EL FISCAL PIDIO INVESTIGAR LA ACTUACION POLICIAL Y DEL JUEZ Más sospechosos que la banda
El fiscal pidió
condenas de entre 20 y 23 años para la banda de Valor, pero también solicitó que se
abran causas para investigar la actuación del ex juez –y ex ministro– Osvaldo
Lorenzo y de la policía a cargo de Mario “Chorizo” Rodríguez.
El
fiscal Luis Chichizola consideró que la policía podría haber evitado que el hecho se
produjese.Abajo, El Gordo Valor, para quien se pidió una condena de 22 años y 6 meses.
Por Carlos Rodríguez
El alegato del fiscal Luis
Chichizola tuvo el efecto –simbólico, claro– de una perdigonada. Por un lado
hirió a los nueve miembros de la “superbanda” de Luis “El Gordo”
Valor, para quienes pidió condenas que van de los 20 a los 23 años y seis meses de
prisión por un intento de robo, agravado por triple homicidio. Pero también requirió la
apertura de cuatro causas para investigar la actuación del ex juez de Morón Osvaldo
Lorenzo, hasta hace poco ministro de Seguridad bonaerense, y de la cúpula de las Brigadas
de San Justo y Morón. El jefe de ambas, al ocurrir las irregularidades, era el comisario
Mario “Chorizo” Rodríguez, un imán de atraer sospechas. El fiscal calificó de
“acto inusual” –dijo que nunca vio algo similar en 29 años de carrera
judicial– a la causa “preventiva” abierta por Lorenzo 55 días antes de
ocurrido el hecho. Eso supone “algo inaceptable que afecta las normas
constitucionales y el sistema democrático”, al autorizar “tareas de
inteligencia” que incluyeron escuchas telefónicas ilegales. Chichizola atacó de
raíz lo actuado por Lorenzo y por la policía: “Si se hubiera querido, el hecho no
habría llegado a producirse”. En el enfrentamiento del 19 de setiembre de 1994
murieron el sargento Claudio Calabrese y los delincuentes Alejandro Borda y Daniel
Fariña. El fiscal recordó que el comisario José Jofré, segundo de Rodríguez, fue
notificado a las 18.30 de la inminencia del asalto al camión de Tab Torres, que se
produjo media hora después. “Jofré conducía su auto a 70 kilómetros por hora y
estaba a 14 kilómetros del lugar, de manera que en 12 minutos pudo estar allí para
impedir que el hecho ocurriera y en otros 12 avisarle al móvil de Tab Torres” para
que no avanzara hacia la trampa mortal. “Con su accionar, la policía puso en riesgo
a ciudadanos a quienes tiene la obligación de proteger”, dijo el fiscal aludiendo a
la enorme cantidad de autos particulares que circulaban, a esa hora, por el Acceso Oeste,
en Moreno, donde se produjo el tiroteo en el que resultaron heridos varios particulares y
el propio comisario Jofré. Chichizola recordó que Lorenzo dijo en la audiencia que
abrió la causa para “controlar a la policía”, pero eso nunca se cumplió y la
policía actuó por las suyas “desde antes de la apertura” de la causa 37.551,
el 28 de julio de 1994, y también después, cuando el caso ya estaba en manos del juez
Eduardo Costía. De Lorenzo dijo que “ninguno de los cinco o seis oficios” que
firmó, en una causa que tiene más de 200 fojas aportadas por los instructores policiales
a fuerza de “tareas de inteligencia”, tenía la mención expresa de que se diera
intervención al fiscal de turno. A fojas 56 figura un número telefónico que fue
intervenido sin que mediara “fundamentación alguna que justificara esa medida”.
