Una acusación contra la viuda de
Yabrán, su custodio y sus asociados
El fiscal federal Osorio acusó a todo elentorno
del Cartero por asociación ilícitasiguiendo una denuncia de Franco Caviglia.
Gregorio Ríos,
hombre de confianza y jefe de la custodia.Según el fiscal, es uno de los testaferros de
las cuentas.
María Cristina
Pérez de Yabrán, viuda del empresario.Investigada por fondos “destinados a
financiar negocios ilícitos”.
Por Adriana Meyer
El fiscal federal Miguel Angel
Osorio acusó a la viuda de Alfredo Yabrán, al ex jefe de su custodia y a quienes fueron
sus socios de formar parte de una asociación ilícita. Lo hizo al formular su
requerimiento ante el juez Adolfo Bagnasco para que investigue la denuncia del dirigente
cavallista Franco Caviglia, quien presentó días atrás ante la Justicia los datos sobre
las cuentas bancarias secretas en el exterior que habría tenido el ex Cartero. Según la
documentación a la que tuvo acceso Página/12, allí fueron depositados unos 200 millones
de dólares.Pocos días antes del final de la campaña electoral, Caviglia había
señalado la existencia de una “asociación ilícita creada con fondos de origen
desconocido, reciclados en empresas aparentemente legales que evadieron el control fiscal
para ser depositados en el extranjero y para ser utilizados en la compra de voluntades
políticas y administrativas, cohechos y otras maniobras delictivas en perjuicio del
Estado”. En otra parte de su denuncia, el diputado electo por Acción por la
República especificó que se refiere al tráfico de armas y el lavado de dinero
proveniente del narcotráfico. Al impulsar la denuncia de Caviglia, el fiscal Osorio
destacó que “esta organización se dedicaría a la comisión de ilícitos no sólo
en relación al modo de obtener los fondos sino también al modo de aplicarlos en vistas a
perpetuar sus negocios y a obtener impunidad”. El fiscal consideró que esto se
desprende de “la existencia de un singular número de cuentas bancarias” en
donde estaría depositado ese dinero. En su denuncia, Caviglia aseguró que son seis
grupos de cuentas que se fueron conformando con fondos derivados de unas hacia otras y con
dinero de ignota titularidad procedente de entidades financieras como BSI Lugano, MTB Bank
y Piano Money Trust Corp. “Estas cuentas aparecen a nombre de Alfredo Yabrán o
testaferros o empresas vinculadas, con la finalidad de desdibujar la operatoria del grupo
para dificultar cualquier investigación”, afirmó el ladero de Domingo Cavallo.
Siguiendo ese razonamiento, Osorio imputó a la viuda de Yabrán, María Cristina Pérez
de Yabrán, al ex jefe de su custodia, Gregorio Ríos, a su secretaria privada, Ester
Rinaldi, a su íntimo colaborador Gustavo Aste, a su contador Oscar Javurek y a Héctor
Colella, a quien nombró en su carta final como sucesor. En la cuenta de Ríos habría 17
millones, mientras que en las de sus tres hijos habría 28 millones. En las dos cuentas
del Deutsche Bank que aparecen a nombre de Yabrán figura como apoderado Andrés De Cabo,
uno de los primeros socios de Yabrán y fundador de Ocasa. El fiscal quiere establecer la
vinculación que existiría –por las personas involucradas y por los canales
bancarios utilizados– entre estos hechos y las causas que investigan los depósitos
fiscales de la empresa Edcadassa, el tráfico de armas a Croacia y Ecuador, la mafia del
oro, el escándalo informático IBM-Banco Nación, la muerte de Yabrán y el asesinato de
José Luis Cabezas. Con respecto de la anteúltima causa, Osorio pidió una copia de la
partida de defunción del empresario y la individualización de los teléfonos que usó
antes de morir. Y en relación con el expediente del caso Cabezas, requirió copias de las
partes en que haya referencias a bancos, teléfonos celulares, propiedades, empresas
vinculadas con el grupo económico investigado.Otro de los aspectos solicitados por Osorio
fue una exhortación a los tribunales con jurisdicción sobre los bancos en donde están
las cuentas para que informen quiénes son los titulares y quiénes son los apoderados, la
fecha de apertura, el monto y origen de los fondos, los movimientos de esos fondos en los
últimos diez años. El fiscal le pidió a Bagnasco que solicitara información a la
Inspección General de Justicia (IGJ) para que informara sobre las empresas Villalonga
Furlong, Inversiones y Servicios, Edcadassa, Interbaires y Ocasa, entre otras. Una fuente
judicial aseguró a Página/12 que Bagnasco ya ordenó algunas de las medidas requeridas.
