OPINION
¿Encuestas o discursos?
Por E. Zuleta Puceiro* |
| De
prosperar en el recinto, el dictamen aprobado por la Comisión de Asuntos Constitucionales
de la Legislatura porteña sobre regulación de encuestas electorales consagrará un serio
retroceso en el proceso de modernización política del país. Si ése fuera el único
inconveniente, vaya y pase puesto que en la trabajosa construcción de la democracia dos
pasos hacia adelante siempre implican algún paso hacia atrás. El problema es, sin
embargo, mucho más serio. La norma propuesta implica, a un tiempo, un avance inadmisible
sobre la libertad de expresión y el derecho a la información, sin otras explicaciones
que un reflejo defensivo de la corporación política frente a avances irreversibles de
los derechos ciudadanos.La norma propuesta prescribe que “durante las cuarenta y ocho
(48) horas anteriores a la iniciación del comicio y hasta tres (3) horas después de su
finalización, queda prohibida la difusión, publicación, comentarios o referencias, por
cualquier medio, de los resultados de encuestas electorales”. La norma se inserta
dentro del primer capítulo del proyecto de ley sobre regulación y financiamiento de
campañas electorales dedicado a “la propaganda que realicen los partidos,
confederaciones, alianzas, candidatos/as a cargos electivos locales y quienes las apoyen a
efectos de la captación de sufragios”. La propuesta de la Comisión fue aprobada con
el voto unánime de todos los bloques y coincide con iniciativas similares en el orden
nacional, a punto de aprobarse tanto en Diputados como en el Senado. En la particular
concepción de muchos políticos argentinos –los suficientes como para forzar una
unanimidad sin precedentes en ningún otro tema del debate público argentino–, las
encuestas han pasado a ser un enemigo principal que, cuanto antes y a cualquier precio,
debe ser desprestigiado, reducido y controlado. Para ello, nada mejor que asimilarlas en
su tratamiento a los dos componentes socialmente más repudiados: la propaganda electoral
y los aportes financieros privados a las campañas. Las propuestas nacionales insertan su
regulación dentro de la interdicción de actividades en el día del comicio tales como
las reuniones proselitistas, la portación de armas, la venta de bebidas alcohólicas o la
apertura de locales partidarios. En los términos en que ha sido concebida, la
prohibición de publicación de resultados hasta tres horas de finalizados los comicios no
registra antecedente alguno en el derecho comparado. La extensión abusiva de este plazo a
todo tipo de “comentarios referencias por cualquier medio” sobre datos encuestas
implica una auténtica mordaza a los medios de comunicación. De concretarse esta
iniciativa, los servicios de radio y televisión verían limitada y desnaturalizada su
tarea periodística en la jornada comicial. ¿Se pretende acaso que la tarea de los medios
se concentre exclusivamente en la presencia y opinión de los candidatos y dirigentes
partidarios?La evidencia empírica, tanto internacional como nacional, es terminante en
señalar la irrelevancia de la lectura de encuestas sobre la orientación final del voto y
las elecciones del pasado 24 de octubre han proporcionado una evidencia contundente y casi
definitiva en ese mismo sentido. La unanimidad en los pronósticos y comentarios
preelectorales bien puede dar lugar a tendencias finales de voto opuestas absolutamente
autónomas respecto de cifras perfectamente conocidas por toda la ciudadanía. En una
democracia madura, conocer las tendencias del electorado es un elemento decisivo para
orientar la propia decisión y resulta en verdad difícil imaginar algún tipo de
fundamento ético o político a posturas como la que acaba de adoptar la Comisión de
Asuntos Constitucionales de la Ciudad.El principio general, indiscutible desde cualquier
punto de vista genuinamente democrático, es el de que los electores deben contar para su
elección con la máxima información objetiva acerca del contenido de sudecisión. Cuanta
mayor información más autónoma será la decisión del ciudadano. La premisa esencial de
una democracia madura es la idea de un ciudadano lo más informado posible acerca de las
consecuencias efectivas de su decisión. Con todas sus dificultades, las encuestas son de
hecho el único elemento informativo relevante para apreciar el sentido posible de sus
decisiones personales dentro del contexto más amplio de la decisión colectiva.La
publicación de encuestas hasta el momento previo al voto y el conocimiento de las
estimaciones post electorales inmediatamente después de cerrado el comicio y antes de que
se conozcan los avances del escrutinio real son incluso el único resguardo que tiene la
opinión pública a la hora de practicar una necesaria discriminación entre buenos y
malos profesionales de la investigación. Donde han prosperado, las tesis prohibicionistas
han terminado garantizando la impunidad de los abusos en que suelen incurrir los comités
de campaña mediante la manipulación y el uso desaprensivo de la información de
encuestas. Pensar que un mejoramiento de la calidad de nuestra vida institucional puede
venir de la mano de la supresión de esta información vital en las democracias
consolidadas resulta tan absurdo como pretender garantizar la felicidad futura de un
matrimonio mediante el expediente irracional de dejar fuera a los fotógrafos fuera de la
celebración. * Titular de la consultora Sofres-Ibope. |
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