Ni siquiera hay información sobre el origen de los vehículos sustraídos por los
delincuentes que fueron usados en el intento de robo. “Es como si todo hubiera sido
preparado para que el hecho ocurriera y no para evitarlo”, señaló el fiscal. A
pesar de las falencias en esa etapa de la investigación, Chichizola consideró que
“está probado” que los nueve miembros de la banda “participaron del
intento de robo” y que todos estaban armados. Pidió 22 años y seis meses de cárcel
para Valor, Hugo “La Garza” Sosa, Claudio Gutiérrez, Daniel Hidalgo, Juan
Monzón y Rodolfo Cardozo. En el caso de Emilio Nielsen la pena solicitada se elevó a 23
años y seis meses. El imputado, además del intento de robo agravado, está acusado de
producirle lesiones al cabo Luis Cornejo en el momento de su detención. Para el acusado
Claudio Chávez el fiscal pidió 20 años de prisión, teniendo en cuenta que es el único
que carece de antecedentes penales. En cambio, a La Garza Sosa le sumó el pedido de la
“accesoria de reclusión por tiempo indeterminado”, por ser quien más condenas
anteriores tiene (ya suma cuatro). Chichizola consideró que la bala que mató al sargento
Calabrese partió de la pistola Browning 9 milímetros, con el número de inscripción
limado, que tenía en su poder el delincuente Daniel Fariña. De esa manera desestimó la
posibilidad de que al suboficial lo hubiera asesinado la propia policía. La pertenencia
del arma fue determinada por simple deducción. Se tomó como base el dato aportado por el
perito Carlos Coppola, que indica que la pistola apareció “muy cerca” del
cadáver de Fariña. El fiscal, para acreditar la presencia de los imputados en el lugar
del hecho, se basó fundamentalmente en los reconocimientos en rueda de persona realizados
por los custodios que iban en el blindado de Tab Torres, el chofer Jorge Carabajal y
Ceferino Aguirre y Horacio Acosta, aunque en algunos casos apeló a lo declarado por los
policías Osvaldo Seisdedos, Antonio Torreira y Federico Kalmnber, entre otros. El tema de
los reconocimientos fue duramente cuestionado por las defensas a lo largo del juicio y
será uno de los principales objetivos a vencer en los alegatos finales, que comienzan
hoy, en razón de las supuestas irregularidades que habrían cometido los policías al
mando del comisario Rodríguez (ver aparte). El fiscal eludió citar como reconocimientos
válidos a muchos de los realizados por la policía, como una forma de quitarles
argumentos a los defensores. Chichizola rechazó una por una las coartadas de los
imputados, que afirmaron no haber participado en el intento de robo. Incluso desestimó lo
dicho por Hidalgo, quien trajo varios testigos que afirmaron que el 19 de setiembre de
1994 él se encontraba en la ciudad entrerriana de Concordia.
Demasiadas irregularidades juntas
“Yo hago responsables a los comisarios Mario Rodríguez, Juan Abelardo
Saiz y también al comisario José Alberto Jofré, junto con los demás miembros de la
cúpula de la Brigada”. Una vez concluida la audiencia, el fiscal Luis Chichizola
explicó por qué solicitó la apertura de cuatro causas distintas, en diferentes
jurisdicciones, para que se investiguen irregularidades denunciadas a lo largo del juicio.
En las declaraciones post alegato, el titular del ministerio público mencionó finalmente
el nombre del doctor Osvaldo Lorenzo, a quien pidió que se investigue, ya que antes sólo
había hablado del “titular del juzgado penal 4 de Morón”. A Lorenzo tendrá
que investigarlo el fiscal de turno de Morón porque “inició una causa para
investigación de delitos antes que el hecho se produjera, algo que nunca hemos visto lo
que tenemos muchos años de Poder Judicial”. Puntualizó que “nunca lo hicimos
como jueces, porque el Código Procesal está para investigar delitos y no para intervenir
en la prevención, apuntando a los ciudadanos”. En esa causa se ordenaron, sin
cumplir las normas, tareas de “inteligencia” que incluyeron escuchas
telefónicas irregulares. En otra de las causas deberá intervenir el fiscal de turno de
Lomas de Zamora. Allí se investigará una denuncia presentada por el imputado Daniel
Hidalgo quien junto con su esposa denunció un pedido de coima, por parte de Rodríguez y
Luis “El Lagarto” Vargas, para desvincularlo de la causa. Ese mismo caso incluye
una denuncia por apremios ilegales. La fiscalía de San Isidro recibirá otra causa
referida a la existencia de un documento adulterado, a nombre del imputado Emilio Nielsen.