Porejemplo, pidió a la IGJ copias de los legajos de esas empresas y al Banco Central
consultó si las personas imputadas por el fiscal poseen cuentas bancarias en el país.
DENUNCIA POR INFORMES SOBRE POSTULANTES A JUEZ Los malos antecedentes de los jueces
Por Irina Hauser
Un grupo de abogados
opositores a la conducción actual del Colegio de Abogados denunció el lunes ante la
Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura “que esa corporación, cuando
emite certificaciones, oculta información sobre las sanciones disciplinarias que
registran quienes se postulan para ser jueces”. Los directivos del Colegio explicaron
que, por ley, el contenido de las constancias se expide de acuerdo con lo que solicita el
interesado. Y, aclararon, no tienen problema alguno en dar los legajos completos, que ya
son de acceso informático directo para el Consejo y la Corte. La Comisión de Selección
finalmente resolvió sugerir al Colegio que expida certificados completos para evitar
perjudicar a sus matriculados, ya que los datos se conocen tarde o temprano. Con José
Console a la cabeza, los seis abogados que plantearon el conflicto integran la agrupación
Presencia y Acción, Unica Opción Apartidista, que conduce Carlos Cichello, cuyos
allegados alinean con el peronismo ortodoxo y como candidato el ex funcionario de José
López Rega. Esa es la lista opositora a la actual presidencia del Colegio de Abogados, a
cargo del ex ministro de la Corte, Jorge Bacqué. A la reunión de la Comisión de
Selección, que preside Juan Gersenobitz, los denunciantes llevaron la copia taquigráfica
de la sesión del 9 de setiembre del Consejo Directivo de la Corporación de Abogados en
la que la mayoría votó, sobre el caso puntual de un abogado (que en realidad fue
sancionado por un tribunal comercial), que no era necesario mencionar todo su historial de
sanciones.“El Colegio no tiene por qué certificar más allá de lo que solicita el
que pide el certificado (...) Distinto sería el caso si viniera un pedido de informe
general hecho por el Consejo de la Magistratura”, planteó en el debate Angel Bruno,
segundo de Bacqué. El secretario general, Pedro Kesselman, añadió que, “por la ley
23.187, la facultad sancionatoria de los abogados es exclusiva del tribunal disciplinario
del Colegio y por eso nos remitimos sólo a esas sanciones. Igual toda la información
está disponible por vía informática”. Console refutaba: “Nosotros no podemos,
discrecionalmente, y a pedido del interesado, decir si corresponde informar una cosa sí y
otra no, sobre todo tratándose de un concurso tan importante como el que nos ocupa, para
cubrir un cargo de juez o de integrante de un tribunal”. Ante el planteo, los
consejeros de selección de la Magistratura no salían del asombro. Algunos lo atribuyeron
a “una interna entre los abogados”. Gersenobitz explicó que, aunque los
abogados que se concursan presenten sus certificados al iniciar el trámite, para los que
quedan seleccionados al final el propio Consejo pide una actualización completa de los
datos. Para evitar sorpresas, se resolvió sugerir al Colegio Público que de ahora en
más remita legajos íntegros.
