PROYECTO PARA
CASTIGAR DESVIO DE FONDOS Duro con los malos
Filtración: “El planteo es que haya una mejor
asignación del gasto, y que las partidas vayan adonde tienen que ir y no se pierdan por
el camino”.
Por David Cufré
José Luis
Machinea, próximo ministro de Economía, y un grupo de legisladores trabajan por
instrucción de Fernando de la Rúa en la elaboración de un proyecto de ley para
endurecer las penas judiciales a los funcionarios corruptos. El presidente electo le
asigna a esta iniciativa un sentido estratégico. Pretende que se transforme en un
símbolo de su lucha contra la corrupción. La medida persigue además un objetivo
práctico. A través de la utilización de nuevos instrumentos para auditar el gasto
público, tanto nacional como provincial, procura evitar el desvío de fondos –por
caso, para financiar campañas electorales– y lograr una utilización
“eficiente” de las partidas asignadas. Esa es una de las demandas que el FMI
incluirá en el próximo acuerdo con Argentina. La iniciativa será presentada en el
Congreso junto con el proyecto de Presupuesto para el 2000, que también prepara Machinea.
De la Rúa dio esa instrucción el último viernes, durante una reunión de la que
participaron el futuro ministro, Enrique Olivera, Adalberto Rodríguez Giavarini y los
diputados Federico Storani, Raúl Vicchy y Juan Carlos Passo, estos últimos de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda. “Nos pidió que redactemos una ley penal para
castigar con más severidad a los funcionarios que administren fondos públicos sin
ajustarse a lo que marca el Presupuesto”, reveló a Página/12 el diputado Vicchy.
“El planteo es que haya una mejor asignación del gasto, y que las partidas vayan
adonde tienen que ir y no se pierdan por el camino”, añadió.En la actualidad, los
delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad son
excarcelables. El proyecto aliancista postula elevar las penas para que incluyan la
posibilidad de la reclusión efectiva. Al mismo tiempo, se propondrá extender el alcance
legal de esas figuras, para que queden penados los funcionarios que utilicen partidas para
gastos distintos de los previstos en el Presupuesto. La intención manifiesta del proyecto
es ejercer un control minucioso del gasto público, en especial el de las provincias. Se
trata de un avance del gobierno central sobre el poder de los gobernadores,
mayoritariamente del justicialismo. “La jurisdiccionalidad (del delito) la da el
origen de los fondos”, puntualizó Vicchy. Por lo tanto, eso significa que, si el
Presupuesto indica que una partida es para cubrir gastos de una obra pública provincial y
después esos recursos se destinan a otras necesidades, el funcionario será pasible del
castigo de la nueva ley.El FMI le expresó a Machinea a fines de setiembre, durante la
asamblea anual del organismo, su preocupación por el desborde del gasto público en los
distritos del interior. Por eso planteó modificar el esquema de metas de déficit fiscal,
que en la actualidad involucran sólo al de la Nación, para contabilizar como un todo el
desequilibrio del gobierno central y el de las provincias. La Alianza considera que ese
reclamo es políticamente inviable, porque la mayoría de las provincias están gobernadas
por el justicialismo y sería muy difícil la relación con los gobernadores. Pero la ley
que ahora impulsa De la Rúa es una alternativa que avanza en el control del gasto
provincial.Para corroborar que los recursos se utilicen adecuadamente, la norma establece
la creación de nuevos mecanismos de auditoría. Una posibilidad es encargar ese trabajo a
“instituciones civiles sin fines de lucro”, le dijo Vicchy a este diario. Una de
ellas podría ser Poder Ciudadano. Pero también se analiza la creación de un cuerpo
especial bajo la órbita del Poder Ejecutivo o la conformación de una comisión
bicameral. “Se procura que haya una asignación del gasto eficiente”, señaló
Vicchy. Ese fue uno de los puntos que remarcó De la Rúa durante la campaña electoral.
Machinea también asegura que una mejor administración de los recursos del Estado
permitirá achicar el déficit fiscal sin necesidad de profundizar el ajuste. En cuanto a
las auditorías, serían permanentes e irían rotando por distintas dependencias del
Estado. Con éste se pretende evitar las sospechas de corrupción, que durante el actual
gobierno se han reiterado en organismos como el PAMI o la Secretaría de Recursos
Naturales. “La intención es que la ley sea sancionada antes del 10 de diciembre, y
para eso esperamos contar con la colaboración del justicialismo”, concluyó Vicchy.