Lo más llamativo del caso es que ese mismo documento fue destruido por orden expresa del
comisario Rodríguez. La última causa deberá tramitar en la fiscalía de turno de Morón
o en algún juzgado de la Capital Federal. Tiene como objetivo confirmar si el acusado
Luis Valor fue detenido en Morón, como dice la policía, o en Villa Lugano, como afirma
el imputado. De demostrarse que la Brigada de Morón actuó en otra jurisdicción, habría
falsedad ideológica en documento público e incumplimiento de los deberes de funcionario
público.
Los puntos oscuros
¿Por qué no se evitó que ocurriera el hecho? La pregunta del fiscal Luis
Chichizola quedó sin respuesta. Algunos defensores creen que la Brigada de San Justo no
impidió el intento de robo porque necesitaba un hecho que la hiciera aparecer como
eficaz, en un año en el que hubo 11 robos seguidos a camiones de caudales.
¿Quién mató al sargento Claudio Calabrese? El fiscal sostiene que fue el delincuente
Daniel Fariña, pero el dato no cierra. El disparo entró por la cabeza, siguiendo una
trayectoria “de arriba hacia abajo”. Calabrese estaba arriba de un colectivo y
Fariña disparaba desde la calle, “de abajo hacia arriba”. Chichizola opinó que
el policía “pudo estar agachado” o que Fariña pudo haber disparado
“parado sobre el guardarrail”.
¿La banda de Valor estuvo en Moreno? Los únicos que los vieron fueron policías o
custodios. El fiscal le dio crédito a la declaración del chofer del blindado, Jorge
Carabajal. ¿Cómo hizo el chofer para identificar a siete de los imputados si uno de sus
acompañantes aseguró que manejaba agachado, casi sin mirar hacia adelante, por temor a
recibir un balazo?
El alegato del fiscal Luis
Chichizola tuvo el efecto –simbólico, claro– de una perdigonada. Por un lado
hirió a los nueve miembros de la “superbanda” de Luis “El Gordo”
Valor, para quienes pidió condenas que van de los 20 a los 23 años y seis meses de
prisión por un intento de robo, agravado por triple homicidio. Pero también requirió la
apertura de cuatro causas para investigar la actuación del ex juez de Morón Osvaldo
Lorenzo, hasta hace poco ministro de Seguridad bonaerense, y de la cúpula de las Brigadas
de San Justo y Morón. El jefe de ambas, al ocurrir las irregularidades, era el comisario
Mario “Chorizo” Rodríguez, un imán de atraer sospechas. El fiscal calificó de
“acto inusual” –dijo que nunca vio algo similar en 29 años de carrera
judicial– a la causa “preventiva” abierta por Lorenzo 55 días antes de
ocurrido el hecho. Eso supone “algo inaceptable que afecta las normas
constitucionales y el sistema democrático”, al autorizar “tareas de
inteligencia” que incluyeron escuchas telefónicas ilegales. Chichizola atacó de
raíz lo actuado por Lorenzo y por la policía: “Si se hubiera querido, el hecho no
habría llegado a producirse”. En el enfrentamiento del 19 de setiembre de 1994
murieron el sargento Claudio Calabrese y los delincuentes Alejandro Borda y Daniel
Fariña. El fiscal recordó que el comisario José Jofré, segundo de Rodríguez, fue
notificado a las 18.30 de la inminencia del asalto al camión de Tab Torres, que se
produjo media hora después. “Jofré conducía su auto a 70 kilómetros por hora y
estaba a 14 kilómetros del lugar, de manera que en 12 minutos pudo estar allí para
impedir que el hecho ocurriera y en otros 12 avisarle al móvil de Tab Torres” para
que no avanzara hacia la trampa mortal. “Con su accionar, la policía puso en riesgo
a ciudadanos a quienes tiene la obligación de proteger”, dijo el fiscal aludiendo a
la enorme cantidad de autos particulares que circulaban, a esa hora, por el Acceso Oeste,
en Moreno, donde se produjo el tiroteo en el que resultaron heridos varios particulares y
el propio comisario Jofré. Chichizola recordó que Lorenzo dijo en la audiencia que
abrió la causa para “controlar a la policía”, pero eso nunca se cumplió y la
policía actuó por las suyas “desde antes de la apertura” de la causa 37.551,
el 28 de julio de 1994, y también después, cuando el caso ya estaba en manos del juez
Eduardo Costía. De Lorenzo dijo que “ninguno de los cinco o seis oficios” que
firmó, en una causa que tiene más de 200 fojas aportadas por los instructores policiales
a fuerza de “tareas de inteligencia”, tenía la mención expresa de que se diera
intervención al fiscal de turno. A fojas 56 figura un número telefónico que fue
intervenido sin que mediara “fundamentación alguna que justificara esa medida”.
