjo y De la Rúa aún no gobierna? Este diario preguntó por qué no serlo, pero no obtuvo una respuesta convincente de ninguno de los consultados, todos ellos figuras de primer nivel que pidieron reserva de identidad. “No hay decisión de apartarse de la posición original, pero no hay por qué apurarse”, dijo uno de ellos. Al final de la reunión de la Internacional Socialista, De la Rúa prometió que dejaría actuar a la Justicia en un caso de extradición. Después repitió el criterio cuando cuestionó la negativa del gobierno argentino a extraditar a Lino César Oviedo a Paraguay. La segunda parte de la decisión se debió a que las agencias internacionales, durante el día, no habían citado textualmente el párrafo que figura al principio de esta nota, sobre la no exclusión de la Argentina. Cuando De la Rúa fue al Senado solo conocía los cables, cuando salió ya las novedades se habían producido y después le pareció demasiado tarde para otra cosa que no fuese una formulación general. La posición deliberadamente genérica de la cúpula de la Alianza contrastó con la de uno de los candidatos a ministro de Defensa, Antonio Berhongaray. “Estoy en contra de las extradiciones”, dijo al noticiero de Azul. “Solo me pronunciaría a favor cuando nos permitan a nosotros juzgar a los militares norteamericanos por su actuación en Vietnam.” El senador no aclaró si presentará una denuncia ante un juez.

“El pedido esconstitucional”

Por V. G.

Alberto Zuppi es experto en derecho internacional. Como abogado de Memoria Activa presentó la acusación contra el Estado argentino por denegación de justicia por el atentado a la AMIA. Como representante del Estado italiano participó del proceso de extradición del nazi Erich Priebke. Aquí explica por qué los represores argentinos pueden ser juzgados en España. –¿Qué sustento tiene el argumento sobre la territorialidad (que los militares argentinos deben ser juzgados por jueces argentinos) enarbolado por el Gobierno?
–Cuando se habla del caso Pinochet o del juicio de Garzón se dice que nuestro país asume la teoría de la territorialidad. Además de las cuestiones del derecho internacional que hacen aplicable la extraterritorialidad, hay un punto que se deja de costado y es rotundo. Y es que en 1994 Argentina modificó la Constitución y dispuso que una serie de tratados internacionales tuvieran rango constitucional. La convención contra la tortura y tratos crueles y denigrantes suscripta por Argentina dice: aut dedere aut iudicare (o entregar o juzgar). Eso es lo que firmó el país que reclama la territorialidad. Argentina reconoció la extraterritorialidad con rango constitucional. Y eso no admite otras lecturas.
–¿El hecho de que los delitos fueran cometidos antes de la suscripción de los tratados puede ser contraproducente?
–En el caso de Pinochet lo consideraron así. Eso funciona de este modo en Inglaterra y Estados Unidos, que necesitan traducir los principios del derecho internacional en su derecho interno. Pero no hace falta que haya una convención para que exista un delito. El derecho a la vida no está previsto en la Constitución y eso no significa que ese derecho no esté protegido. En el caso Priebke la Corte Suprema de Argentina reconoció que los crímenes contra la humanidad no prescriben y eso no está escrito en ningún lado.
–¿Cómo funciona el tratado de extradición entre Argentina y España?
–El tratado que regula la relación con España es de 1987. Pero con independencia del tratado, la ley argentina le da intervención al Poder Ejecutivo tanto de entrada como de salida. De cualquier manera Argentina demostró en el caso Oviedo que no se preocupa mucho por los tratados. Creo que si esta Cancillería tiene que resolver sobre los pedidos de Garzón los va a rechazar basándose en la Obediencia Debida y Punto Final. Pero la convención contra la tortura excluye la Obediencia Debida y eso hace que esa ley sea nula porque, cuando se dictó, la Convención estaba vigente. En ese caso Argentina violó la Convención. Por eso, cualquier tribunal con facilidad podría decir que la ley es nula o que tiene falencias graves.
–¿Usted preferiría que los represores fueran juzgados en Argentina?
–Por supuesto. Pero me es difícil pensar en una Justicia lo suficientemente independiente para hacerlo.

PIDIO SER BORRADO DE LOS ARCHIVOS DE LA CONADEP
Deniegan el pedido de un represor

Por Adriana Meyer

La Justicia volvió a denegar a un represor un pedido para que su nombre fuera borrado de los registros de la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas) porque consideró que, si bien las leyes de Punto Final y Obediencia Debida imposibilitan su juzgamiento, “no pueden calificarse de falsos los datos” que le imputan violaciones a los derechos humanos”. El comandante principal de Gendarmería Carlos Omar Farías pidió también ser eliminado del sitio de Internet www.desaparecidos.org, donde aparece como jefe del grupo de tareas de un centro clandestino de detención, dentro de un listado de represores. Farías había presentado un recurso de hábeas data porque consideró que su inclusión en esos registros “lesiona gravemente” su aspiración de mantener su “honorabilidad sin mácula, a fin de asegurar a sus hijos la respetabilidad del apellido que llevan”. La ley de hábeas data permite a los ciudadanos conocer la procedencia de la información que existe sobre sí mismos en archivos públicos o privados, y contempla la supresión o rectificación de esos datos en caso de ser falsos o discriminatorios. Según la resolución del juez en lo contencioso administrativo Martín Silva Garretón –a la que Página/12 tuvo acceso–, el demandante “no acreditó que la investigación efectuada por la Conadep hubiera arrojado respecto de su persona una información falsa”. El magistrado consideró que “no existe agravio moral alguno que deba repararse mediante la supresión de ese dato”, que fue consignado por un organismo que reflejó “la decisión de la sociedad toda de superar una etapa traumática de la vida nacional sobre la base de la pacificación y reconciliación de todos sus miembros”. Este diario pudo saber que Carlos Omar Farías aparece mencionado en dos legajos de la Conadep que describen que se desplazaba por el centro clandestino La Perla de Córdoba y que tuvo allí un alto grado de participación. El gendarme también se quejó porque la inclusión de su nombre en esas listas lo “condena” a una “previsible conclusión prematura”, pero el magistrado entendió que eso es una mera “conjetura” porque solicitó informes a diversos organismos oficiales sobre sus antecedentes y sólo la Secretaría de Derechos Humanos consignó datos negativos para su tarea. Además, el juez rechazó la petición de eliminarlo de la página de Internet por cuanto la red informática carece de control centralizado o administrativo y “la información se puede cargar en cualquier parte del mundo”.Esta es la segunda vez que la Justicia rechaza un planteo similar a un represor. En febrero, el torturador del centro clandestino El Vesubio pretendió que sus antecedentes fueran borrados de los legajos de la Conadep, pero la jueza en lo contencioso administrativo Liliana Heiland rechazó su recurso de hábeas data. Y en junio de 1997 el ex general Carlos Guillermo Suárez Mason pidió lo mismo invocando ese derecho, pero ante la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación. Alicia Pierini estaba a cargo del organismo en aquel momento y denegó la solicitud.

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