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Los dueños de empresas de colectivos apuntaron todos los dardos hacia las petroleras para presionar por un aumento del boleto. Acusaron a las comercializadoras de combustibles por maniobras de cartel (acuerdos de precios) con el gasoil y reclamaron, en compensación, subsidios para el sector o en su defecto un ajuste de tarifas, que llevaría el boleto mínimo a 85 centavos (30 por ciento por arriba del precio actual). Las entidades del autotransporte de pasajeros cuestionaron, además, el proyecto de la Alianza de aumentar cinco centavos el impuesto a la transferencia de combustibles sobre el gasoil, y advirtieron que el sector no está en condiciones de pagar el gravamen para el fondo de incentivo docente. Juan Carlos Arias, Alberto Crespo, Juan Carlos Da Costa y José Canouta, directivos de las cámaras que nuclean al autotransporte, señalaron en conferencia de prensa que las petroleras YPF, Shell, Esso y también la importadora Vitol Argentina se pusieron de acuerdo en equiparar precios y coordinar los aumentos. Anticiparon que denunciarán este hecho ante la Justicia y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.Los empresarios del sector cuestionaron además la anunciada suspensión de la rebaja de los aportes patronales que correspondía practicar en diciembre, e indicaron que, si los comprendiera la generalización del IVA, ello tendría una incidencia en sus costos operativos de 15 por ciento. Señalaron que desde octubre de 1996, cuando comenzó a regir el ITC, de 12 centavos por litro, al no haberse mantenido una correlación entre el precio del crudo y el del gasoil para el transporte, hubo una transferencia del sector hacia las petroleras de más de 126 millones de pesos. En otro orden, también detallaron que la situación del sector se ha visto agravada por la retracción del número de pasajeros, superior al 35 por ciento con respecto a los promedios históricos, la distorsión tarifaria con los modos (de transporte) competitivos (mencionaron el caso del tren) y la proliferación del transporte clandestino, cuestión esta última que les significaría una pérdida anual de 300 millones de pesos.Los directivos se manifestaron imposibilitados de cumplir con el pago del impuesto destinado al fondo salarial docente (que les significa unos 30 millones de pesos anuales), y consideran que al menos se debería aplicar al sector una alícuota más reducida. No se puede seguir operando a pérdida. Este es el único sector que no tiene subsidios y estamos pagando por vía de impuestos, directos o indirectos, unos 500 millones de dólares al año, dijo Alberto Crespo, de la Cámara de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (Cetap). Los empresarios aseguraron que si no logran subsidios o supresión de impuestos tendrán que ajustar las tarifas para continuar operando. Estimaron que en ese caso el boleto mínimo rondará los 85 centavos. El sector procura que las autoridades del gobierno saliente y del entrante consideren la situación del autotransporte colectivo y se los exima de pagar el ITC, junto al agro y al transporte de cargas. Juan Carlos Arias, de la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), aseguró que no queremos trasladarle al próximo gobierno el problema, pero tenemos obligación de pedir una solución ahora. Descartó, asimismo, la aplicación de cualquier medida de fuerza. De acuerdo a un relevamiento de la Secretaría de Industria, el precio del gasoil aumentó en más de un 10 por ciento en las estaciones de servicio de YPF y entre el 3,6 y el 6,6 por ciento en las de Shell, Sol Petróleo y Esso, desde junio hasta fines de octubre. El reacomodamiento de precios previo al cambio de gobierno colocará a las futuras autoridades frente a su primer desafío: enfrentar a empresas con un control dominante sobre un sector formador de precios sobre el cual fracasaron las políticas de desregulación y de promoción de la competencia.
Oposicion de las terminales El decreto 1220/99, promovido por la Secretaría de Industria y que establece el programa denominado Auto de Baja Contaminación ABC, fue promulgado ayer. Entre sus contenidos más polémicos se encuentra la especificación de los porcentajes de partes o piezas de fabricación nacional, que deberán representar un mínimo del 60 por ciento del valor del vehículo antes de impuestos, llegando al 80 por ciento para motores y cajas de cambio. Nueve de las once terminales automotrices ya habían adelantado su oposición al régimen en sendas cartas al secretario de Industria, Alieto Guadagni, y al presidente Carlos Menem, ante quien reclamaron opcionalmente una prórroga de la sanción hasta el 1 de enero de 2001, a fin de adaptar la producción. El director de Ford Argentina, Rodolfo Ceretti, en línea con la opinión mayoritaria de Adefa, la cámara que agrupa a los fabricantes, manifestó su desagrado con la nueva norma y criticó que se legisle para una sola empresa. Para Ceretti, el régimen está pensado a la medida de Fiat y del gremio metalúrgico, amén de atentar contra la imagen internacional del país y las relaciones con Brasil. Para el directivo de Ford será difícil explicar a las casas matrices la necesidad de nuevas inversiones para cumplir con las reglas.En cambio, Horacio Larré Oroño, titular de AFAC, la cámara que agrupa a las autopartistas, manifestó la satisfacción del sector. Estamos totalmente de acuerdo con el decreto declaró, porque este vehículo permitirá un mayor nivel de actividad por el alto grado de contenido local que tendrá.
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