Ni siquiera hay información sobre el origen de los vehículos sustraídos por los
delincuentes que fueron usados en el intento de robo. “Es como si todo hubiera sido
preparado para que el hecho ocurriera y no para evitarlo”, señaló el fiscal. A
pesar de las falencias en esa etapa de la investigación, Chichizola consideró que
“está probado” que los nueve miembros de la banda “participaron del
intento de robo” y que todos estaban armados. Pidió 22 años y seis meses de cárcel
para Valor, Hugo “La Garza” Sosa, Claudio Gutiérrez, Daniel Hidalgo, Juan
Monzón y Rodolfo Cardozo. En el caso de Emilio Nielsen la pena solicitada se elevó a 23
años y seis meses. El imputado, además del intento de robo agravado, está acusado de
producirle lesiones al cabo Luis Cornejo en el momento de su detención. Para el acusado
Claudio Chávez el fiscal pidió 20 años de prisión, teniendo en cuenta que es el único
que carece de antecedentes penales. En cambio, a La Garza Sosa le sumó el pedido de la
“accesoria de reclusión por tiempo indeterminado”, por ser quien más condenas
anteriores tiene (ya suma cuatro). Chichizola consideró que la bala que mató al sargento
Calabrese partió de la pistola Browning 9 milímetros, con el número de inscripción
limado, que tenía en su poder el delincuente Daniel Fariña. De esa manera desestimó la
posibilidad de que al suboficial lo hubiera asesinado la propia policía. La pertenencia
del arma fue determinada por simple deducción. Se tomó como base el dato aportado por el
perito Carlos Coppola, que indica que la pistola apareció “muy cerca” del
cadáver de Fariña. El fiscal, para acreditar la presencia de los imputados en el lugar
del hecho, se basó fundamentalmente en los reconocimientos en rueda de persona realizados
por los custodios que iban en el blindado de Tab Torres, el chofer Jorge Carabajal y
Ceferino Aguirre y Horacio Acosta, aunque en algunos casos apeló a lo declarado por los
policías Osvaldo Seisdedos, Antonio Torreira y Federico Kalmnber, entre otros. El tema de
los reconocimientos fue duramente cuestionado por las defensas a lo largo del juicio y
será uno de los principales objetivos a vencer en los alegatos finales, que comienzan
hoy, en razón de las supuestas irregularidades que habrían cometido los policías al
mando del comisario Rodríguez (ver aparte). El fiscal eludió citar como reconocimientos
válidos a muchos de los realizados por la policía, como una forma de quitarles
argumentos a los defensores. Chichizola rechazó una por una las coartadas de los
imputados, que afirmaron no haber participado en el intento de robo. Incluso desestimó lo
dicho por Hidalgo, quien trajo varios testigos que afirmaron que el 19 de setiembre de
1994 él se encontraba en la ciudad entrerriana de Concordia.
¿Por qué no se evitó que ocurriera el hecho? La pregunta del fiscal Luis
Chichizola quedó sin respuesta. Algunos defensores creen que la Brigada de San Justo no
impidió el intento de robo porque necesitaba un hecho que la hiciera aparecer como
eficaz, en un año en el que hubo 11 robos seguidos a camiones de caudales.