En defensa del Provincia
Entidades del agro, la industria, el comercio y los servicios compartirán
hoy con la comisión gremial interna del Banco de la Provincia de Buenos Aires un
pronunciamiento en la sede de la Legislatura, en la ciudad de La Plata, contra el posible
nombramiento del cavallista Ricardo Gutiérrez como titular de la entidad, en reemplazo de
Rodolfo Frigeri. El encuentro fue convocado con el propósito de rechazar “cualquier
proyecto de arrebatarnos la herramienta financiera de la provincia, a través de su
privatización o de cualquier otra política que ponga en peligro su futuro”. Por
otra parte, las entidades que integran la Mesa Agropecuaria bonaerense solicitaron una
audiencia con el gobernador electo, Carlos Ruckauf, para expresarle la necesidad de
continuar con las políticas que consideraron beneficiosas para el campo. La Federación
Agraria, la Sociedad Rural, Coninagro y Carbap remarcaron “la necesidad de continuar
la tarea realizada en los últimos años, que han permitido obtener importantes logros
para el sector agropecuario”, entre los cuales señalaron “el accionar del Banco
Provincia, que ha volcado los servicios de esta importantísima herramienta financiera a
favor de todos los sectores productivos de la provincia”.
José Luis
Machinea, próximo ministro de Economía, y un grupo de legisladores trabajan por
instrucción de Fernando de la Rúa en la elaboración de un proyecto de ley para
endurecer las penas judiciales a los funcionarios corruptos. El presidente electo le
asigna a esta iniciativa un sentido estratégico. Pretende que se transforme en un
símbolo de su lucha contra la corrupción. La medida persigue además un objetivo
práctico. A través de la utilización de nuevos instrumentos para auditar el gasto
público, tanto nacional como provincial, procura evitar el desvío de fondos –por
caso, para financiar campañas electorales– y lograr una utilización
“eficiente” de las partidas asignadas. Esa es una de las demandas que el FMI
incluirá en el próximo acuerdo con Argentina. La iniciativa será presentada en el
Congreso junto con el proyecto de Presupuesto para el 2000, que también prepara Machinea.
De la Rúa dio esa instrucción el último viernes, durante una reunión de la que
participaron el futuro ministro, Enrique Olivera, Adalberto Rodríguez Giavarini y los
diputados Federico Storani, Raúl Vicchy y Juan Carlos Passo, estos últimos de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda. “Nos pidió que redactemos una ley penal para
castigar con más severidad a los funcionarios que administren fondos públicos sin
ajustarse a lo que marca el Presupuesto”, reveló a Página/12 el diputado Vicchy.
“El planteo es que haya una mejor asignación del gasto, y que las partidas vayan
adonde tienen que ir y no se pierdan por el camino”, añadió.En la actualidad, los
delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad son
excarcelables. El proyecto aliancista postula elevar las penas para que incluyan la
posibilidad de la reclusión efectiva. Al mismo tiempo, se propondrá extender el alcance
legal de esas figuras, para que queden penados los funcionarios que utilicen partidas para
gastos distintos de los previstos en el Presupuesto. La intención manifiesta del proyecto
es ejercer un control minucioso del gasto público, en especial el de las provincias. Se
trata de un avance del gobierno central sobre el poder de los gobernadores,
mayoritariamente del justicialismo. “La jurisdiccionalidad (del delito) la da el
origen de los fondos”, puntualizó Vicchy. Por lo tanto, eso significa que, si el
Presupuesto indica que una partida es para cubrir gastos de una obra pública provincial y
después esos recursos se destinan a otras necesidades, el funcionario será pasible del
castigo de la nueva ley.El FMI le expresó a Machinea a fines de setiembre, durante la
asamblea anual del organismo, su preocupación por el desborde del gasto público en los
distritos del interior. Por eso planteó modificar el esquema de metas de déficit fiscal,
que en la actualidad involucran sólo al de la Nación, para contabilizar como un todo el
desequilibrio del gobierno central y el de las provincias. La Alianza considera que ese
reclamo es políticamente inviable, porque la mayoría de las provincias están gobernadas
por el justicialismo y sería muy difícil la relación con los gobernadores. Pero la ley
que ahora impulsa De la Rúa es una alternativa que avanza en el control del gasto
provincial.Para corroborar que los recursos se utilicen adecuadamente, la norma establece
la creación de nuevos mecanismos de auditoría. Una posibilidad es encargar ese trabajo a
“instituciones civiles sin fines de lucro”, le dijo Vicchy a este diario. Una de
ellas podría ser Poder Ciudadano. Pero también se analiza la creación de un cuerpo
especial bajo la órbita del Poder Ejecutivo o la conformación de una comisión
bicameral. “Se procura que haya una asignación del gasto eficiente”, señaló
Vicchy. Ese fue uno de los puntos que remarcó De la Rúa durante la campaña electoral.
Machinea también asegura que una mejor administración de los recursos del Estado
permitirá achicar el déficit fiscal sin necesidad de profundizar el ajuste. En cuanto a
las auditorías, serían permanentes e irían rotando por distintas dependencias del
Estado. Con éste se pretende evitar las sospechas de corrupción, que durante el actual
gobierno se han reiterado en organismos como el PAMI o la Secretaría de Recursos
Naturales. “La intención es que la ley sea sancionada antes del 10 de diciembre, y
para eso esperamos contar con la colaboración del justicialismo”, concluyó Vicchy.