El fiscal federal Miguel Angel
Osorio acusó a la viuda de Alfredo Yabrán, al ex jefe de su custodia y a quienes fueron
sus socios de formar parte de una asociación ilícita. Lo hizo al formular su
requerimiento ante el juez Adolfo Bagnasco para que investigue la denuncia del dirigente
cavallista Franco Caviglia, quien presentó días atrás ante la Justicia los datos sobre
las cuentas bancarias secretas en el exterior que habría tenido el ex Cartero. Según la
documentación a la que tuvo acceso Página/12, allí fueron depositados unos 200 millones
de dólares.Pocos días antes del final de la campaña electoral, Caviglia había
señalado la existencia de una “asociación ilícita creada con fondos de origen
desconocido, reciclados en empresas aparentemente legales que evadieron el control fiscal
para ser depositados en el extranjero y para ser utilizados en la compra de voluntades
políticas y administrativas, cohechos y otras maniobras delictivas en perjuicio del
Estado”. En otra parte de su denuncia, el diputado electo por Acción por la
República especificó que se refiere al tráfico de armas y el lavado de dinero
proveniente del narcotráfico. Al impulsar la denuncia de Caviglia, el fiscal Osorio
destacó que “esta organización se dedicaría a la comisión de ilícitos no sólo
en relación al modo de obtener los fondos sino también al modo de aplicarlos en vistas a
perpetuar sus negocios y a obtener impunidad”. El fiscal consideró que esto se
desprende de “la existencia de un singular número de cuentas bancarias” en
donde estaría depositado ese dinero. En su denuncia, Caviglia aseguró que son seis
grupos de cuentas que se fueron conformando con fondos derivados de unas hacia otras y con
dinero de ignota titularidad procedente de entidades financieras como BSI Lugano, MTB Bank
y Piano Money Trust Corp. “Estas cuentas aparecen a nombre de Alfredo Yabrán o
testaferros o empresas vinculadas, con la finalidad de desdibujar la operatoria del grupo
para dificultar cualquier investigación”, afirmó el ladero de Domingo Cavallo.
Siguiendo ese razonamiento, Osorio imputó a la viuda de Yabrán, María Cristina Pérez
de Yabrán, al ex jefe de su custodia, Gregorio Ríos, a su secretaria privada, Ester
Rinaldi, a su íntimo colaborador Gustavo Aste, a su contador Oscar Javurek y a Héctor
Colella, a quien nombró en su carta final como sucesor. En la cuenta de Ríos habría 17
millones, mientras que en las de sus tres hijos habría 28 millones. En las dos cuentas
del Deutsche Bank que aparecen a nombre de Yabrán figura como apoderado Andrés De Cabo,
uno de los primeros socios de Yabrán y fundador de Ocasa. El fiscal quiere establecer la
vinculación que existiría –por las personas involucradas y por los canales
bancarios utilizados– entre estos hechos y las causas que investigan los depósitos
fiscales de la empresa Edcadassa, el tráfico de armas a Croacia y Ecuador, la mafia del
oro, el escándalo informático IBM-Banco Nación, la muerte de Yabrán y el asesinato de
José Luis Cabezas. Con respecto de la anteúltima causa, Osorio pidió una copia de la
partida de defunción del empresario y la individualización de los teléfonos que usó
antes de morir. Y en relación con el expediente del caso Cabezas, requirió copias de las
partes en que haya referencias a bancos, teléfonos celulares, propiedades, empresas
vinculadas con el grupo económico investigado.Otro de los aspectos solicitados por Osorio
fue una exhortación a los tribunales con jurisdicción sobre los bancos en donde están
las cuentas para que informen quiénes son los titulares y quiénes son los apoderados, la
fecha de apertura, el monto y origen de los fondos, los movimientos de esos fondos en los
últimos diez años. El fiscal le pidió a Bagnasco que solicitara información a la
Inspección General de Justicia (IGJ) para que informara sobre las empresas Villalonga
Furlong, Inversiones y Servicios, Edcadassa, Interbaires y Ocasa, entre otras. Una fuente
judicial aseguró a Página/12 que Bagnasco ya ordenó algunas de las medidas requeridas.
Porejemplo, pidió a la IGJ copias de los legajos de esas empresas y al Banco Central
consultó si las personas imputadas por el fiscal poseen cuentas bancarias en el país.